La votación de un plebiscito en California sobre un impuesto especial por única vez a las fortunas mayores a 1000 millones de dólares ofrece una ventana privilegiada para mirar cómo opera esta casta de ultra ricos a la hora de defender sus privilegios, sin ningún tipo de apego a ninguna norma ni respeto por ningún marco común de convivencia, completamente volcada contra la sociedad que les permitió acumular tanta riqueza como nunca antes en la historia de la humanidad.
Un sindicato de trabajadores de la salud fue el impulsor de la consulta popular, que comenzó esta semana y continuará hasta el 3 de noviembre. La Proposición 40 somete al voto la creación de un tributo extraordinario sobre el 5 por ciento del patrimonio de los supermillonarios residentes en California. El 90 por ciento de lo recaudado se destinará al sistema de salud, principalmente a compensar los recortes dispuestos por el gobierno de Donald Trump.
Si se aprueba, será la primera vez en la historia que se apruebe un gravamen a la riqueza y no a las ganancias o ingresos de las personas más ricas, que suelen evadir sus obligaciones fiscales reportando nada o muy pocos ingresos. El impuesto a las ganancias, el más progresivo en todos los sistemas, no alcanza la punta de la pirámide. Simplemente no llega porque los ultra ricos deciden no pagar y el Estado no tiene las herramientas para evitarlo. El impuesto a la riqueza brinda esas herramientas.
La resistencia contra esta iniciativa, que alcanzaría a apenas 250 personas o familias dentro del 0,0002 por ciento más rico, y beneficiaría en cambio a veinte millones de californianos, es transversal. Hasta el gobernador californiano, Gavin Newsom, uno de los más notorios opositores a Trump, trabaja para que se rechace. La presión de los grandes donantes configura la política de forma tal que es muy difícil hacer nada por fuera de los límites que ellos deciden de manera inconsulta.
Los promotores del impuesto ofrecieron reducir la alícuota del 5 al 2 por ciento si el gobernador aceptaba respaldar la propuesta, pero Newsom dijo que no. La pregunta es: ¿qué modificación habría vuelto la idea aceptable? Si el problema es de diseño, debería poder precisarse una alternativa. No la hubo, porque no se están discutiendo aquí leyes ni cantidades de dinero sino otra cosa: ¿tiene poder el Estado, y a través suyo todas las personas, para imponer condiciones al Capital hiperconcentrado?
250 ultra ricos están dispuestos a demostrar que no, dejando en el camino cientos de millones de dólares, mucho tiempo y cualquier resto que les quedara de respeto por un bien común con el resto de la humanidad. Un extraordinario hilo en X que publicó esta semana el economista Gabriel Zucman da cuenta de los esfuerzos a los que son capaces de llegar a la hora de defender sus privilegios y su impunidad, aún a costa de destruir lo que queda en pie de lo que alguna vez llamamos democracia.
Zucman enumera las tácticas que se pusieron en juego para no pagar. Primero, los ultra ricos intentaron que la consulta no suceda. Según la ley de California, si se consiguen un millón de firmas se debe habilitar un plebiscito. De acuerdo a investigaciones periodísticas, hubo varios intentos para bloquear y encarecer la recolección de los avales. Una nota en el San Francisco Standard cuenta que llegaron a evaluar la compra de la empresa que recolectaba firmas para impedirle continuar.
Las ideas se evaluaban en un grupo de Signal del que participaban empresarios de las grandes empresas de Silicon Valley, que luego ejecutan sus campañas a través de ONGs para no quedar asociados, porque son muy impopulares. Otra táctica que explica Zucman es la publicidad engañosa. AP informó el viernes 9 que la oposición al impuesto a las grandes fortunas había reunido donaciones por más de 300 millones de dólares, contra la décima parte que pudieron recaudar los impulsores.
Sergey Brin, fundador de Google, por sí solo, donó 138 millones de dólares. Patrick Collison, de Stripe, 20 millones. Eric Schmidt, ex ejecutivo de Google, 15 millones. La campaña por el No reservó 100 millones de dólares en publicidad, contra apenas 100 mil dólares de los que trabajan para que se apruebe el proyecto. En la medida que pasen los días y se acerque el 3 de noviembre, día final de la votación, la cifra seguirá subiendo, y probablemente sea una de las campañas más caras de la historia.
