El Gobierno de Javier Milei envió el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso. Se trata de una iniciativa que busca modificar el régimen vigente sobre la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur y otras actividades económicas que se desarrollan en las Islas Malvinas.
La iniciativa propone modificar las sanciones a empresas vinculadas a actividades no autorizadas, busca un nuevo sistema de Seguridad Nacional a cargo del Presidente y suma nuevas restricciones marítimas y aeroespaciales. "El Presidente de la Nación, Javier G. Milei, invita a toda la dirigencia política a poner una pausa a otras discusiones y a darle máxima prioridad y celeridad al tratamiento de este proyecto", sostuvieron desde el Gobierno en un comunicado.
Estos son los 11 puntos más importantes del proyecto de Ley de Defensa
El proyecto oficialista ingresó a la Cámara de Diputados y cuenta con 133 artículos. Las medidas principales son:
1. Amplía la regulación de la exploración y explotación de recursos naturales
El proyecto busca extender la Ley 26.659, que regula y prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin la autorización del Estado nacional. El objetivo es ampliar el alcance y regular toda la explotación de recursos naturales renovables y no renovables. Así, se establecería que cualquier actividad destinada a la explotación de recursos en las Islas Malvinas, sus zonas marítimas circundantes o la Plataforma Continental Argentina requiere autorización de las autoridades argentinas.
Los límites no solo apuntan a quien extrae petróleo o pesca sin permiso: también incluyen a empresas financieras, logísticas, técnicas y de consultoría que resulten claves para el proyecto, además de socios, accionistas y quienes controlan las compañías involucradas.
2. Endurece las penas y sanciones
Establece sanciones administrativas con multas calculadas en barriles de petróleo (entre 4.000 y 500.000) y también inhabilitaciones de 5 a 20 años, que pueden llevar a la prohibición de operar en el país, perder los permisos o beneficios fiscales y hasta la ruptura de contratos.
Mientras que en el plano penal, para delitos más graves, vinculados a recursos no renovables, se disponen penas de hasta 20 años de prisión, y quienes extraigan, transporten o almacenen hidrocarburos sin autorización enfrentan penas de 15 a 20 años.
3. Crear un Consejo de Seguridad Nacional
El proyecto busca crear un Consejo de Seguridad Nacional que estará dirigido por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, y autoridades de Inteligencia y Legal y Técnica. Su función será diseñar y coordinar la política de seguridad del país. Además, podría llegar a pedir la colaboración e información de provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires.
4. Establece nuevas herramientas económicas ante amenazas externas
El Consejo podrá activar medidas económicas frente a riesgos graves e inminentes, por ejemplo:
- Restringir operaciones cambiarias y transferencias.
- Limitar importaciones y exportaciones.
- Suspender permisos y contratos.
- Cortar el acceso a créditos o beneficios impositivos.
- Congelar determinados activos.
5. Vuelve el esquema de derribo de aeronaves
Se fija un procedimiento para actuar frente a aviones considerados irregulares u hostiles, que va de la identificación a las advertencias y, en última instancia, a la declaración de "tránsito aéreo hostil" que permitiría, en última opción, el uso de la fuerza. En ese caso, se necesita una orden presidencial expresa, delegable en el ministro de Defensa. Un esquema similar rigió desde 2016 bajo el gobierno de Mauricio Macri, denomina "las Reglas de Protección Aeroespacial" y fue derogado por Alberto Fernández en 2023.
6. Redefine qué se entiende por Seguridad Nacional
El concepto se amplía para cubrir lo diplomático, económico, cibernético, militar, jurídico y de inteligencia, sumando la protección de infraestructura crítica. Ya no se limita al territorio argentino: abarca también bienes en el exterior, alta mar, el espacio y el ciberespacio.
7. Actualiza la noción de Defensa Nacional
Se reforma la Ley 23.554 para incluir amenazas externas —estatales o no— tanto convencionales como no convencionales, entre ellas ciberataques y sabotajes. Las Fuerzas Armadas podrán intervenir para proteger la infraestructura estratégica argentina.
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8. Crea protección para infraestructura crítica
Apunta a redes y sistemas esenciales para servicios básicos, salud, seguridad, defensa y el funcionamiento del Estado, con especial mención a los centros de datos. El Consejo deberá diseñar una estrategia y un plan nacional al respecto, que se actualizarán cada cinco años o antes si hace falta.
9. Nuevo control sobre embarcaciones
Se habilita un procedimiento que va desde detener y perseguir buques sospechosos hasta inspeccionarlos, interceptarlos o disparar advertencias. Inutilizar un buque hostil queda como un recurso extremo, y hundirlo solo procede como medida militar excepcional que requiere un permiso presidencial.
10. Una salida para quienes abandonen la actividad ilegal
Se crea un régimen de desistimiento para las empresas que dejen de operar sin autorización, permitiéndoles reconvertir sus inversiones hacia actividades legales en el país. No aplica para quienes ya tengan condena firme ni para reincidentes, solo puede usarse una vez.
11. Restricciones a la injerencia extranjera y al terrorismo
Se limita la participación de extranjeros sin residencia permanente y de empresas foráneas en el financiamiento político y la propaganda. Se tipifican nuevos delitos por operaciones de inteligencia extranjera y campañas de desinformación coordinada, y se le da rango legal al registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo (RePET).