La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, del bloque Justicialista, le pidió formalmente a la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, autorización para participar, debatir y votar de manera remota en las próximas sesiones de la Cámara alta, entre ellas la prevista para tratar la Ley de Tierras el próximo jueves.
La solicitud se basa en una prescripción médica que le impide realizar traslados de larga distancia debido a que cursa un embarazo de 32 semanas. La legisladora mendocina presentó el certificado correspondiente, que indica reposo relativo y contraindica los viajes.
Fernández Sagasti aclaró que el pedido no implica anticipar su licencia por maternidad ni apartarse de sus responsabilidades parlamentarias. Según sostuvo, su única limitación es trasladarse desde Mendoza hasta la Ciudad de Buenos Aires, una distancia superior a los 1.000 kilómetros.
“No estoy solicitando una dispensa para dejar de trabajar ni procurando anticipar una licencia por maternidad. Es exactamente lo contrario: quiero sesionar y cumplir plenamente con el mandato que me confiaron los mendocinos. El único impedimento que tengo es físico y de distancia: recorrer más de 1.000 kilómetros. Si residiera en la Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano, acudiría caminando o en auto al recinto sin ningún problema”, remarcó Fernández Sagasti en un video que posteó en sus redes sociales.
En su presentación, la senadora señaló que la Cámara alta cuenta con herramientas tecnológicas y protocolos de verificación de identidad que ya fueron utilizados para permitir la participación remota. También sostuvo que impedirle intervenir en las sesiones reduciría circunstancialmente la representación de Mendoza en la sesión.
“Si esta misma situación la atravesara una senadora con residencia en la Ciudad de Buenos Aires o el AMBA, podría asistir al recinto sin inconveniente. La diferencia no la marca el embarazo, la marca la distancia. El Senado fue concebido para asegurar la igualdad entre las provincias; la distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo”, expresó.
El pedido fue planteado con carácter excepcional, individual y transitorio. De ser autorizado, regiría hasta el comienzo de su licencia formal por maternidad o hasta que finalice la restricción médica para viajar. La presentación dirigida a Villarruel incluye además una reserva para acudir a la Justicia Federal en caso de que la autorización sea rechazada.
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Los cambios que negocia el oficialismo para la sesión del jueves en el Senado
A dos días del debate en el Senado por la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (Ley de Tierras), el Gobierno negocia cambios dado que los apoyos para lograr la media sanción están muy justos. Este martes, la presidenta de La Libertad Avanza en el Senado Patricia Bullrich dará una conferencia para anunciar los cambios que negoció, entre los que están modificaciones en los apartados de desalojos y el régimen de tierras rurales, según pudo saber El Destape.
En el texto corregido, el Gobierno incluyó un tope del 25% a la adquisisción de tierras por parte de extranjeros. En el texto original no había ningún tope y las únicas dos excepciones eran que la venta estaba prohibida para estados extranjeros o empresas extranjeras con participación estatal.
Las últimas modificaciones agregan el requerimiento de una autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional para adquirir inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera.
En cuanto a las derogaciones, el último texto elimina la derogación del artículo 8 de la Ley de Tierras Rurales, que imponía un tope al 15% de tierras en manos de extranjeros. Es, decir, con el nuevo texto ese artículo queda vigente.
En materia de desalojos, el proyecto modifica el papel del juez en los casos que involucren a menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores. Mientras la versión original establecía de manera expresa que el magistrado debía velar por las garantías procesales de esos grupos, el nuevo texto elimina esa obligación y dispone que la intervención recaiga directamente en los organismos locales de protección.
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