Los avisos que compran con ese dinero no muestran a Mark Zuckerberg o a Peter Thiel pidiendo por sus privilegios sino a médicos y enfermeras, en batas blancas, que dicen que si se aprueba el impuesto el sistema de salud californiano corre riesgo. El objetivo de la propaganda engañosa es convertir un debate entre un puñado de supermillonarios y la enorme mayoría de la población en una interna entre dos grupos de médicos con diferentes ideas sobre cómo administrar los hospitales.
Si todo eso no alcanza para evitar que el Sí alcance el 50 por ciento de los votos, los ultra ricos ya están trabajando para neutralizar ese resultado y evitar que pueda implementarse. Para eso gastaron mucho dinero en conseguir otros dos millones de firmas y habilitar otras dos consultas populares, las Proposiciones 41 y 42. Hay denuncias periodísticas de que le pagaron a personas en situación de calle a cambio de sus firmas para alcanzar el número requerido por ley.
¿Cuál es el Plan? Aunque hablan de otros temas, incluyen en su letra chica artículos que contradicen directamente la Proposición 40. En caso de que cualquier de estas nuevas dos iniciativas reciban más votos afirmativos que la original, un juez podría considerar que se imponen, dejando sin efecto el impuesto a los ultra ricos. La 41 propone establecer “auditorías” (que ya existen). La 42, además, en nombre de “la seguridad de los ahorros”, restringe la creación de nuevos impuestos en el futuro.
El único objetivo por el cual existen estas dos consultas es para evitar que se apruebe el impuesto a las grandes fortunas, pero en ningún momento se presentan así, por lo que muchos votantes, poco informados, pueden acompañar estas medidas sin saber que están votando en contra de su propia voluntad. Hoy la mayoría de las encuestas muestran que en los tres plebiscitos va ganando el Si, por lo que el impuesto podría ser aprobado y anulado por los mismos votantes. Postdemocracia a full.
Otras tácticas que también impulsan los ultra ricos son viejas y conocidas. La campaña por el No dice que el impuesto podría abrir la puerta a que se alcancen los ahorros de la clase media y las cuentas de retiro. También sostiene que si se aprueba habrá un “éxodo” de millonarios. Son mentiras repetidas muchas veces pero que cuentan con un aparato de reproducción tan brutal por detrás que siguen teniendo una amplia llegada a muchos sectores de la sociedad.
De acuerdo a Zucman, desde 1982 la riqueza de los supermillonarios de California se multiplicó treinta veces. Sólo entre 2023 y 2025 creció un 144 por ciento. Hoy, entre todos, acumulan casi dos billones y medio de dólares, la mitad del producto bruto californiano. La recaudación del impuesto sería de unos cien mil millones de dólares, que significa una cantidad sustancial para cualquier Estado del mundo pero para ellos implica apenas resignar las ganancias que acumularon en septiembre.
Los dueños de media economía son los mismos que a la hora de pagar sus impuestos aportan al estado de California apenas el 3 por ciento de los ingresos fiscales totales. En 2019, 2020 y 2023, los cofundadores de Google Sergey Brin y Larry Page, no reportaron ingresos ni pagaron impuesto a las ganancias. Desde 2019 ganaron más de 400 mil millones entre los dos, el segundo y el tercer tipo más ricos del planeta. Brin aportó más de cien millones a la campaña por el No.
Una objeción habitual a los impuestos a la riqueza es la falta de “liquidez”, una teoría según la que el valor de las acciones no es riqueza “real” sino “virtual”, y por lo tanto inalcanzable por el fisco. Lo que Zucman encontró en un documento del 24 de septiembre de la comisión que supervisa los aportes electorales en California (FPPC) echa por tierra ese argumento: varios ultra ricos contribuyeron a la campaña por el No con acciones que, luego, fueron vendidas en el mercado para financiar publicidad.
Todavía tenían dinero para más. Cuando el legislador que representa el distrito de Silicon Valley Ro Khanna publicó un tuit en defensa del impuesto y contra los ultra ricos que amenazaban con mudarse, desató una ofensiva feroz en su contra. No solamente muchos ejecutivos le retiraron el financiamiento con el que habían acompañado su carrera sino que llegaron a ofrecerle trabajos muy lucrativos a varios miembros de su equipo de trabajo para dejarlo solo y boicotear su campaña.
