Tras una movilización de Asociación Docente de Santa Cruz (ADoSaC), el gobierno de Claudio Vidal quedó expuesto frente a una resolución judicial que ordena el sobreseimiento de una docente que fue denunciada mientras ejercía su derecho a la protesta. Tras la indagatoria de este 14 de octubre y el paro gremial por 24 horas, el secretario general Germán Alegre confirmó la resolución del Poder Judicial.
En comunicación con Tiempo FM 97.5, la educadora Adriana Mansilla aseguró que "fue un reclamo colectivo" y que "no se trataba de algo personal”. La docente participó fue en agosto del 2025 en el marco de una protesta contra la reducción del Vademécum por parte de la Caja de Servicios Sociales (CSS), la obra social de los empleados públicos de la provincia.
La querella fue iniciada por entonces presidente de la Caja de Servicios Sociales (CSS), Sergio Pérez Soruco, quien presentó una demanda por 20 millones de pesos contra Mansilla. La acción legal se fundamenta en los cánticos y expresiones dirigidos hacia su persona durante la protesta sindical en reclamo de medicamentos, los cuales Soruco consideró injuriantes, exigiendo por ello una indemnización económica.
Antes de conocerse la noticia del sobreseimiento, desde el gremio docente expresaron su rechazo absoluto a la denuncia considerando que el proceso judicial no hace más que criminalizar el derecho a la protesta social. "La judicialización de hechos producidos en el marco de reclamos gremiales trasciende la situación individual de nuestra compañera y compromete intereses colectivos de las y los trabajadores", manifestó ADoSac en su comunicado oficial.
El cese de actividades alcanzó a la totalidad de la jornada educativa y fue acompañado por una marcha hacia la Cámara Criminal de la capital santacruceña, lugar en el que fue citada Mansilla, para proceder con la declaración indagatoria que estableció la justicia de Río Gallegos.
MÁS INFO
Incentivo cuestionado
Días previos al paro nacional del lunes 3 de agosto convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), ADOSAC rechazó el anuncio realizado por el gobierno de Vidal sobre el pago de un incentivo extraordinario de $500.000 para los maestros que no participaron de las medidas de fuerza realizadas entre febrero y junio, y aseguró que la decisión representa un intento de "disciplinar" al sector.
En el documento, ADOSAC afirma que el pago extraordinario contradice el argumento sostenido por el gobernador Vidal durante las negociaciones paritarias. "Este anuncio deja al descubierto una verdad que el Gobierno intentó negar durante meses: la plata estaba", expresó el gremio.