Tras el envío de $55.000 millones de Maximiliano Pullaro de la Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) bajo el concepto de "recursos de libre disponibilidad" hacia la administración central, la Legislatura de Santa Fe presentó un pedido de informe, y solicitó que esos fondos sean reintegrados a los afiliados.
El pedido, presentado por el diputado Miguel Rabbia, apunta a conocer los detalles de la modificación presupuestaria que autorizó el movimiento de los recursos. Según el planteo del legislador, se trata de fondos correspondientes al Servicio Complementario, un régimen de cobertura adicional al descuento obligatorio de IAPOS, que pasarían a ser utilizados para el gasto corriente de la provincia.
De acuerdo con el texto del decreto mencionado en el pedido, la devolución de los fondos queda condicionada a la existencia de "disponibilidad financiera futura", sin establecer un plazo determinado, un cronograma ni garantías concretas para su restitución.
El reclamo por los fondos de los afiliados
Rabbia reclamó que se suspenda inmediatamente el descuento correspondiente al Servicio Complementario y que los fondos excedentes sean reintegrados a los afiliados de IAPOS. En diálogo con medios locales, el diputado aseguró: "La plata del IAPOS sale del esfuerzo y del sueldo de los trabajadores para garantizar su derecho a la salud; no es para financiar la fiesta de Pullaro".
Además, cuestionó una definición del gobernador sobre la disponibilidad de recursos públicos y sostuvo que existe una contradicción con la medida adoptada. "Pullaro dice que ‘la plata alcanza porque no se roba’, pero con estas maniobras demuestra que la plata no le alcanza y tiene que meter mano en otras cajas", agregó.
El planteo legislativo se produce luego de que el Gobierno provincial modificara en mayo de 2025 el régimen de aportes del Servicio Complementario de IAPOS, con incrementos de hasta el 30% para grupos familiares y de hasta el 150% para organismos adheridos.
En aquel momento, la modificación había sido fundamentada en la necesidad de "recomponer la cobertura y su valor". Según recordó Rabbia, los afiliados al IAPOS ya realizaban aportes que, de acuerdo con su planteo, eran superiores a los de una obra social nacional y recibían menores prestaciones.
Un escenario de reclamos por las prestaciones
El pedido de informes también se presenta en un contexto de reclamos vinculados con el funcionamiento de la obra social provincial. El texto señala la existencia de reclamos de profesionales autoconvocados que solicitan una actualización de sus honorarios, además de atrasos en los pagos a distintos prestadores.
A estos planteos se suman cuestionamientos por una reducción de cobertura y dificultades para conseguir turnos. También se mencionan más de 6.400 denuncias por cobro indebido de plus, registradas por el propio instituto entre fines de 2024 y comienzos de 2026.
En ese marco, Rabbia cuestionó que se disponga el movimiento de los fondos del Servicio Complementario mientras persisten reclamos relacionados con el acceso a las prestaciones.
"¿Con qué autoridad le piden un esfuerzo más a los afiliados cuando el Estado le echa la mano a los fondos de la salud? ¿Cuántos turnos, prótesis, tratamientos dentales y medicamentos se financian con $57.000 millones?", cuestionó el legislador.
Los otros proyectos sobre IAPOS
Tras el pedido de informes se impulsaron iniciativas para reformar la entidad, entre las que destaca la creación de un Consejo Consultivo con participación de los beneficiarios, proyecto que ya logró media sanción en el Senado y fue reingresado en Diputados, así como la exigencia de fijar por ley la cobertura de las prestaciones básicas en todo el territorio santafesino.
A la par de estos reclamos institucionales, las propuestas del legislador apuntan a descentralizar la atención médica y mejorar la accesibilidad de las prestaciones en las pequeñas localidades de la provincia. Entre las herramientas legislativas planteadas figuran la implementación de una línea telefónica 0800 para canalizar reclamos en tiempo real y el establecimiento de un número de prestador institucional para municipios y comunas del interior.
Con este esquema, se busca simplificar los trámites administrativos en las comunidades más alejadas y asegurar que los fondos de la obra social se traduzcan en respuestas de salud efectivas para toda la comunidad.