También buscaron candidatos alternativos para plantarle en la interna y hacerla perder su banca, a quienes les ofrecían financiamiento millonario y otras facilidades si aceptaban competir contra Khanna. Finalmente encontraron un outsider dispuesto a competir: Ethan Agarwal, un ejecutivo de startups con antecedentes algo turbios que no llegó a conseguir más que el 6 por ciento de los votos en la primaria, quedando no solamente detrás de la legisladora sino también de los dos retadores republicanos.
Esto es sólo una muestra de la forma en la que el Capital concentrado puede actuar antes, durante y después de una elección para convertir al instrumento de la voluntad popular por excelencia en una coartada que usan quienes están matándola para abonar la hipótesis de un suicidio. Mientras tan pocos dispongan de tanto y no tengan ninguna barrera para utilizarlo en contra de las mayorías, sólo queda esperar que la situación siga agravándose.
Por eso, la idea de un aporte extraordinario, si bien poderosa, es también, a esta altura del partido, insuficiente. Incluso la propuesta de un impuesto permanente y efectivo contra los más ricos sería ya una posición conservadora, porque busca conservar el status quo ante la ola aceleracionista que viene a llevárselo puesto todo. La única posición transformadora radicalmente opuesta a este sistema, no puede dejar de ponerle un límite estricto a la acumulación y a la influencia del dinero en la política.
Un informe de Americans for Tax Fairness (estadounidenses por la justicia fiscal) que se dio a conocer esta semana da cuenta de que al 28 de agosto, más de dos meses antes de las elecciones de medio término que van a celebrarse en Estados Unidos, 170 familias de ultra ricos ya habían gastado más de 1.700 millones de dólares para influir en su resultado. El 10 por ciento de esas familias tuvieron en algún momento conexiones directas, personales o profesionales, con Jeffrey Epstein.
El gasto político de los ultra ricos (fortunas de más de mil millones de dólares) se multiplicó más de 50 veces desde 2010, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos eliminó los límites a los aportes de campaña. Hace veinte años, en las últimas elecciones legislativas previas a ese fallo, los quince contribuyentes más generosos gastaron menos de 15 millones de dólares. Hoy, un puñado de individuos utiliza un 6400 por ciento más de dinero para decidir quién hace las leyes y quién gobierna.
El gasto de campaña de los ultra ricos está volcado hacia candidatos republicanos, que se llevan casi 7 de cada 10 dólares. Otro estudio de la ONG Public Citizen advirtió que el gasto electoral corporativo también alcanzó un récord de 646 millones de dólares este año, que ya supera por un 40 por ciento la marca anterior, en las presidenciales de hace dos años. Hay aportes destacados de las cripto (200 millones), las apuestas online (76 millones) y las empresas de IA y datacenters (62 millones de dólares).
Sin embargo, como advertía una publicidad de tarjetas de crédito de otra época, hay cosas que el dinero no puede comprar. La popularidad de Donald Trump sigue en picada y crecen las chances de que el oficialismo pierda la mayoría en ambas cámaras a pesar del ayudín. A medida que se acerca el 3 de noviembre vuelven a aparecer dudas sobre la integridad del proceso electoral y la predisposición del presidente, que ya tiene el antecedente de desconocer derrotas, a aceptar un resultado adverso.
Esta semana encendió todas las alarmas la confirmación de que no habrá veedores internacionales invitados a supervisar los comicios. Es la primera vez desde 2000, la elección presidencial que terminó con escándalo y sospechas de fraude en Florida. Simultáneamente el gobierno decidió desplegar a más de mil agentes de fuerzas de seguridad en los sitios de votación. Esta semana ya se vieron que algunas urnas para depositar el voto por correo estaban siendo “custodiadas” por personal militarizado.
A eso se suman las detenciones de ICE a inmigrantes en las inmediaciones de los centros donde votan comunidades que pueden volcar el resultado contra Trump. La finalidad es amedrentar a posibles votantes opositores con la posibilidad de ser arrestados o deportados para que se queden en sus casas. También se desplegaron casi mil guardias de seguridad privada armados en 55 instalaciones postales donde se procesan los votos.