El Gobierno de Salta cerró con Nación un acuerdo que obliga a la Provincia a resignar tres reclamos judiciales, tales como el presentado ante la Corte Suprema para exigir la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), además del pago de una deuda de $267.782 mil millones de pesos. Así, la gestión de Gustavo Sáenz abandonó uno de los mayores reclamos contra el Gobierno nacional mientras pagará con recursos propios el pago del incentivo a los docentes salteños.
El entendimiento fue formalizado mediante el Decreto 493/26 y se enmarca en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR). Como parte del acuerdo, la Provincia resignó recursos judiciales y aceptó cerrar esos reclamos judiciales mientras afronta con fondos propios el pago del incentivo a los docentes salteños.
La decisión se produce en paralelo a la refinanciación de un anticipo financiero de $259.000 millones que Salta había recibido de Nación ante la caída de la coparticipación. Ese aspecto financiero funciona como el marco del acuerdo, que establece un nuevo cronograma de pagos y permite al Estado nacional recuperar los fondos mediante retenciones sobre la coparticipación provincial.
Salta resigna el reclamo por los fondos docentes
La demanda por el FONID había sido presentada por Salta ante la Corte Suprema en abril de 2024, luego de que Nación interrumpiera las transferencias correspondientes al incentivo y a los fondos de conectividad. Desde entonces, la Provincia decidió sostener el pago con recursos propios.
El FONID fue creado en 1998 y prorrogado por 26 años, el incentivo buscaba garantizar el financiamiento educativo que le compete a la Nación según la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley Nacional de Educación.
De acuerdo con los datos consignados en el acuerdo, el FONID alcanza actualmente a unos 30 mil docentes y representa para las arcas provinciales un costo cercano a los $1.100 millones mensuales. El monto, sin embargo, permanece congelado en $28.700 por cargo, el mismo valor que tenía cuando era financiado por Nación.
La Asociación Docente Provincial (ADP) advirtió que actualmente debería ubicarse entre $100.000 y $150.000, y reclamó que sea incorporado al salario básico. De esta manera, el acuerdo con Nación implica que Salta abandona el reclamo judicial para recuperar esos recursos mientras sostiene el incentivo con dinero provincial. Las otras dos demandas de las que la Provincia desiste corresponden a 2019 y están relacionadas con decretos nacionales que modificaron los esquemas de ganancias e IVA.
La deuda que queda pendiente
En paralelo al desistimiento de las demandas, el convenio establece cómo se compensarán las obligaciones entre Salta y Nación. La Provincia reconoce una deuda de $267.782 millones. La mayor parte corresponde al anticipo financiero de $259.000 millones, entregado en tres desembolsos entre abril y junio.
A ese monto se agregan $7.986 millones de intereses acumulados al 29 de julio y otros $796 millones correspondientes a fondos del Fondo Federal Solidario que no fueron rendidos. Por su parte, Nación reconoce una deuda de $1.868 millones con Salta vinculada a un convenio de obras de vivienda.
Después de realizar la compensación, el saldo queda establecido en $265.914 millones a favor del Estado nacional. El nuevo esquema modifica las condiciones originales del anticipo y extiende su devolución hasta 2027.
El pago se extiende hasta 2027
Durante 2026, Salta deberá pagar cuatro cuotas de $19.425 millones entre agosto y noviembre, por un total de $77.700 millones. En diciembre se sumará una cuota de $7.986 millones más los intereses generados hasta ese momento.
El grueso de la deuda quedará para 2027: $180.227 millones distribuidos en siete cuotas de aproximadamente $25.746 millones entre junio y diciembre. El capital, vale aclarar, continuará generando intereses a una tasa nominal anual del 15% y el convenio establece que Nación podrá realizar retenciones automáticas sobre los fondos de coparticipación que corresponden a Salta para garantizar el pago de capital e intereses.