El gobernador Claudio Poggi despertó un fuerte rechazo dentro del Poder Judicial de San Luis luego de que avanzara en la reforma de la Ley Orgánica de la Administración de Justicia. Desde el Sindicato de Judiciales Puntanos (SIJUPUI) consideraron que la modificación que habilita a los empleados judiciales a trabajar por fuera de su horario laboral implica una intromisión sobre otro poder del Estado y denunciaron que, además de no dar respuesta, expone más aún la situación de que el salario "no alcanza".
"Está entrometiéndose en un poder que no le corresponde, lo que está en juego es la intromisión de poderes", señalaron a El Destape voces cercanas a SIJUPUI, y remarcaron que la modificación se realizó con el aval del legislativo que "firma todo lo que necesita". El Poder Legislativo aprobó a mediados de junio el artículo 15 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia (Ley Nº IV-1200-2026), la cual habilita a los empleados judiciales a trabajar en el sector privado.
Fue así que sentenciaron que "el poder judicial está totalmente subordinado" porque no hay autonomía económica, y explicaron que la modificación fue para "blanquean una situación que no la pueden ocultar más, y es que el salario no alcanza". En un contexto caldeado por los bajos salarios de los empleados públicos, la modificación se sumó al malestar generalizado del sector que consideró como una intromisión la actitud del Gobierno provincial.
El derecho a trabajar para llegar a fin de mes
Desde el sindicato judicial, además, denunciaron un alto grado de desmotivación laboral debido al deterioro salarial, y señalaron que los ingresos actuales no alcanzan para cubrir los gastos básicos de transporte e incluso provocan que algunos empleados asistan a sus puestos sin haberse alimentado. A esta situación, criticaron, se sumó la necesidad de buscar trabajos vespertinos para completar el mes, lo que incrementa el descontento en la dotación.
Al momento de ingresar al Poder Judicial, luego de aprobar los concursos correspondientes y demostrar la aptitud para el cargo, los agentes firmaban un compromiso de exclusividad con disponibilidad total durante toda la semana. Desde el gremio remarcaron que esta exigencia genera incompatibilidades operativas, ya que desempeñarse en el sector privado durante la tarde impide responder a las convocatorias de urgencia del juzgado, como la toma de audiencias.
Aunque el gobernador Claudio Poggi no emitió declaraciones oficiales sobre el tema, representantes del oficialismo argumentaron que la estricta exclusividad resultaba una medida excesivamente rígida e innecesaria para las categorías que no ejercen magistratura ni tienen la responsabilidad de dictar sentencias.
El reclamo de los trabajadores estatales
La disconformidad económica se arrastra desde el inicio de la gestión provincial, impulsada en un principio por la decisión de abonar los salarios del sector público de manera desdoblada en diciembre del 2023, lo que generó de inmediato una desconfianza a la gestión económica de Poggi. Además, durante el primer año no se otorgaron recomposiciones indexadas al costo de vida, lo que provocó un atraso en los haberes que el sindicato estima en un 60%, y que consideran irrecuperable.
Frente a la posterior desaceleración de la inflación, el Gobierno provincial propuso un ajuste salarial del 15% a liquidarse en tres tramos del 5%, comenzando en agosto. Esta oferta fue juzgada como insuficiente por los judiciales y por otros gremios estatales del ámbito de la salud y la educación, quienes firmaron un petitorio conjunto para demandar respuestas de fondo y exigir que dicho porcentaje se abone completo en la próxima liquidación.