La polémica licitación del transporte urbano en San Salvador de Jujuy, con solo tres empresas que se presentaron al proceso, provocó un fuerte conflicto en la capital. La compañía Unión Bus quedó fuera y sus choferes realizaron una protesta en la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) provincial, donde denunciaron presiones, irregularidades y un manejo “totalmente direccionado” desde el poder político.
En medio de la incertidumbre por el futuro de sus puestos laborales, los choferes se plantaron ante el veedor, Julio Ramírez, exigiéndole que intervenga en el conflicto y brinde garantías laborales. Sin soluciones certeras, los choferes afiliados a UTA Jujuy decidieron tomar al gremio para exigir la renuncia del interventor y la normalización del gremio.
Según detalló el medio Jujuy al Momento, un ayudante fiscal se hizo presente en la sede de UTA Jujuy para intimar a los choferes y desalojarlos a través de un fuerte operativo policial en la localidad que gobierna Raúl “Chuli” Jorge.
Roberto Deleu, chofer presente en la manifestación, dialogó con Radio 2 y señaló que el argumento central del reclamo es la exclusión total de Ramírez de UTA para poder elegir libremente a sus representantes "de forma democrática".
El titular de Unión Bus, Rodolfo Severich, aseguró que lo que les tocó vivir "deja un pésimo antecedente para la seguridad jurídica en Jujuy". Además, señaló que "los empresarios que no son amigos del poder quedan directamente afuera".
Por su parte, el referente de la Coalición Cívica ARI José María Albizo Cazón acompañó a los trabajadores asesorándolos sobre sus reclamos laborales. Dijo que recibió denuncias de irregularidades laborales graves, incluyendo problemas con ART, aportes previsionales y obra social por parte de diversos empresarios.
Albizo Cazón afirmó que persiste el temor de que el proceso licitatorio del transporte público ponga en peligro la antigüedad y continuidad laboral de los trabajadores con 20 años de servicio.
También criticó la anulación “irregular” y en “tiempo récord” de una medida cautelar previa, sugiriendo presiones externas, posiblemente de grandes estudios jurídicos ligados a empresas como Santa Ana y El Urbano.
Polémica en San Salvador de Jujuy: piden la renuncia del secretario de Servicios Públicos
La asociación de defensa del consumidor CODECUC realizó una presentación ante el municipio capitalino para solicitar la renuncia del secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco.
El titular de CODECUC, Alejandro Mur, señaló que el centro de su planteo se basa directamente en el “escandaloso y sin precedente” proceso licitatorio que está “plagado de vicios, irregularidades e ilegalidades en perjuicio de los usuarios”. Además, señaló que la ciudadanía tiene “el peor sistema de transporte del país”, siendo “deficiente, obsoleto, oneroso y sin control”.
En diálogo con Radio 2, Mur apuntó contra Marenco al advertir que nunca "informa a los usuarios como debería" y permanece "oculto". Asimismo, lo cuestionó por las subas indebidas en las tarifas de colectivos, acumulando motivos para el pedido de dimisión.
Hace poco más de diez días, los usuarios del transporte urbano de la capital jujeña se encontraron con un nuevo aumento en el precio del boleto, en un contexto de subas generalizadas y pérdida del poder adquisitivo. Con esta nueva escala, el boleto mínimo pasó a costar $1.226,27 y la tarifa para los trayectos más largos alcanza los $1.951,81.
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