Exactamente un mes antes de atacar Caracas, en el 202 aniversario de la doctrina Monroe, Donald Trump la había definido como “una verdad que resuena desde hace dos siglos”. Con una lógica brutal, se confirmó una de las hipótesis que estaban sobre la mesa: Trump había ido demasiado lejos con el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford en el Caribe y no tenía margen para retroceder.
Las bombas que lanzó el Pentágono sobre Venezuela y la captura de Nicolas Maduro y su esposa Cilia Flores violan todas las reglas del derecho internacional, sorprende por la facilidad con que en apariencia se ejecutó y abre a una situación imprevista en el Caribe. Las preguntas sobre lo que pasó y lo que viene todavía son más que las respuestas. Si Maduro fue entregado, si pecó de omnipotencia, si su proyecto político está terminado, es capaz de sobrevivir o acordar una transición con Trump.
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En Washington, conviven distintas visiones sobre el comportamiento que van a tener a partir de ahora China y Rusia. A eso se suma la respuesta conjunta que pueden dar Brasil, México y Colombia, a un golpe que es también una declaración de guerra a los opositores a Trump. A tono con la larga historia de violencia e intromisión de Estados Unidos en lo que considera su patio trasero, el llamado corolario Trump de la doctrina Monroe impone la ley del más fuerte y sepulta el orden liberal basado en reglas. Funciona, al mismo tiempo, como un acto distractivo en la coyuntura local y parece el acto final del republicano en la región antes de meterse de lleno en la campaña electoral en la que se juega su sobrevida.
Cuando a mediados de noviembre pasado, el Departamento de Estado incluyó al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas, la operación estaba decidida. Como lo recuerda la oposición a Trump, la doble moral del presidente de Estados Unidos es explícita porque coincide con el indulto al ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, un narcotraficante que alguna vez juró “meterles la droga por las narices a los gringos” y participó de una operación para ingresar 500 toneladas de cocaína al país. También porque el principal impulsor del secuestro de Maduro es el secretario de Estado Marco Rubio, el cubano americano que se inició en los negocios con su ex cuñado Orlando Cicilia, otro narco condenado a 35 años de cárcel al que conoció en su juventud en Miami. La historia quedó inmortalizada en el documental Tiger King.
Con un proyecto presidencial propio, Rubio es el más duro de los trumpistas y rechaza cualquier transición con Delcy Rodriguez, el presidente de la Asamblea Jorge Rodríguez y el ministro de Defensa Vladimir Padrino Lopez. Su objetivo es un cambio de régimen, algo que Trump avaló pero también relativizó en conferencia de prensa. Según los últimos datos de la Oficina de Censo, en Estados Unidos hay alrededor de 770.000 venezolanos habilitados para votar y la mitad vive en Florida.
Desde hace un cuarto de siglo, la disputa gira en torno al petróleo y el alineamiento internacional de Venezuela. Tras la operación, Tump se presentó como el dueño del petróleo de Venezuela y dijo que el chavismo se lo le había robado a Estados Unidos. Desde que se lanzó por primera vez a competir por la presidencia en una primaria que perdió con Trump, Rubio está asociado a Elliott Investment Management, el fondo buitre de Paul Singer. En una carta dirigida a su red de donantes, hace 10 años, Singer describió al secretario de Estado como “el mejor exponente del conservadurismo”. A fines de noviembre, en coincidencia con la presión que lideraba Rubio para atacar Venezuela, el juez federal de Delaware Leonard P. Stark aprobó la venta de la refinería venezolana Citgo a Amber Energy, la petrolera que pertenece a Elliott. Un dato más completa el cuadro: la junta directiva de Elliot está integrada por ex gerentes de Exxon, la competidora estadounidense de Chevron que mantiene hasta hoy sus operaciones en Venezuela.
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Atado al destino de Trump, Javier Milei salió rápido a reivindicar la operación. Con apoyo mayoritario de los actores de poder locales, Milei arranca un año en el que su diagrama económico volverá a quedar a prueba. En un contexto diferente, con cada vez más gobiernos aliados a Trump en América Latina y elecciones legislativas en 2026 en Estados Unidos, no está claro que vaya a tener todo el apoyo externo que tuvo en 2025.
El nuevo esquema de bandas que acaba de debutar fue la respuesta a un ultimátum del FMI a Luis Caputo. “Lo hicieron forzados pero no convencidos”, dice un aliado del gobierno. Caputo entró en la cuenta regresiva y todavía no está claro de dónde va a sacar los 4300 millones de dólares que vencen el 9 de enero.
Experto en construir puentes financieros sin programa económico, Caputo apuesta al blanqueo que el Congreso aprobó bajo el eufemismo de inocencia fiscal. Sin embargo, falta la reglamentación y la tensión con los bancos está expuesta. En privado, Milei no suelta a Jorge Brito: lo define como “el líder financiero de la oposición” y desliza ante su entorno que hasta podría aparecer involucrado en los casos que apuntan a figuras cercanas a Sergio Massa.
