Bajo la consigna de que "no entra un alfiler más en el Estado", el gobernador Claudio Poggi mantiene un discurso en el cual asegura no tener margen para incorporar más personal con tal de preservar la austeridad y las cuentas públicas. Sin embargo, la continuidad de algunos exfuncionarios mediante contratos de servicios plantea interrogantes sobre el alcance real de esa reducción de la estructura estatal.
Uno de los casos que expone esa contradicción es el de Gabriel Rivero, quien fue secretario de Deportes durante los primeros meses de la gestión de Poggi y posteriormente dejó ese cargo. Su salida del organigrama, sin embargo, no significó su desvinculación del Ejecutivo provincial.
En comunicación con El Destape, el exfuncionario explicó que en julio fue homologado bajo un nuevo contrato de servicios por $5,7 millones, esta vez bajo la órbita del Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública. Rivero es profesor de Educación Física y su trayectoria dentro de la administración provincial estuvo vinculada principalmente con el área deportiva.
"Se trata de un contrato de tres meses por $1,9 millones al mes por trabajos de consultoría en Recursos Humanos", subrayó. Según explicó, fue el mismo Rivero quien decidió alejarse de la gestión "por temas familiares y no poder sostener una agenda tan apretada".
Luego de varios meses, el gobernador Claudio Poggi lo volvió a convocar para proponerle "colaborar en el área de Recursos Humanos", agregó.
Rivero había llegado a la Secretaría de Deportes en una etapa atravesada por la disputa política del Gobierno de Poggi con la exfuncionaria Cintia Ramírez, quien había conducido el área durante la gestión anterior. Aunque posteriormente dejó la Secretaría, Rivero continuó ligado al Ejecutivo. Ahora, la documentación oficial muestra que su vínculo fue renovado bajo una cartera diferente a aquella en la que desarrolló su actividad como funcionario.
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El caso adquiere relevancia en momentos en que el Gobierno provincial presenta la reducción de cargos y la reorganización de ministerios como parte de una política de austeridad y reducción del gasto público. La existencia de contratos para exfuncionarios abre, en ese sentido, una discusión diferente: eliminar un cargo del organigrama no necesariamente implica eliminar el gasto asociado a la persona que lo ocupaba.
La situación se conoce mientras los trabajadores estatales reclaman al Gobierno provincial una recomposición salarial y cuestionan la pérdida de poder adquisitivo registrada durante la gestión. Los gremios sostienen que los aumentos otorgados quedaron por debajo de la inflación acumulada y reclaman la apertura de una mesa de negociación con el Ejecutivo.
Una constante en el Gobierno provincial
Otro de los casos notables fue el de Néstor Alberto Ordoñez, quien dejó de ser ministro pero continúa dentro de la estructura gubernamental mediante un contrato de prestación de servicios, lo que pone en duda su discurso de austeridad y ahorro.
El Decreto 7932-SGG-2026, con fecha el 8 de julio y publicado en el Boletín Oficial 16.129 del viernes 7 de agosto, homologó un contrato de prestación de servicios entre la Secretaría General de la Gobernación y el exministro, a quien Poggi le encomendó la "coordinación interministerial" bajo dependencia directa de Gobernación.
El dato no pasa desapercibido para un Gobierno que hizo del nuevo organigrama un relato de ahorro. El decreto reconoce que el contrato establece una remuneración mensual y un plazo de vigencia con posibilidad de prórroga, pero ninguno de esos datos aparece en la publicación oficial. Hacienda calculó el costo presupuestario y existe una partida para afrontar el gasto, aunque esa información quedó dentro del expediente.
Según explicó la diputada provincial Sosa Araujo, en comunicación con El Destape, la cláusula segunda del contrato establece dónde prestará funciones el exministro y la tercera fija cuánto cobra, aunque nada de eso llegó al Boletín. Lo que sí se hizo público es la función, tan amplia como políticamente relevante: coordinar ministerios directamente desde Gobernación.
La diputada también precisó el mecanismo de continuidad. "Siempre los contratos de prestación son por tres meses y el Poder Ejecutivo los va renovando", señaló, de modo que la permanencia de Ordoñez queda sujeta a decisiones sucesivas del gobernador, sin nueva intervención legislativa.