La Legislatura de Río Negro quedó nuevamente en el centro de la discusión por los vínculos familiares y políticos dentro de la estructura estatal. Recibos salariales correspondientes a 2026 muestran remuneraciones netas de entre $2,2 millones y más de $5,2 millones para trabajadores vinculados a dirigentes de Juntos Somos Río Negro (JSRN), el espacio que conduce el gobernador Alberto Weretilneck.
Los datos cobran especial relevancia por el contexto político en el que aparecen: la Legislatura frenó recientemente en comisión un proyecto que buscaba establecer límites para la designación de familiares de funcionarios y legisladores dentro del Estado provincial.
La iniciativa había sido presentada por el diputado Santiago Ibarrolaza, del bloque Cambia Río Negro, y proponía restringir los nombramientos de familiares directos en línea recta y colateral hasta segundo grado, aunque contemplaba excepciones para quienes hubieran ingresado por concurso o contaran previamente con estabilidad laboral.
Uno de los casos mencionados es el de Juan Miguel Vera Lastra, cuya liquidación de mayo de 2026 registra un ingreso neto de $3.322.748,56. El documento indica como fecha de ingreso al Estado provincial el 2 de diciembre de 2014. Vera Lastra es hijo de Tania Lastra, actual secretaria de la Función Pública de Río Negro y dirigente de extensa trayectoria dentro del oficialismo provincial. El Destape intentó comunicarse con Vera Lastra para consultar por esta designación, pero no obtuvo respuestas al momento de publicación de la nota.
Su relación con la Legislatura tampoco es reciente. Según documentación del Boletín Oficial citada por REALPOLITIK, en 2018 fue transferido desde Lotería de Río Negro hacia la Cámara para desempeñarse en el despacho de Facundo López, entonces legislador de JSRN por General Roca. El pase fue posteriormente prorrogado.
Vera Lastra también aparece vinculado al ámbito deportivo. Documentación de la Asociación del Fútbol Argentino lo identifica como presidente del Club Atlético Social Argentino del Norte de General Roca, mientras que otra integrante de su familia, Macarena Vera Lastra, figura como secretaria.
Salarios millonarios y vínculos con JSRN
Otro de los recibos corresponde a María Agustina Cides, quien percibió $4.080.148,49 netos en julio de 2026. Su fecha de ingreso al Poder Legislativo figura como el 10 de diciembre de 2019. Fuentes políticas citadas por REALPOLITIK la vinculan con el entorno familiar del legislador Juan Elbi Cides, dirigente de Cipolletti e integrante de Juntos Somos Río Negro. En la misma estructura aparece Verónica Morante, cuyo recibo de julio registra un salario neto de $5.281.530,06 y una fecha de ingreso del 5 de enero de 2012.
La relación familiar señalada entre ambas y el legislador no surge directamente de los recibos y, según la información difundida, no pudo ser acreditada de manera independiente con documentación pública. Por eso, ese vínculo requiere una explicación de las autoridades legislativas. Lo que sí está documentado es que tanto Cides como Morante perciben remuneraciones superiores a los cuatro millones de pesos dentro de la estructura legislativa.
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Otro caso es el de Milagros Antonella Calvo, quien hasta julio se desempeñaba como trabajadora del Poder Legislativo con un ingreso neto de $2.264.242,34. Su fecha de ingreso figura el 1 de marzo de 2024. Su situación adquirió relevancia porque posteriormente fue designada por Weretilneck como secretaria de Juventud de Río Negro, mediante el decreto 676/2026, del 13 de julio. Antes de llegar al Ejecutivo, Calvo se desempeñaba como asesora dentro del bloque de Juntos Somos Río Negro.
A esa lista se suma Agustín Andrés Ortiz, cuyo recibo de julio registra un ingreso neto de $2.491.320,35 y una fecha de ingreso al Estado del 1 de abril de 2018. Fuentes partidarias citadas por REALPOLITIK lo ubican dentro del armado político vinculado a sectores juveniles cercanos a Facundo López, jefe del bloque oficialista y uno de los principales operadores legislativos de Weretilneck.
La ley contra el nepotismo quedó frenada
La polémica adquiere una dimensión política mayor porque estos casos salieron a la luz después de que la Legislatura no avanzara con el proyecto antinepotismo. La iniciativa de Ibarrolaza buscaba establecer reglas más estrictas para evitar que funcionarios y legisladores pudieran designar familiares dentro del Estado.
“El acceso al empleo público no tiene que ser una herencia de sangre o de parentesco, sino una herencia de formación”, había sostenido el legislador al defender la propuesta. El proyecto no logró avanzar en las comisiones, lo que permitió a la oposición cuestionar al oficialismo por bloquear una herramienta destinada a transparentar las designaciones.