El Gobierno de Gustavo Sáenz vuelve a poner a Salta frente a un escenario de mayor endeudamiento. La Legislatura autorizó nuevas operaciones financieras por hasta US$250 millones, mientras que un acuerdo firmado con Nación estableció que la Provincia deberá afrontar un saldo de $265.914 millones. La combinación de ambos compromisos generó cuestionamientos desde la oposición, que advirtió que el nivel de endeudamiento podría volver a acercarse a los US$750 millones.
Los nuevos créditos tienen dos destinos. Por un lado, el Ejecutivo podrá emitir títulos de deuda pública por hasta US$150 millones para cancelar vencimientos. Por otro, tendrá acceso a un crédito de hasta US$100 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) destinado a financiar obras de infraestructura.
La aprobación estuvo rodeada de polémica. Los bloques opositores cuestionaron que los proyectos fueran tratados sobre tablas, sin pasar previamente por las comisiones legislativas, y consideraron que una decisión de esta magnitud requería un análisis más profundo antes de comprometer nuevamente las cuentas provinciales.
US$250 millones de nueva deuda
Desde el oficialismo defendieron las operaciones y señalaron que los US$150 millones permitirán afrontar vencimientos pendientes. Sin embargo, la oposición cuestionó que la respuesta del Gobierno provincial ante sus necesidades financieras vuelva a ser el endeudamiento.
El escenario resulta especialmente relevante si se lo analiza junto con el acuerdo firmado recientemente con Nación. El convenio, incorporado al Decreto 493/26, estableció que Salta reconoce obligaciones por $267.782 millones, mientras que Nación reconoce a favor de la Provincia apenas $1.868 millones.
Luego de la compensación, el saldo quedó establecido en $265.914.057.457,38 a favor del Estado nacional. La mayor parte corresponde a un anticipo financiero de $259.000 millones que Salta recibió durante este año en tres desembolsos: $120.000 millones en abril, $60.000 millones en mayo y $79.000 millones en junio.
A ese capital se sumaron $7.986 millones de intereses y otros $796 millones correspondientes a fondos no rendidos del Fondo Federal Solidario. Así, mientras el Gobierno de Sáenz sostiene un discurso de ordenamiento de las cuentas públicas, la Provincia acumula nuevos compromisos que deberán ser afrontados durante los próximos meses.
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Sáenz resignó reclamos contra Nación
El acuerdo con Nación también tuvo una consecuencia política y judicial: Salta aceptó desistir de la acción y del derecho en tres expedientes judiciales iniciados contra el Estado nacional. Entre ellos se encuentra el amparo presentado ante la Corte Suprema por la eliminación de las transferencias correspondientes al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
También quedaron incluidos dos expedientes iniciados en 2019 relacionados con modificaciones en Ganancias e IVA. El reclamo por el FONID había sido presentado en abril de 2024, después de que el Gobierno de Javier Milei interrumpiera las transferencias.
En aquel momento, la ministra de Educación salteña, Cristina Fiore, había advertido que Nación había dejado de girar alrededor de $1.600 millones mensuales destinados al incentivo docente. De esta manera, el acuerdo no solamente definió cómo la Provincia devolverá el dinero recibido de Nación, sino que también puso fin a reclamos judiciales que la propia gestión de Sáenz había impulsado contra el Gobierno nacional.
Un 2027 con fuertes vencimientos
El esquema de devolución acordado establece un cronograma que comprometerá fuertemente las cuentas provinciales. Durante 2026, Salta deberá pagar $77.700 millones, divididos en cuatro cuotas de $19.425 millones entre agosto y noviembre.
En diciembre deberá afrontar otros $7.986 millones, más los intereses generados hasta el cierre del año. El mayor peso quedará para 2027. El acuerdo establece que $180.227 millones serán cancelados en siete cuotas mensuales entre junio y diciembre. Cada pago rondará los $25.746 millones.
De esta manera, cerca del 68% del saldo final quedará concentrado durante el segundo semestre del próximo año. Además, el capital pendiente continuará con una tasa nominal anual del 15%, con intereses que deberán abonarse mensualmente.
El mecanismo de cobro suma otro elemento de presión sobre las finanzas provinciales: el capital y los intereses serán pagados mediante retenciones sobre los recursos de coparticipación federal que corresponden a Salta.