En medio del conflicto gremial en la empresa Lustramax de Tortuguitas, los trabajadores denuncian la presencia de un “operativo ilegal” de la Gendarmería Nacional frente a la planta. Además, sostienen que esa fuerza no tiene jurisdicción para actuar en la provincia de Buenos Aires. Desde la conducción de la firma alertaron por un clima de amenazas y “extorsión” por parte de un sector de los obreros.
De acuerdo con las denuncias de los sectores en lucha, en el despliegue de Gendarmería está involucrada la senadora Florencia Arietto. Según señalaron, la empresa busca “amedrentar” a los trabajadores para garantizar despidos y medidas de flexibilización laboral. Por su parte, Ezequiel Sosa, dueño de la compañía, aseguró que la planta “está tomada por un grupo político” y que los despidos responden a una necesidad de reordenamiento interno dentro del marco legal.
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“Viví extorsionado, viví cuatro años con miedo hasta que tomé una decisión”, afirmó Sosa en declaraciones a Urbana Play, y sostuvo que la mayoría del personal quiere trabajar pero no puede hacerlo por intimidaciones. También denunció amenazas personales, relató que duerme dentro de la planta hace 5 días para “cuidar lo suyo” y calificó la protesta como una usurpación “ilegal”.
Sosa afirmó que los delegados despedidos generaban conflictos permanentes y condicionaban el funcionamiento de la empresa con reclamos informales. “Si no les pagaba un asado o una cancha de fútbol, tenía la planta parada”, remarcó. Además, justificó la negativa a permitir el ingreso de los despedidos por razones de seguridad, aun cuando la empresa se comprometió a abonar los salarios.
Del lado de los trabajadores, la versión es diametralmente opuesta. Niegan la existencia de una crisis económica y denuncian que la empresa obtuvo ganancias millonarias en los últimos años, con jornadas extendidas y horas extras habituales hasta el inicio del conflicto. También reclaman el incumplimiento en el pago del aguinaldo, el bono de fin de año y aportes a las obras sociales, además de jornadas laborales por encima de los límites legales y falta de actualización salarial conforme a paritarias.
Asimismo, sostienen que los despidos constituyen una "persecución sindical" y una maniobra para "desarticular la organización gremial interna". En ese marco, consideran "ilegal" el despido de los delegados y denuncian un intento de imponer condiciones laborales regresivas.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria y ordenó retrotraer la situación al 9 de enero de 2026, con la reincorporación de los despedidos hasta el 3 de febrero. Sin embargo, la empresa dejó constancia en actas oficiales de que no acatará la medida y ratificó los despidos, decisión que profundizó la disputa con los trabajadores.
Los puntos clave del conflicto en Lustramax
El conflicto gremial en la empresa Lustramax se profundizó en las últimas semanas tras el despido de 15 trabajadores, entre ellos dos delegados sindicales, y la decisión de la compañía de desconocer una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense. La protesta incluye un paro total de actividades, permanencia en la planta y cortes intermitentes sobre la autopista Panamericana.
La disputa se inició a mediados de diciembre, cuando la empresa argumentó atravesar una “situación de crisis” y anunció un proceso de reestructuración. En un primer momento intentó despedir a 29 empleados, pero luego redujo la cifra a 15, lo que desató el conflicto. Sectores gremiales califican el caso como un “conflicto testigo”, al considerar que anticipa los efectos de una eventual reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.
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