Luego que el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, se reuniera con el ministro del Interior, Diego Santilli, y expresara su respaldo a la reforma laboral, diputadas del peronismo provincial presentaron un proyecto de ley para decretar la Emergencia Laboral en el territorio.
El documento, que cuenta con la firma de María Luisa Chomiak y Pía Chiacchio Cavana, busca prohibir los despidos, suspensiones y cesantías sin causa de todos los empleados públicos por un plazo de dos años. De esta manera, buscan garantizar la continuidad del empleo estatal y asegurar la "prestación regular de los servicios públicos durante un período crítico".
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de todo el bloque del Justicialismo, también impulsa la prórroga de todos los contratos que finalicen durante la vigencia de la ley, la cual podría ser tratada con el reinicio de la actividad legislativa provincial.
"Los actos de despido, cesantía, desvinculación, rescisión o suspensión dispuestos en violación a la presente ley serán nulos de nulidad absoluta, no produciendo efecto jurídico alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales y las condiciones existentes con anterioridad al acto ilegítimo", expresa el texto en su artículo N°6.
Las legisladoras plantearon que el objetivo de la iniciativa es brindar una respuesta a la "situación real, actual y verificable de inestabilidad laboral, despidos masivos y creciente precarización estatal, que afecta de manera directa no solo a las trabajadoras y los trabajadores involucrados, sino también al funcionamiento regular del Estado y a la adecuada prestación de servicios públicos esenciales para la comunidad".
De acuerdo a lo detallado por el medio Diario Tag, también advirtieron que la situación económica nacional y provincial "han generado un clima de incertidumbre laboral, conflictividad social y vulnerabilidad económica para cientos de familias chaqueñas".
El documento contó con las firmas de: Pía Chiacchio Cavana, Nicolás Slimel, Elda Insaurralde, Santiago Pérez Pons, Teresa Cubells, Rodolfo Schwartz, Rubén Guillón, Analía Flores, Luciano Moser, Josefina González, Magda Ayala, Sebastián Molas, Lucas Nass, Katia Blanc.
El proyecto de ley se enmarca en un contexto turbulento para la gestión de Zdero, que llegó al cierre del 2025 con cuentas complicadas y dificultades para cumplir con sus compromisos. En medio de un equilibrio fiscal frágil y un rojo presupuestario alarmante, ministros, secretarios, subsecretarios y directorios de entes no cobraron el aguinaldo hasta el primer mes del año.
Zdero recibió a Santilli y alineó a Chaco con la reforma laboral
El gobernador Zdero recibió al ministro Santilli este lunes en Resistencia, en el marco de una gira federal que el funcionario inició por distintas provincias. El gobierno de Javier Milei busca acelerar la salida del polémico proyecto y, para ello, el funcionario comenzó con viajes durante el mes de enero para acelerar las negociaciones de cara a las Sesiones Extraordinarias de febrero.
Durante la reunión, Zdero expresó su respaldo a la iniciativa y remarcó la necesidad de avanzar en cambios estructurales. “La Argentina no puede quedarse en el pasado. Si queremos bajar el riesgo país, generar empleo y recuperar la matriz productiva, tenemos que animarnos a los cambios”, sostuvo el gobernador.
En ese sentido, afirmó que la administración provincial considera que los esquemas vigentes no lograron resolver los problemas de fondo. “Las viejas recetas siempre nos llevan a los mismos resultados. Este es un nuevo tiempo y Chaco quiere seguir adelante”, enfatizó.
Por su parte, subrayó la importancia de avanzar con la reforma y cambiar el modelo vigente. “No se trata de quitar derechos a quienes los tienen, sino de dárselos a quienes hoy no tienen ninguno y dar previsibilidad a las pymes, que generan el 85% del empleo”, explicó.
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Sin embargo, el texto que impulsa el oficialismo solo profundiza el plan motosierra de Milei: plantea desde la eliminación de indemnizaciones plenas hasta la posibilidad de que los empleadores pacten salarios "dinámicos" que suban o bajen según la situación de cada empresa. La reforma propone priorizar los convenios por empresa sobre los de actividad.
Bajo el argumento de "individualizar condiciones laborales según las particularidades de cada compañía", el Ejecutivo nacional busca fragmentar la negociación colectiva y debilitar el poder de los sindicatos nacionales. En la práctica, esto abre la puerta para que cada empresa pacte condiciones a la baja, rompiendo los pisos salariales y normativos que hoy establecen los convenios de rama.
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