Tal como había anunciado ayer el presidente, Javier Milei, en su cadena nacional, el Gobierno endureció y aceleró el procedimiento para sancionar a empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes sin autorización argentina.
La medida también establece nuevos controles para impedir que compañías vinculadas con esas operaciones accedan a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o reciban permisos y concesiones petroleras en el país.
Endurecimiento de sanciones para las empresas que exploten el petróleo de Malvinas
A través del Decreto 868/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo fijó un procedimiento específico para investigar y sancionar las actividades prohibidas por la Ley 26.659. Esa norma impide realizar exploración o explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin habilitación de las autoridades nacionales.
El decreto dispone que, una vez detectados indicios de una posible infracción, se abrirá un sumario y la empresa involucrada tendrá apenas diez días hábiles administrativos para presentar su descargo y ofrecer pruebas. Luego, la autoridad de aplicación contará con otros diez días hábiles para resolver si archiva el expediente o aplica una sanción.
Las penalidades previstas por la legislación vigente incluyen la inhabilitación para operar en la Argentina por un plazo de entre cinco y veinte años. En caso de que la empresa sancionada ya tenga concesiones hidrocarburíferas en el país, estas podrán revertir al Estado nacional o a las provincias.
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El Gobierno justificó los cambios en la “persistencia y profundización” de actividades de exploración y explotación hidrocarburífera alrededor de las Malvinas y sostuvo que era necesario dar “mayor celeridad, eficacia y coordinación” a la respuesta estatal.
Además, todos los organismos de la Administración Pública Nacional deberán informar en un plazo máximo de cinco días hábiles cualquier hecho que pueda constituir una infracción a la Ley 26.659. Cancillería pasará a ser la autoridad de aplicación, con el objetivo declarado de coordinar las sanciones administrativas con la estrategia diplomática argentina sobre Malvinas.
También alcanza al RIGI y a nuevas concesiones petroleras
El decreto incorpora además un nuevo filtro para las empresas que busquen ingresar al RIGI. Los Vehículos de Proyecto Único deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren que tanto ellos como sus accionistas directos o indirectos no realizan ni realizarán actividades hidrocarburíferas prohibidas por la legislación argentina.
Antes de aprobar el ingreso al régimen, la autoridad del RIGI deberá consultar obligatoriamente a Cancillería para verificar que no existan antecedentes o conductas incompatibles con esa normativa.
El mismo requisito se extenderá a quienes soliciten nuevos permisos, concesiones, autorizaciones o habilitaciones hidrocarburíferas en la Argentina. También deberán declarar que ellos y las personas o empresas vinculadas a su estructura societaria no participan ni participarán de operaciones consideradas ilegales en Malvinas.
De esta manera, el Ejecutivo busca cerrar dos vías de acceso a beneficios estatales para compañías relacionadas con la explotación de hidrocarburos en las islas: los incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios del RIGI y las futuras concesiones petroleras dentro del territorio argentino.