La Bicameral de Trámite Legislativo tuvo su reunión constitutiva y La Libertad Avanza (LLA) propuso analizar los decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei referentes al Mercosur. El peronismo insistió en que el grupo parlamentario analice decisiones firmadas por el presidente como el que le amplió facultades a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) o la autorización de ingreso de fuerzas militares extranjeras al país.
En el salón Arturo Illia del Senado, se conformó la Bicameral de Trámite Legislativo, que quedó bajo la presidencia de la senadora de LLA Belén Montes de Oca. Para la vicepresidenta fue promovida la diputada de Unión por la Patria Teresa García.
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Ya en la Presidencia, Montes de Oca propuso iniciar el análisis de los DNU con los que refieren a la nomenclatura común del Mercosur, son más de 20 decretos acumulados desde el 2024. "Representan un debate estratégico institucional para nuestro país, para que no existan vacíos normativos y reglas claras para el Mercosur, además, en el Congreso se están llevando a cabo muchos acuerdos internacionales", expresó la fueguina.
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García, por su parte, consideró que "hay cuestiones de más urgencia", y planteó que se traten los decretos que "violan y vulneran flagrantemente la Constitución". En ese contexto, enumeró el DNU 941/2025, que le da "facultades cuasi policiales", que se le da a los servicios de inteligencia", el 264/2026 que autoriza el ingreso de tropas extranjeras "sin intervención del Congreso nacional", el 575/2026 por "avanzar sobre las facultades del Poder Judicial" por lo que fue "declarado incostitucional por la justicia" y el 681/2026 por su "vaguedad en materia migratoria". Este último estipulaba la expulsión de inmigrantes que emitan mensajes de odio o agravien los símbolos patrios.
Por su parte, la diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley pidió el rechazo del decreto 463/2025 que elimina el fondo fiduciario de la ley de Manejo del Fuego (26.815), el 194/2024 que elevó los topes de las asignaciones familiares y "dejar afuera a 870 mil trabajadores y sus familias", el 847/2024 con el que "se reglamentó el capitulo de modernización laboral" de la ley Bases, y el 942/2025 de las "reformas en discapacidad" que transfirió las facultades de la extinta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) al Ministerio de Salud.
"Aprovecharon la crisis política y corrupción de la ANDIS para ponerle tope al apercibimiento de las pensiones, medicamentos y tratamientos de alta complejidad", protestó Siley. Luego, el también diputado de Unión por la Patria Diego Giuliano propuso analizar, de los186 DNU, "cuáles son los que tienen las mayores cuestionamiento desde el punto de vista constitucional y legal en el país".
Montes de Oca le respondió a la oposición que "no hay decretos más importantes que otros" y que "darle certezas jurídicas a los proyectos que nos vinculan con otros países". Luego, la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, acotó que los DNU de facultades delegadas provienen de una "atribución constitucional". En ese sentido, sostuvo que buscar reveer los decretos de Milei sería "desconocer lo que el mismo Congreso votó"