El gobierno de Javier Milei y la embajada de Estados Unidos en el país celebraron un nuevo capítulo de su íntima alianza con la co-organización esta semana en Buenos Aires de la 40° Conferencia Internacional de Control de Drogas, la principal herramienta de la DEA para entrenar y compartir información y estrategias con sus aliados y socios en el mundo. Lo anunciaron con bombos y platillos, pero no dijeron ni quiénes participaron ni de qué se habló. La lucha contra el narcotráfico siempre incluye elementos de inteligencia sensibles y Argentina es un habitual participante de este foro liderado por Washington; sin embargo, este año está envuelto en una política peligrosa de Donald Trump para la región: la reedición de la guerra contra las drogas como una operación militar que ya mató a más de 200 personas desde septiembre pasado en el Caribe y el Pacífico.
La elección de Buenos Aires como sede de esta nueva Conferencia Internacional de Control de Drogas (IDEC, por sus siglas en inglés) es sin duda una nueva muestra de la estrecha alianza entre Milei y Trump. Pero también es un recordatorio -si es que fuera necesario- de lo poco transparente que ha sido la guerra contra las drogas encabezada por Estados Unidos. Las IDEC fueron creadas en 1983, en pleno apogeo de Ronald Reagan, y la primera sede fue nada menos que Panamá. Apenas cuatro meses antes de que Manuel Antonio Noriega asumiera el mando militar y comenzara a gobernar de hecho al país, la DEA desembarcó allí para empezar a tejer sus alianzas internacionales.
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Testimonios de ex agentes de la DEA revelaron ante la Justicia de Estados Unidos que Noriega comenzó a trabajar para ese país en una operación antinarco que duró entre 1983 y 1987. Al año siguiente, el mismo dictador panameño fue imputado en un tribunal de Miami por cargos de narcotráfico y lavar dinero para el Cartel de Medellín. Apenas un año después, Estados Unidos invadió Panamá, lo detuvo, lo llevó a Miami donde fue juzgado, y garantizó un cambio de régimen en el país centroamericano. Todo en el nombre de la lucha contra las drogas.
La opacidad de un evento promocionado por el propio Gobierno
Una semana antes de la conferencia internacional de esta semana, tanto el Gobierno Nacional como la embajada estadounidense informaron del encuentro y destacaron que demostraba que "la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos se afianza de forma ininterrumpida". Anunciaron que cientos de funcionarios y especialistas de más de 100 países iban a participar, pero no dieron nombres ni cargos, un dato relevante dado que Trump ha convertido en parte central de su política regional contra gobiernos no alineados las acusaciones de narcotráfico y "narcoterrorismo".
Por las redes, funcionarios del Gobierno Nacional mostraron fotos de reuniones con el titular de la DEA, Terrance Cole, y el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch. Este portal también supo que participaron miembros de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y que se realizó una actividad en una terminal de contenedores en Avellaneda.
El Destape pidió tener acceso a la lista completa de invitados, pero no recibió respuestas del Ministerio de Seguridad, a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones.
Sin embargo, sí puedo saber que la Cancillería envió un cable reservado a embajadas y consulados este mes para informarles que los invitados a esta conferencia no necesitarían visados, sino que se les otorgaría una "residencia transitoria especial", una herramienta que gobiernos anteriores han usado para organizar eventos internacionales sin colapsar los consulares en el mundo con pedidos de visa. Lo llamativo del aviso de la Cancillería es que se aclara que la disposición de la Dirección Nacional de Migraciones que habilitó esto se aplicará solamente a los que estén "incluidos en una lista que confeccionará la DEA" y que será comunicada de manera privada a ellos.
Nada público, todo opaco. El Destape intentó también acceder a la disposición de Migraciones que supuestamente otorga a la agencia estadounidense el monopolio de la decisión sobre quiénes podían ingresar al país con este beneficio para participar de la cumbre, pero el número citado en el documento interno de Cancillería no aparece en el Boletín Oficial, lo que significa que también es reservada.
La lucha antinarco como arma de guerra de Trump
El contenido de la conferencia también es un misterio. Pero el título ya da una pista: “Justicia a través de la fortaleza y la unidad”. Para Trump la "fortaleza" o la "fuerza" es el elemento principal de todas sus estrategias. De hecho, cada vez que inició una guerra o amenazó con atacar a otro país, defendió su plan con la misma máxima que rige toda su política de Defensa: "Conseguir la paz a través de la fuerza".
Esta máxima se vio reflejada en mayo pasado cuando la Casa Blanca lanzó su Estrategia nacional de control de drogas 2026. Uno de los puntos centrales es "combatir a las organizaciones criminales transnacionales y a las amenazas terroristas extranjeras" a través de una "ofensiva decisiva, histórica y sin tregua contra los narcoterroristas que están envenenando a los estadounidenses". Esto no es letra muerta ni mucho menos una mera amenaza. Es una vieja estrategia de Washington: convertir el combate al narcotráfico en una guerra y utilizarla como excusa para su intervencionismo militar en la región.
Esto fue exactamente lo que hizo Trump cuando ordenó los primeros ataques a lanchas y barcos en aguas internacionales en el Mar Caribe y el Mar Pacífico, en el norte de Sudamerica, en septiembre pasado y acusó a las víctimas de ser, ya no narcotraficantes, sino "narcoterroristas" que representaban una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. No mostró evidencia, no las identificó ni las acusó ante la Justicia estadounidense. Sólo las bombardeó y las mató. En su argumento, destacó las dramáticas consecuencias de la epidemia de opioides -pese a que una de las principales causas fue la falsificación de los riesgos de drogas legales-, sostuvo que se trataba de las principales rutas de cocaína hacia la frontera estadounidense -algo desmentido por múltiples expertos- y apuntó especialmente a embarcaciones pequeñas y medianas, que muy difícilmente expliquen el grueso del tráfico de drogas ilegales a Estados Unidos.
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Pero nada de esto importó. Porque los ataques, por los que murieron al menos 220 personas, sirvieron en realidad como excusa para mantener un despliegue militar como el que no se veía en la región en décadas. Fueron la antesala de la invasión de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores a principio de año y se mantuvieron allí, resignificándose cada vez que Trump amenazaba -siempre sin pruebas- al entonces gobierno colombiano de Gustavo Petro de "narcoterrorismo" o al mexicano de Claudia Sheinbaum por ser incapaz de controlar a los cárteles, a los que también califica como "narcoterroristas".
La intensión fue tan explícita que el hoy candidato presidencial opositor de Brasil, Flávio Bolsonaro, le pidió a su aliado, Trump, que lleve esa reedición de la guerra contra las drogas a las costas de Río de Janeiro, estado en el que operan grupos criminales denominados como "narcoterroristas" por Estados Unidos como el Comando Vermelho. La Casa Blanca, sin embargo, eligió profundizar su confrontación con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, en el plano comercial y no militar.
¿Estados Unidos propuso a sus aliados avanzar con operativos militares conjuntos en la región con la excusa del "narcoterrorismo" en la conferencia internacional de esta semana en Buenos Aires? ¿Amenazó a los gobiernos que no se alinean con Washington con esto mismo, por ejemplo, al secretario de México que sí estuvo presente? Imposible saberlo. Lo que sí se sabe es que Argentina ha mantenido una política exterior de designar como "narcoterroristas" a las mismas organizaciones y grupos que Estados Unidos declara como "narcoterroristas", en la región y en el mundo.