El Gobierno de Catamarca avanza con el proyecto para instalar un centro comercial de 33 locales en Valle Chico, en un momento en que la provincia atraviesa un escenario marcado por el crecimiento de la pobreza juvenil, el desempleo, el endeudamiento de los hogares y la caída de la actividad privada. El contraste entre la iniciativa comercial y las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias abrió cuestionamientos sobre las prioridades de la gestión de Raúl Jalil.
El emprendimiento estará ubicado en una zona que reúne unas 4.500 viviendas y busca incorporar nuevos servicios comerciales para los vecinos. Sin embargo, la propuesta generó cuestionamientos de distintos sectores que plantean el contraste entre la inversión destinada al desarrollo comercial y las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias de la provincia.
Según los datos consignados en el informe, el 36,9% de los jóvenes catamarqueños se encuentra bajo la línea de pobreza y la desocupación juvenil alcanza el 18%. A esto se suma un escenario de menor actividad económica y dificultades para los comerciantes locales.
En ese sentido, las cámaras mercantiles de la provincia reclaman medidas de alivio fiscal y una reducción de la alícuota de Ingresos Brutos, ante la caída del consumo. El mismo relevamiento señala que durante los últimos años cerraron 483 empresas privadas en Catamarca, un dato que suma preocupación entre quienes dependen de la actividad comercial.
Endeudamiento y dificultades para llegar a fin de mes
El contexto también está atravesado por el endeudamiento de los hogares. De acuerdo con la información difundida, más del 34% de la población catamarqueña mantiene deudas bancarias en situación irregular. En paralelo, sectores de la oposición impulsan proyectos vinculados con una emergencia destinada a suspender embargos.
Los cuestionamientos también alcanzan a la situación de las familias de los barrios periféricos. Referentes gremiales sostienen que una parte de los hogares enfrenta dificultades para cubrir los gastos básicos y acceder a los alimentos necesarios.
En este escenario, la construcción de un polo comercial en Valle Chico es presentada por sus impulsores como una herramienta para ampliar la oferta de servicios en un sector residencial en crecimiento. Sus críticos, en cambio, plantean que la prioridad debería estar puesta en atender otras necesidades vinculadas con empleo, ingresos y asistencia social.
La discusión también alcanza al funcionamiento del propio complejo habitacional. Vecinos de la zona sur plantean reclamos relacionados con la atención primaria de salud, la seguridad y el acceso a servicios básicos.
El proyecto se suma así a una agenda provincial atravesada por distintos reclamos económicos y sociales. Mientras el Gobierno de Raúl Jalil impulsa el desarrollo del nuevo centro comercial junto al sector privado, sectores sociales, gremiales y opositores reclaman que las políticas públicas también contemplen medidas destinadas a mejorar los ingresos, generar empleo y aliviar el endeudamiento de los hogares.
Catamarca sigue sin medidas de alivio para las familias endeudadas
En el marco de la morosidad en alza de todas las familias argentinas, el Gobierno de Catamarca figura como la gestión provincial que no implementa medidas de alivio financiero para sus ciudadanos mientras el 34,34% de los catamarqueños posee compromisos crediticios en situación irregular, según el informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea.
A nivel nacional, el estudio de IREAL analizó las políticas dirigidas a familias endeudadas e identificó que la gran mayoría de los gobiernos provinciales optó por poner en marcha mecanismos de auxilio. La tendencia predominante entre los distritos que intervinieron consiste en subsidiar la tasa de interés de los préstamos con fondos públicos, mientras que otros prefirieron aliviar la carga tributaria. La falta de medidas y programas por parte del gobierno de catamarqueño deja a la provincia en una posición desfavorable dentro del panorama federal.
La dimensión de la crisis se refleja en números que este medio difundió este mes de septiembre: en la provincia hay 203.513 personas con deudas registradas, por un monto total de $845.015 millones. De ese volumen, $186.203 millones corresponden a mora, mientras que casi 70.000 personas acumulan atrasos superiores a los 90 días.
Asimismo, entre quienes ya presentan incumplimientos, la deuda promedio alcanza los $2,66 millones. Este dato evidencia el fuerte deterioro de la economía familiar y la creciente dificultad de los hogares para sostener sus compromisos en un contexto donde los ingresos continúan perdiendo capacidad de compra frente al aumento en el costo de los bienes y servicios básicos