La Intergremial Judicial de la provincia del Chaco anunció un plan de lucha para la próxima semana en rechazo al proyecto de ley enviado por el gobernador Leandro Zdero, que busca establecer un régimen de intangibilidad salarial exclusivo para magistrados y funcionarios del Poder Judicial. La medida contempla un paro con retiro el jueves 24 de septiembre y una huelga total de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para el viernes 25 en todas las circunscripciones.
De acuerdo con lo informado por el sector, las protestas comenzarán el jueves a las 10:30 con retiro de las oficinas y movilización. Según detalló Data Chaco, la concentración principal se llevará a cabo en las Torres Civiles de Resistencia, mientras que en el interior se manifestarán frente a las dependencias judiciales locales.
Desde la Intergremial señalaron que las medidas de fuerza se convocaron tras agotar las instancias administrativas y políticas frente a la iniciativa legislativa oficial. Según explicaron, el proyecto vulnera las constituciones Nacional y Provincial al "alterar en forma arbitraria las remuneraciones que corresponden percibir en virtud de la Ley de Porcentualidad vigente (Nº 468-A)".
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"Esto genera un conflicto de derecho, despojando derechos de propiedad adquiridos y de intangibilidad de las retribuciones de todos los que constituimos el Poder Judicial, conforme lo tiene dicho la Corte", expresaron los gremios en un comunicado.
El plan de acción de los trabajadores judiciales se fundamenta en tres puntos centrales:
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Rechazo y archivo del proyecto de Ley 2141/26: los gremios advierten que la iniciativa surge de sentencias complementarias en la causa "Alonso de Martina", firmadas por magistrados y funcionarios del propio Poder Judicial que ordenaron crear un adicional por "intangibilidad" para beneficio propio. Denuncian que este accionar "viola el principio de imparcialidad, atenta contra el Estado de derecho y destruye el régimen equitativo de la Ley de Porcentualidad".
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Investigación legislativa: exigen a la Cámara de Diputados que intervenga e investigue el planteo de inconstitucionalidad e inconvencionalidad presentado por la Intergremial sobre la actuación del Tribunal Ad-Hoc y los funcionarios involucrados.
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Aplicación de la Ley 3424-A: reclaman la reglamentación e instrumentación inmediata del artículo 9° de dicha norma para el cálculo e incorporación gradual de la diferencia del cargo testigo (Juez de Cámara de Chaco) respecto de la media nacional para la totalidad de los empleados judiciales.
Un diputado denunció que Zdero busca aumentarle el sueldo a los jueces para obtener blindaje judicial
El diputado provincial y exministro de Economía, Santiago Pérez Pons, advirtió que la iniciativa podría servir para obtener protección judicial frente a denuncias contra funcionarios y dirigentes oficialistas.
Pérez Pons cuestionó que el Ejecutivo proponga una recomposición para magistrados mientras, según denunció, mantiene restricciones salariales para otros trabajadores estatales. También sostuvo que la iniciativa produciría un “desenganche” de los empleados judiciales y de organismos con remuneraciones equiparadas, con riesgo de nuevos litigios contra la provincia.
En este marco, se refirió a la investigación por malversación de fondos de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. El escándalo político y judicial golpea al intendente de la UCR Bruno Cipolini, aliado del gobernador Zdero. La investigación se centra en operaciones financieras millonarias realizadas con recursos de la ciudad.
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La Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 de Sáenz Peña decidió archivar la denuncia que Pérez Pons había presentado contra Cipolini. Los fiscales consideraron que los hechos denunciados no son un delito, por lo que resolvieron cerrar las actuaciones. “Entonces uno después se pregunta: ¿por qué mandan esta ley?”, expresó el diputado al referirse a la decisión fiscal. De acuerdo a lo detallado por Perfil, también acusó a distintos actores de obstaculizar el avance del expediente, cuestionó vínculos entre funcionarios judiciales y el intendente y reiteró que buscará revertir el archivo.
En tanto, relacionó su sospecha con una contratación por $34.000 millones para modernizar la ATP. Según su exposición, una consultora había recibido previamente $1.800 millones por un informe y el procedimiento posterior favorecería al mismo grupo. A su vez, afirmó que las denuncias opositoras habían frenado la adjudicación y lanzó: “Entonces necesitan saber que, si adjudican, después alguien los va a proteger”.