La legisladora de Rio Negro Magdalena Odarda solicitó oficialmente que se informe qué organismo autorizó el funcionamiento del aeródromo privado ubicado al sur de Sierra Grande, dentro de la zona de seguridad de frontera. Apunta que está vinculada a intereses extranjeros y ubicada en zona estratégica de frontera. En su presentación, la dirigente planteó interrogantes sobre los controles que se aplican en esa pista y si el Gobierno de Javier Milei está al tanto de las operaciones que allí se realizan.
El aeródromo, con dimensiones similares a las del Aeroparque Metropolitano, cuenta con hangares y equipamiento de gran porte, lo que lo convierte en una infraestructura de relevancia estratégica. Según los registros oficiales, la Fuerza Aérea Argentina habilitó la pista como aeródromo privado, aunque no existen radares ni un control público claro sobre sus movimientos.
Odarda explicó que presentó pedidos de informes ante el Ministerio de Defensa y la propia Fuerza Aérea, pero hasta el momento no obtuvo respuestas satisfactorias. En paralelo, la legisladora advirtió que existen vinculaciones con intereses del empresario británico Joe Lewis y con capitales extranjeros que operan en la región.
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La pista se encuentra a solo dos horas de vuelo de las Islas Malvinas, lo que genera dudas sobre la seguridad y la soberanía nacional en un área sensible. Diversos medios patagónicos señalaron que el aeropuerto fue construido por Lewis hace más de una década y que, durante años, su existencia permaneció en un estado de mutismo oficial.
El antecedente del aeródromo
En 2025, trascendió que el aeródromo pasó a manos de la empresa Manzil S.A., vinculada a capitales de Emiratos Árabes Unidos, en una operación que generó revuelo político y social. La compra se relaciona con proyectos de infraestructura energética, particularmente con la planta de gas natural licuado proyectada para la zona de Sierra Grande. Sin embargo, la falta de información pública sobre las condiciones de la transferencia y los controles estatales alimenta la preocupación de la ciudadanía.
Odarda subrayó que el aeropuerto se encuentra en zona de seguridad de fronteras, a escasos kilómetros del mar y en un punto estratégico de la Patagonia. La legisladora también recordó que el predio no tributa impuestos inmobiliarios, ya que para las autoridades provinciales “no existe” como infraestructura registrada.
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En este contexto, organizaciones sociales y referentes políticos reclaman transparencia y acceso a la información sobre las operaciones que se realizan en el aeródromo. Finalmente, Odarda insistió en que la ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurre en ese espacio y por qué no existen controles visibles sobre una pista que, por sus características, podría tener un uso estratégico en el territorio argentino.
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