Diputados y senadores de Unión por la Patria enviaron una carta a los presidentes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para fortalecer el compromiso regional con el reclamo argentino por las islas Malvinas y pedir medidas concretas que impidan el uso de la infraestructura y los servicios de esos países para facilitar la explotación ilegal de los recursos naturales del archipiélago. “Malvinas es una causa argentina y latinoamericana. Necesitamos fortalecer esa conciencia y actuar juntos en defensa de nuestra soberanía”, explicó el diputado Nicolás Trotta, uno de los firmantes. Los legisladores reclaman que ningún país de la región se convierta en plataforma logística de las actividades económicas coloniales, justo cuando se anuncia que un barco comercial de bandera chilena zarpará en las próximas semanas rumbo a las islas. “Una América Latina verdaderamente soberana también se construye en el Atlántico Sur”, sostienen en el cierre de la carta.
La carta está dirigida a los presidentes Lula, José Antonio Kast, Santiago Peña y Yamandú Orsi. La firman diputados y senadores nacionales del peronismo, entre ellos los ex ministros Jorge Taiana, Agustín Rossi, Jorge Capitanich y Wado de Pedro, junto a Eduardo Valdés, Juliana Di Tullio, Victoria Tolosa Paz, Sergio Uñac, Aldo Leiva, Sergio Palazzo y Juan Marino. En momentos en que el gobierno de Javier Milei dio un giro drástico a su política sobre las islas y avanza con una serie de medidas para impedir la explotación de hidrocarburos en la cuenca de Malvinas, los legisladores opositores piden a los gobiernos vecinos “adoptar y profundizar medidas para impedir que empresas vinculadas directa o indirectamente con la exploración, explotación, extracción, transporte o aprovechamiento comercial de recursos naturales en las áreas sujetas al legítimo reclamo argentino utilicen infraestructura o servicios de la región para sostener sus operaciones”.
La iniciativa busca recuperar los compromisos asumidos históricamente por los países de la región, en particular el acuerdo alcanzado en diciembre de 2011 por los integrantes del Mercosur y sus países asociados para impedir el ingreso a sus puertos de buques que enarbolen la bandera ilegal de las islas Malvinas. “América Latina ha acompañado históricamente el reclamo argentino. Hoy necesitamos que ese respaldo se traduzca en decisiones concretas para impedir que infraestructura de nuestros países facilite actividades ilegítimas en el Atlántico Sur”, sostuvo el diputado Eduardo Valdés. Los legisladores de UP expresaron su disposición a reunirse con funcionarios y legisladores de Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay para avanzar en acciones que impidan el apoyo logístico a la explotación ilegal de los recursos del archipiélago.
Aunque Milei dio un giro completo a su postura sobre Malvinas, todavía no recurrió a sus vínculos con dos de sus aliados más cercanos, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente chileno José Antonio Kast, para que intervengan y frenen las operaciones. Una de las petroleras que operan en las islas es la israelí Navitas, mientras que el puerto chileno de Punta Arenas continúa funcionando como vía de abastecimiento. De hecho, según un informe de inteligencia filtrado por el medio BioBioChile, el buque de carga chileno Danstar, con capacidad para 1.300 toneladas, navegará en noviembre hacia Malvinas a través del Estrecho de Magallanes y de aguas territoriales argentinas, ante la imposibilidad de hacerlo por aguas internacionales debido a las condiciones climáticas. El viaje es resultado del encuentro comercial celebrado días atrás en Punta Arenas, que reunió a empresarios isleños con proveedores chilenos.
Punta Arenas busca desplazar a Uruguay como principal proveedor de las islas, un negocio que, según las estimaciones, podría aportar a la región unos 20 millones de dólares anuales. La demanda del archipiélago incluye materiales de construcción, maquinaria, mobiliario, alimentos, bebidas, repuestos e insumos para las actividades agrícolas y ganaderas. Aunque las autoridades chilenas sostienen que se trata de un acuerdo entre privados, la inteligencia trasandina lo calificó como un posible “evento crítico”, por lo que se activarán canales diplomáticos para evitar un incidente. Si mantiene la línea de las medidas anunciadas en los últimos días, el gobierno de Milei debería actuar para impedir que la nave utilice aguas argentinas como vía de abastecimiento de las islas. La carta de los legisladores apunta a que ese decisivo respaldo logístico deje de estar disponible en toda la región.