La Libertad Avanza sigue sumando derrotas en el debate del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Al retiro de los capítulos que afectaban al registro de barrios populares y habilitaban la extranjerización de tierras, se le sumó la quita del apartado que buscaba restringir severamente la regulación establecida por la Ley de Manejo del Fuego. Fueron clave los votos de los radicales, algunos de los cuales se pronunciaron durante la discusión anticipando su voluntad de rechazar la iniciativa. Durante la jornada, la UCR volvió a ejercer presión desde las redes sociales y con una importante columna en la plaza del Congreso.
El bonaerense Maximiliano Abad y la chubutense Edith Terenzi —quien es radical pero no forma parte del bloque— fueron los senadores que anticiparon durante la discusión su rechazo a la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. Se esgrimieron argumentos de inconstitucionalidad y necesidad de proteger estas áreas.
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Desde la calle, tal como había sucedido con el apartado de tierras, la UCR se manifestó contra el proyecto del Gobierno y buscó interpelar a sus senadores para rechazar, con especial énfasis, las profundas modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, que la dejaban al borde de la derogación. Dirigentes con un perfil marcadamente opositor a las políticas de La Libertad Avanza alimentaron la columna boina blanca que, tal como había anticipado El Destape, contó con la presencia de la Juventud Radical Nacional, la Franja Morada y el Comité porteño.
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Marcharon contra la extranjerización, “por la tierra y por el agua”, para defender “nuestra república” y para pedirle a los senadores que “voten con el pueblo”. Una presencia que, en el caso de la Juventud Nacional y la Franja Morada, había comenzado en la jornada previa a la discusión parlamentaria, con el apoyo a la movilización de los jubilados que todos los miércoles son reprimidos por el gobierno de Javier Milei. Bajo la bandera de “jubilados en lucha”, le pidieron a los funcionarios de la Casa Rosada que “dejen de matar” a los adultos mayores.
Apenas se cayó el Capítulo 3 sobre la venta de tierras a extranjeros, desde la UCR advirtieron que el objetivo principal estaba cumplido, pero que el resto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tampoco era de su agrado. Los mensajes se concentraron, el jueves, en la Ley de Manejo del Fuego. “Todos sabemos que hay quienes queman tierras para venderlas con fines oscuros”, lanzó en X la diputada nacional Mariela Coletta.
La legisladora electa por la Ciudad destacó que el capítulo que establece profundas modificaciones a la normativa “significa eliminar las prohibiciones de uso de suelo por plazos de hasta 60 años tras incendios” y le pidió “a todos los senadores y, en especial, al bloque de la UCR, su voto en contra. Son responsables. Los estamos mirando”.
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El mismo sentido tuvo el mensaje de Nahuel Breglia, presidente de la Juventud Radical Nacional. El dirigente le habló directamente a los senadores boina blanca: “Está en sus manos que nuestras tierras no sufran incendios intencionales para venderlas después. Son nuestros bosques, nuestras reservas naturales, todo eso que hace única a la Argentina”.
Los datos son alarmantes. Solo en 2025 se quemaron más de 300.000 hectáreas en el país, el equivalente a 15 ciudades de Buenos Aires. En los primeros seis años de esta década, el número de tierras incendiadas se acerca a los tres millones de hectáreas.
De acuerdo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios responde a la actividad humana. De ese total, el 88% corresponde a hechos intencionales o de causa no explicada, mientras que el resto es atribuido a negligencia. En muchos casos, las quemas son provocadas para devaluar tierras y facilitar su compra por el lobby inmobiliario a precios muy inferiores al valor de mercado, especialmente en humedales, bosques nativos y zonas periurbanas.
La modificación a la Ley de Manejo del Fuego impulsada en 2020 por Máximo Kirchner buscó fortalecer la protección de las tierras. La normativa actual que el Gobierno de Milei intentó acotar al mínimo prohíbe el cambio de uso del suelo en tierras incendiadas por períodos de 30 o 60 años, de acuerdo a su valor ecosistémico. Además, prohíbe la venta de superficies afectadas cuando se trata de tierras fiscales, mientras que en la propiedad privada se limita a bosques nativos, implantados, áreas protegidas y humedales.
Para la propiedad privada, la venta está permitida, pero no se habilita el cambio de uso del suelo y, en particular, la realización de emprendimientos inmobiliarios. En el caso de zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales, tampoco se prohíbe la venta, sino el desarrollo de actividades agropecuarias distintas a las originales. El nuevo apartado que el Gobierno tuvo que retirar buscaba eliminar por completo estas restricciones, sosteniendo apenas algunos límites para bosques nativos.