La alucinante definición de Federico Sturzenneger que convierte en héroes de la producción a los argentinos que viajan al exterior está invalidada por un elefante en la habitación, el control de cambios y la estrategia de dólar planchado que Milei impuso como su primer mandamiento de gobierno. Ex funcionario de Cambiemos y experto en exportaciones, Juan Carlos Hallak refutó la tesis del ex funcionario de De la Rúa y Macri. “El mecanismo descripto se basa en un ajuste a la suba del dólar con un correlato de caída en el salario real. El beneficio es para los que viajan (más ricos), que van a disfrutar de esas bellas playas, pero no para quien no viaja. Un efecto distributivo”, escribió.
Tal como publicó El Destape, la Fundación Mediterránea mostró que en los primeros 11 meses de 2025 viajaron al exterior 11,2 millones de argentinos y solo ingresaron 4,8 millones de turistas. El resultado: un déficit de la balanza de turismo que oscila entre los 7000 y los 8500 millones de dólares. Junto con el debate en abstracto sobre las preferencias de los argentinos, retumba el silencio de Daniel Scioli, el ignifugo secretario de Turismo que solo quiere borrar a su sector de las estadísticas del INDEC.
Blaquier, la reforma laboral que no pasa por el Congreso
En la previa del debate por la reforma laboral, el gran objetivo de Milei para el verano, un conflicto se perfila como un caso testigo. Es el que se libra a 1500 kilómetros de Buenos Aires, dentro del gigante agroindustrial Ledesma, propiedad de la familia Blaquier.
2025 fue un año bisagra. Mucho antes de que el Gobierno presentara su proyecto de flexibilización, la compañía azucarera esgrimió caída de las ventas y en febrero inició una oleada de despidos que terminó con 300 trabajadores en la calle. Hasta que hace 59 días un grupo de despedidos se autoconvocó en un acampe en la puerta de la empresa para enfrentar a un monstruo de cuatro cabezas: las decisiones de los Blaquier, el respaldo del gobernador Carlos Sadir, la pasividad del sindicato y el silencio de los medios de comunicación jujeños y nacionales. Por eso, Gonzalo Mercado piensa que hoy en Libertador General San Martin se vive un nuevo apagón, una réplica que vincula el presente con la noche del 27 de julio de 1976, cuando el departamento Ledesma se quedó sin luz y 400 personas fueron secuestradas por las fuerzas de seguridad y trasladadas en camiones de la empresa azucarera.
Mercado empezó trabajando en el campo, como apuntador, en la cosecha de caña. Su tarea era la más básica y la peor paga, señalarle al tractorista donde cargar los carros con la caña que después los camiones se llevan con destino a la producción industrial. Pero se capacitó hasta convertirse en mecánico oficial principal con polifuncionalidad. Está encargado de reparar las cosechadoras John Deere CH570 de 10 mil sensores y un costo de hasta 500 mil dólares. Gonzalo nació en Libertador y es un técnico calificado, pero el ingenio de los Blaquier no lo quiere como empleado. Eso pese a que lleva 16 años como empleado de Ledesma y a que su padre trabajó ahí hasta el último día de su vida. Juan Angel Mercado era diabético e hipertenso y murió en plena pandemia. “Mi viejo se murió por culpa de la empresa. No querían que usara barbijo porque decían que infundía el miedo entre los trabajadores. Hasta hubo ingenieros que se lo recomendaron”, dice. Hace dos años, sus compañeros le pidieron a Gonzalo que diera un paso inédito y se convirtiera en delegado de los empleados de Ledesma para discutir condiciones de trabajo y paritarias.
Fundado hace 115 años, Ledesma tiene 210 mil hectáreas y exportó en los primeros 11 meses de 2025 casi 400 mil toneladas de azúcar. Tras la muerte de Carlos Pedro Blaquier, el cerebro de una expansión fenomenal en democracia y dictadura, la segunda generación de los Blaquier quedó a cargo de la compañía. Los hermanos Carlos, Ignacio y Alejandro Blaquier, junto con Juan Ignacio Pereyra Iraola, el hijo de María Elena, la única hermana mujer, integran el directorio. Santiago Blaquier, el quinto hermano, acaba de anunciar la compra del Ingenio Concepción de Tucumán a la familia Luque en unos 100 millones de dólares.
El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) tiene como secretario general a Luciano Lezano y pertenece a la CTA Autónoma. En septiembre pasado, Lezano viajó a Buenos Aires para reclamar al Ministerio de Trabajo que emita la Certificación de Autoridades para legitimar la elección que ganó en noviembre de 2024. Denunció que el diputado nacional de La Libertad Avanza Manuel Quintar quiere quedarse con la Clínica y la Obra Social de los trabajadores azucareros, pero no habló de los despedidos.
