La jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, puso en marcha un intento para reactivar el proyecto de reforma de la ley de Salud Mental en el Senado. El oficialismo inició una serie de zooms con los ministerios de salud de las provincias, pese a que meses atrás expresaron su rechazo a la iniciativa.
Bullrich y el ministro de Salud, Mario Lugones, realizaron entre el lunes y el martes una serie de reuniones virtuales con los titulares de las carteras sanitarias de las provincias. También asistió al encuentro la titular de la comisión de Salud de la Cámara alta, la senadora de LLA Ivana Arrascaeta. Desde el Ministerio de Salud nacional explicaron a El Destape que el encuentro se realizó "para comentarles cuáles eran los cambios realizados al proyecto presentado por el Ministerio de Salud".
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Las reuniones se realizaron por tandas la primera incluyó a Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy; la segunda a Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones; y la tercera a Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja.
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Según publicó la agencia Noticias Argentinas, entre los cambios que se analiza establecer que en los casos de internación involuntaria se deberán requerir la firma de dos profesionales, de los cuales uno debe ser médico y en lo posible psiquiatra. Este, en el proyecto original, era el único que lo podía hacer.
Se mantendría que solo se podrán concretar las internaciones involuntarias "ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros" y en los casos excepcionales se ampliará el plazo de 48 horas para especificar los motivos de la decisión a la justicia.
Por otra parte, se establecería un plan de egreso desde el diagnóstico como requisito de internación y tener una notificación con anticipación al representante legal, cónyuge conviviente, padres o hijos para coordinar las condiciones de egreso.
También se evalúa incorporar un artículo específico referido a consumo problemático de sustancias de menores donde se establecerá que deberán ser atendidos por equipos con formación infanto-juvenil. Finalmente, se analiza mantener la prohibición de la creación de manicomios y la internación crónica por problemática de salud mental y se eliminan los artículos referidos a la ley 26.827 sobre Comité de Tortura.
El proyecto había tenido reuniones informativas en abril y mayo en las comisiones de Salud y Legislación General, sin lograr un entendimiento entre oficialismo y fuerzas de la oposición. La iniciativa propone modificaciones en los procesos de internación, cambios en el concepto de "riesgo cierto e inminente para sí o para terceros" y una mayor centralidad de la figura del psiquiatra dentro de los equipos interdisciplinarios, entre otros aspectos que buscan revisar criterios establecidos a partir de la situación actual.
En abril, en el marco del Congreso Provincial de Salud de la provincia de Buenos Aires (CoSaPro), 18 provincias expresaron su rechazo a las modificaciones a la ley de Salud Mental.
En ese contexto, habían advertido que la iniciativa “implica un retroceso en materia de derechos, al retirar fuentes de financiamiento esenciales, incorporar nuevas barreras de acceso a la atención en situaciones de urgencia e internación, y desarticular el enfoque comunitario que establece la legislación vigente”.
Fuentes del Ministerio de Salud bonaerense informaron a este medio que en los cónclaves virtuales "los ministros le pidieron por unanimidad via WhatsApp a Lugones que sea presencial en COFESA". En la última reunión por zoom del miércoles, acotaron luego, "quedaron en comprometerse" en hacerlo.
Desde Salud de PBA señalaron que entre los cambios que exigen está la marcha atrás con los modelos sanitarios que sustituyen el manicomio, y que son exigidos por Organización Munidal de la Salud (OMS) y organismos internacionales de derechos humanos; que las jurisdicciones se sostengan como máximos responsables de las políticas sanitarias; la eliminación del mínimo de presupuesto para salud mental y evitar la sobrecarga sobre el rol de la psiquiatría