Tras el envío del proyecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Senado de la Nación está a horas de iniciar uno de los debates más importantes en materia de soberanía para Argentina. El objetivo del Gobierno de Javier Milei es lograr la derogación de la actual Ley de Tierras Rurales que limita la venta de suelos en zonas estratégicas a manos de extranjeras. Pero el debate no es un mero conflicto cuantitativo, la Argentina estaría a horas de darle media sanción a un proyecto que habilitará la venta de tierras limítrofes, recursos naturales, y zonas clave para el desarrollo del narcotráfico.
La ley vigente, sancionada en el 2011 por el Congreso de la Nación, pone como límite el 15% de las tierras rurales del país en los distintos niveles de provincias y departamentos, restringe un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola, prohíbe la compra de tierras que contengan cuerpos de agua, entre otros. Además, el nuevo proyecto libertario eliminará la Ley de Humedales y Ley de Manejo contra el Fuego lo que permitirá la venta de tierras afectadas por incendios, muchas veces, intencionales en nuestro país.
"El riesgo está en la Patagonia y son los lugares con acceso al agua: lagos, ríos y nacientes de ríos", alertó a El Destape la ex directora Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales nacional, Florencia Gómez, quién destacó que el "punto innegociable del oficialismo" es lograr la venta de los terrenos con bases submarinas de agua.
"La restricción de la ley de tierras evita que se instalen los Lewis del futuro. Es el negocio de la energía a futuro. Cuando vengan los grandes data center van a ir ahí porque necesitan agua y energía", apuntó Gómez quien detalló que la ley actual todavía permite la venta de 28 millones de hectáreas por lo que se especula que la modificación de la misma esté orientada a intereses particulares.
Joe Lewis es un empresario y multimillonario británico conocido en la Argentina por ser uno de los mayores propietarios privados de tierras en la Patagonia, especialmente en la provincia de Río Negro. Es propietario de un extenso predio que rodea el Lago Escondido, un lago de dominio público ubicado en la Cordillera de los Andes pero de acceso restringido por la propiedad privada tras el empresario que se instaló en la década menemista.
Pero la compra de ventas de tierras no se circunscribe solo a la década del 90: durante la gestión del gobernador Alberto Weretilneck, la cual inicio en el 2012, capitales de Inglaterra, Qatar y Emiratos Árabes se instalaron a partir del 2016 en la Cordillera provincial mediante testaferros argentinos, fideicomisos y fraude societario, según informó LPO.
La causa refiere a una compra de casi 20.000 hectáreas por parte de capitales extranjeros se habría concretado sin que intervinieran organismos como la Fiscalía de Estado, la Dirección de Tierras o el Registro de la Propiedad, lo que plantea interrogantes sobre la falta de acción por parte del Gobierno de Río Negro. Además señalaron que existían relaciones previas entre Weretilneck y representantes de capitales de Qatar lo que facilitó el desembarcó de inversiones extranjeras en zonas sensibles de la Patagonia.
Salta y Misiones, las más extranjerizadas
La ley actual demuestra que el debate sobre la extranjerización no es homogénea ya que los distintos territorios poseen características particulares en el rol estratégico soberano. "Esto no es solo una ley de tierras a nivel inmobiliario, esto pone en riesgo los recursos naturales del país. La ley funciona como restricción y por eso la quieren derogar", señaló a El Destape la doctora en Estudios Territoriales, e integrante del Observatorio de Tierras de la UBA, Julieta Caggiano. Según un observatorio del organismo, Salta y Misiones lideran el ranking de las provincias con mayor porcentaje de tierra extranjerizada en la que arriban al 11%.
De acuerdo con un relevamiento elaborado por el Observatorio de Tierras (UBA - CONICET), existen departamentos donde la participación de capitales extranjeros alcanza niveles considerablemente superiores a los permitidos a nivel departamental, por lo que crece la sospecha de intereses particulares sobre territorios comunitarios que contienen recursos estratégicos. En esta oportunidad, el Poder Judicial de Salta ordenó la restitución a la comunidad diaguita calchaqui de las tierras de Las Pailas en Cachi. Desde la comunidad, el conflicto se interpreta como parte de un escenario más amplio vinculado a la expansión de intereses mineros en la provincia, particularmente en zonas donde se identifican cateos de litio, oro y tierras raras.
