Tras despedir a decenas de trabajadores de Lustramax y denunciarlos por "amenazas, extorsión y una toma ilegal de la planta", los trabajadores salieron a desmentir al presidente de la compañía, a quien acusaron de querer echarlos de forma arbitraria, perseguirlos por motivos sindicales y hacerlos regresar a "condiciones esclavistas". También negaron haberle exigido dinero para pagar canchas y asados, como contó el empresario en distintas entrevistas en las últimas horas, y aseguraron que estos dos beneficios habían sido "otorgados" por la empresa.
"Cuando ingresé en el 2019 las condiciones eran esclavistas. Laburábamos 10 horas de lunes a viernes. Los sábados nos hacían trabajar por un sueldo menor al de convenio. No había delegados en esta planta, y éramos 125 en ese momento. Antes no se nos pagaba la obra social", contó el delegado de Lustramax Leandro Gómez en diálogo con FM Re 107.3.
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En representación de los empleados, Gómez aseguró que el dueño de Lustramax, Ezequiel Sosa, desea "volver a esos tiempos, cuando se pagaba el sueldo cuando querían, no hacían aportes y no daban la indumentaria de trabajo".
Gómez también desmintió que los trabajadores estén "extorsionando" a Sosa con pagarles asados y canchas para que los empleados jueguen al fútbol. "Es totalmente falso. Era una sola hora de cancha por mes y una vez por mes había un asado. Esas son cosas que él otorgó, no que nosotros le reclamamos. Está haciendo toda una campaña para matarnos la imagen", resaltó.
La tensión en la empresa se agravó en las últimas semanas a partir del despido de 15 trabajadores, entre ellos dos delegados sindicales, y de la decisión empresarial de no acatar la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, los empleados sostienen un paro total, permanecen dentro de la planta y realizan cortes intermitentes sobre la autopista Panamericana.
Las contradicciones de la empresa
El conflicto comenzó a mediados de diciembre, cuando la compañía alegó atravesar una "situación de crisis" y anunció un reacomodamiento interno. En una primera etapa, la firma planteó la desvinculación de 29 empleados, aunque luego redujo el número a 15.
Gómez cuestionó a la conducción de la empresa por jactarse de que la crisis que atraviesa se debe a la apertura de importaciones, algo que los empleados ven como "una contradicción" de la compañía. "Las medidas que toma el Gobierno perjudica a pymes, pero después lo defienden diciendo que esta situación garantiza el despido de los trabajadores. Es medio ilógico", agregó.
Una postura similar expresó la dirigente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, al cuestionar a la compañía por enviar cartas documento en las que se argumentaron los despidos por "la masiva entrada de importaciones del sudeste asiático" que impulsa el Poder Ejecutivo. "Es decir, que a todo evento, suponiendo que eso fuese verdad, el reclamo se lo tienen que hacer a la abogada/senadora de La Libertad Avanza", escribió Bregman, en referencia a la senadora provincial libertaria Florencia Arietto, quien salió en defensa de la compañía.
Deudas salariales, precarización y persecución gremial
Más allá de los despidos, el conflicto estalló por reclamos de incumplimientos básicos: falta de pago del aguinaldo, el bono de fin de año y aportes a las obras sociales. Además, existieron denuncias de jornadas laborales extendidas por encima de lo legal y falta de aplicación de los aumentos pactados en paritarias. Mientras que los trabajadores también alertaron por la eliminación de beneficios, como el comedor en planta.
Desobediencia a la autoridad laboral y denuncia de amenazas
A pesar de que el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria y ordenó la reincorporación de los despedidos hasta el 3 de febrero de 2026, la empresa decidió desconocer la resolución. En actas oficiales, la patronal ratificó los despidos y manifestó que no otorgará tareas laborales a los afectados alegando "razones de seguridad", aunque se ofreció a pagar los salarios subsidiariamente para evitar su ingreso a la planta.
Laboratorio de la Reforma Laboral
Los gremios y algunas agrupaciones políticas de izquierda manifestaron que el conflicto en Lustramax es un anticipo de la reforma laboral que busca el Gobierno nacional, con aumento de la jornada y despidos más baratos, entre otras medidas.
La intervención de figuras políticas como la senadora Arietto y el despliegue de Gendarmería Nacional (que los trabajadores denuncian como ilegal por falta de jurisdicción) refuerzan esa hipótesis.
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