El martes último, el mismo Lezano convocó a la primera asamblea del año con el objetivo de expulsar a Mercado, Mariano Soria y a otros 3 delegados que rechazan el ajuste y los despidos en la compañía. En la misma asamblea, que los autoconvocados impidieron en medio de un choque con el sindicato y la policía jujeña, se apuntaba a remover a otros 20 miembros de la comisión interna que pertenecen a los sectores de laboratorio, abastecimiento, cosecha, crudo, ingenieros de campo, logística y almacenes. “Le quieren cortar la cabeza a 26 personas”, dice Mercado y afirma que Lezano ejecuta un plan diseñado por la jefa del Departamento de Asuntos Laborales de Ledesma, Viviana Fernández.
Lezano se convirtió en secretario general en el mismo momento en que Ledesma decidió avanzar con los despidos. Sus detractores dicen que llegó al cargo con el respaldo de figuras ligadas a Gerardo Morales como su hermano Freddy, el diputado radical Olver Legal y el ex diputado Fabian Tejerina. Además, denuncian que suele visitar la Casa de Gobierno provincial para reunirse con Sadir y Morales. Hace 10 días, 20 miembros de la comisión interna de Ledesma firmaron una carta dirigida a Hugo “Cachorro” Godoy y a la conducción nacional de la CTA Autónoma para denunciar la situación y reclamar una intervención. La semana que viene, el sindicato debería realizar una nueva elección de delegados y Mercado, que sigue siendo empleado de la empresa, quiere participar.
Retirado de la escena nacional pero con una cuota de poder igual o mayor a la del gobernador Sadir, el ex compañero de fórmula de Horacio Rodriguez Larreta viaja muy seguido a China y aparece detrás de todas las grandes decisiones. Gonzalo Mercado, el delegado que Ledesma y el sindicato quieren expulsar del ingenio, fue afiliado radical durante su juventud y llegó a tener un vínculo estrecho con Oscar Jayat, el actual intendente de Libertador, pero hoy repudia al radicalismo. “En dos meses de acampe, no nos trajeron ni un pedazo de pan”, cuenta.
La policía secreta de Milei
El alineamiento de un gran bloque de poder que unifica gobiernos, empresas y cúpulas sindicales deja solos a los afectados por el plan Milei. La asimetría y ausencia de intermediación es tan evidente que preocupa a algunos actores del establishment que ven crecer el peso de las comisiones internas ligadas al Frente de Izquierda en distintos puntos del país. Con el DNU 941, que le otorga a la SIDE funciones de policía secreta, el gobierno acaba de dar su respuesta a esas inquietudes.
Sin urgencia de ningún tipo de urgencia, el presidente firmó una reforma que autoriza a la SIDE a detener personas, otorga un poder mayúsculo al área de Contrainteligencia para hacer inteligencia interna y extiende las facultades de la ex AFI para que otros organismos del Estado como ARCA, la Aduana y el Renaper le entreguen información de los ciudadanos. Además, pone a las Fuerzas Armadas a colaborar con la SIDE en un acto que marca una regresión al tiempo de la dictadura y, dentro del gobierno lo reconocen, no hubiera sido posible con Patricia Bullrich en el Ejecutivo.
Detrás de la ofensiva, Santiago Caputo recupera posiciones a un ritmo acelerado después del cambio de gabinete que lo había postergado. Junto con el control del ARCA vía Andres Vazquez y el del área nuclear a través de Federico Ramos Napoli, en el último mes el asesor concentró poder sensible como nunca.
La SIDE es un submundo reservado para el consultor que en el cierre de 2025 reemplazó a Sergio Neiffert por Cristian Auguadra, un desconocido que como Neiffert había trabajado en la escribanía de su padre, Claudio Caputo. Con el contador Auguadra, el estratega de Milei puso a cargo del espionaje a otro experto en manejo de fondos (reservados). El decreto empodera al señor 8, José Lago Rodriguez, otro joven caputista que antes de saltar a la SIDE había sido mano derecha de la influyente María Ibarzabal Murphy en la secretaría de Planeamiento Estratégico. Los especialistas dicen que el DNU le entrega la conducción del organismo a los espías de Contrainteligencia, el área donde Jaime Stiuso reinó durante décadas. En el Gobierno afirman que el derrotado en la interna del caputismo es Leonardo Scaturicce, un viejo enemigo al que Stiuso llegó a denunciar como espía inglés y hoy pesa fuerte en la zona de negocios que dejó vacante Alfredo Yabrán.
Desde las sombras y sin firma, Caputo concentra las áreas estratégicas del Estado y queda facultado para atacar a sus enemigos. Karina Milei tiene un extraño premio consuelo, el rubro crucial de Ciberseguridad que pasa a la órbita de jefatura de gabinete pero dependerá, por el momento, del secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, el caputista Darío Genua. “Es un autopase de Santiago”, dice un funcionario que conoce la tensión interna en la cúspide del poder. En la práctica, el que queda sin funciones es el comisario Alejandro Cecati, el director de la Agencia de Seguridad Nacional al que se le atribuía haber llegado al cargo de la mano de Miguel Ángel Toma.
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