En este debate del jueves en el Senado, el ojo está puesto sobre Flavia Royón, del bloque Primero los Salteños, vinculado al espacio político del gobernador Gustavo Sáenz. Por su parte, los libertarios de María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, ambos de La Libertad Avanza ya adelantaron su voto positivo. Cabe destacar que el triple voto positivo también se encontró en la Ley de Glaciares. Para los especialistas, la nueva Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada debe ser leída como un eslabón más dentro de las iniciativas como la masa de hielo y el proyecto Super RIGI que ya tiene media sanción en Diputados.
Esto mismo sucede con la provincia de Misiones que el 90% de su frontera es internacional. Tal como informó con anterioridad El Destape, el intendente de Puerto Libertad, Fernando Ferreira, busca comprarle tan solo 10 hectáreas a la compañía forestal Arauco, empresa chilena que posee el 80% de las tierras rurales -62.000 hectáreas en la localidad y 240.000 hectáreas en toda la provincia-. El objetivo es construir un parque industrial para darle trabajo a las familias locales pero luego de dos años, la causa continúa paralizada en tribunales de Santiago de Chile.
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"En el ultimo informe lo analizamos como un proceso de reprimarización de la económica. Se abandona la industria, se toma como fuente de explotación los bienes y recursos naturales no renovables, se desregulan los Parques Nacionales, se primeriza la economía y no se suma valor agregado", concluyó Caggiano.
La extranjerización de la tierra en Corrientes alcanza el 7,63% en la que, muchas se encuentran a mano de estadounidenses destinadas a la producción de arroz. Con departamentos que superan el límite actual tales como Ituzaingó (34%), Berón de Astrada (32,7%) y Santo Tomé (14%), los tres representantes de Corrientes en la Cámara Alta votarían a favor de la desregulación por orden del mandatario Juan Pablo Valdés, una provincia limítrofe y clave por lo que avanza la privatización de acceso al río Paraná, y al río Uruguay respectivamente.
"Hay 49 departamentos a lo largo y ancho del país que ya se pasaron del límite. La presión por algunos territorios muy estratégicos se nota cada vez más: a la vera del Paraná, la zona de frontera, la cordillera y con potencias mineras", señaló la investigadora del CONICET.
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Alerta: narcotráfico
Desde el sector académico también encendieron las alertas hacia el proyecto que impulsa el Gobierno nacional. Según la socióloga e investigadora en temas de narcotráfico y narcomenudeo, Laura Etcherren, los antecedentes de lavado de dinero son suficientemente contundentes para considerarlos una total advertencia al rechazo a este proyecto ya que "facilita redes de narcocriminalidad en el acceso a territorios para reinvertir la acumulación de dinero de la venta de estupefacientes". Esta situación se encuentra agudizada por "controles selectivos" en las fronteras, y sin políticas preventivas hacia el delito.
En diálogo con este medio, la investigadora también fue categórica con la "deficitaria investigación en el sistema financiero" lo que considera clave "en la columna vertebral del crimen organizado pese a la informalidad a la carencias investigativas y operativas evitables". Así advirtió a los representantes en la Cámara Alta con ojo en el Norte Grande y en zonas de la Patagonia.
Frente a la conocida situación crítica que atraviesa Santa Fe con el narcotráfico, El Destape se contactó con la senadora nacional Carolina Losada, quien integra el frente político del gobernador Maximiliano Pullaro para ser consultada por como emitirá su voto. Con los puertos santafesinos privatizados, uno de los puntos que aportan a la pérdida de control estatal, la representante de la Cámara Alta no rechazó el proyecto libertario y expresó "que están evaluando cambios" que estarían vinculados "a mayores controles" para acompañarlo.
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