Tras nueve meses de conflicto salarial, la Policía de Santa Cruz solicitó una vez más dialogar con el gobierno de Claudio Vidal y reactivar la disputa por el aumento de haberes de las fuerzas policiales. "Estamos en vías de judicializar esta falta de respuesta", sostuvo el excomisario asesor de la Mesa de Retirados de la Policía y Penitenciaria (MUP), Ramón Quipildor a El Destape. Ya son 2.500 los policías retirados que están afectados por esta situación.
"Estamos indignados, nos cansamos de entregar notas al gobernador y al Ministerio de Seguridad y nadie nos responde", sostuvo el excomisario quien expresó que ni los funcionarios a cargo de la Jefatura de Policías dan respuesta.
"El Gobierno provincial aprobó un aumento fijado arbitrariamente. Sin embargo, el porcentaje fue mayor para los trabajadores activos, mientras que a los jubilados y pensionados nos otorgaron un monto mucho menor, de $300.000, que resulta totalmente insuficiente", expresó Quilpildor tras dos meses de acampe, quien también mencionó que los activos tampoco están conformes, por eso se continúa en una lucha en conjunto.
Lo que se exige es el cobro de una cifra remunerativa de $400.000 para los retirados más un aumento del valor punto a $4.400 para los policías activos, retirados y pensionados.
Tras no avanzar en ninguna negociación positiva, los trabajadores del sector optaron por una medida de fuerza luego de cuatro meses sin respuesta. Pese a que la demanda para que se abra la mesa salarial comenzó en febrero, el conflicto más agudo comenzó el 23 de mayo, cuando policías autoconvocados montaron un acampe frente a la Casa de de Gobierno de Río Gallegos.
"La carpa sigue armada y se dejó bien claro que no se va a desarmar, primero que nos cancelen esta deuda, porque el acuerdo con los activos fue en julio, así que ya no deberían dos meses con el aumento que nos correspondería", dijo el excomisario.
Acuerdo de la nada
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Cuando se hizo el primer acuerdo "impuesto por el gobierno de Vidal", a fines de julio, desde la provincia dijeron que en octubre se abriría nuevamente la mesa de diálogo a través del Consejo del Salario, con el objetivo de revisar nuevamente el esquema salarial tanto para pasivos como para jubilados.
Lo que mencionan desde el sector de los retirados y pensionados es que durante estos dos meses no los escucharon. En esos diálogos que empezarían desde el 20 de octubre, los representantes de las fuerzas exigirían el aumento del valor punto para todos los trabajadores y extrabajadores.
El vocero de los jubilados autoconvocados también contó que el Ministro de Seguridad, Javier Pedro Pródromos, le comunicó a los referentes autoconvocados de Caleta Olivia que los pasivos no deberían sentarse en esa mesa de diálogo de octubre, pero que los dejarían. "Es por eso que pese al malestar, tenemos algo de esperanza" , sostuvo Quilpildor.
Quilpildor mencionó que tienen expectativas pese a la indignación: "Queremos que arreglen este problema, que nos empiecen a pagar este aumento. Y si hay un aumento más para los que están en actividad, que también impacte en nosotros los jubilados", comentó el vocero del MUP.
De qué se trata el "valor punto"
El ítem que reclaman los policías, denominador valor punto, es la unidad de medida técnica y el índice numérico básico sobre el cual se calcula el sueldo básico de cada efectivo de la fuerza. En lugar de fijar un sueldo básico estático, la estructura de haberes policial se organiza multiplicando una cantidad asignada de puntos según la jerarquía o el cargo.
"Para un agente realmente es muy importante el valor punto y hoy en día está a $3.000", explicó el referente del MUP. Eso se multiplica según las características de cada haber, como ser la antigüedad, el puesto y la zona de Santa Cruz en la cada efectivo cumple su función.
Crónica de un conflicto
El conflicto comenzó los primeros días de febrero, cuando integrantes autoconvocados de la Policía y del Servicio Penitenciario presentaron un petitorio en el que reclamaron la apertura urgente de una mesa de diálogo para negociar mejoras salariales.
En el petitorio presentado el 8 de febrero en Río Gallegos, los efectivos expusieron la crítica realidad financiera que atraviesa el sector. De acuerdo con el personal policial, entre 2024 y 2026 sus haberes sufrieron una caída del 67%, un desfasaje que dejó a gran parte de los trabajadores de la fuerza con sueldos que no alcanzan a cubrir la canasta básica.
Entre las demandas principales figura la fijación de un haber neto básico de 3,8 millones de pesos para la categoría inicial. Asimismo, exigieron que la liquidación de viáticos se realice al 100%, dado que hoy en día perciben solo el 50% de dicho rubro.
El reclamo suma también la incorporación de un plus salarial por insalubridad, argumentando que la labor cotidiana implica un desgaste psicológico constante, altos índices de estrés y un riesgo físico permanente.
Frente a la imposibilidad de dialogar con el gobierno provincial, los agentes optaron por organizar el acampe. En medio de toda la tensión, Vidal denunció penalmente a todos los autoconvocados de la fuerza. El argumento de la demanda judicial presentada en junio fue por supuesta "obstaculización" y "amenazas" perpetuadas a los empleados y funcionarios que ingresan a la Casa de Gobierno, a días del inicio de la instalación en el mismo predio. Por esa razón, el acampe se mudó de lugar.
En julio, el mandatario provincial impuso una suma remunerativa para los activos y pasivos, pero no quedaron conformes y es por eso que insisten en la necesidad de dialogar. Desde el sector de las fuerzas denuncian que tienen que acordar entre ambas partes. "Vidal es un hipócrita. Solo quiere dilatar el conflicto", sostuvo Quipildor con anterior a este medio a El Destape cuando se le consultó sobre la denuncia y la suma salarial impuesta en el mes de junio.