En su última cadena nacional, en la que anunció su giro discursivo sobre la cuestión Malvinas, el presidente Javier Milei dijo, textual, que su gobierno presentó “más de 60 propuestas formales frente a acciones unilaterales del Reino Unido” y “cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas”. El Destape pidió copia de esos documentos a través de un pedido de acceso a la información pública. Pero el gobierno se negó a entregarlos y apenas contestó con el link a la cadena nacional y comunicados presidenciales.
La frase completa de Milei fue: “Durante los últimos tres años nuestro gobierno ha impulsado nuestro reclamo de soberanía a partir de la nueva relevancia geopolítica de nuestro país. Hemos obtenido 18 resoluciones y declaraciones de organismos y foros internacionales en apoyo a nuestro reclamo y presentado más de 60 propuestas formales frente a acciones unilaterales del Reino Unido”. Si esas propuestas existen, ¿por qué no darlas a conocer?
La otra frase fue: “La Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas”. Si esas 180 notas existen, ¿por qué rechazar el pedido de copia para publicarlas?
La funcionaria que obtura el acceso a esta información es Paola Iris Di Chiaro, Secretaria de Malvinas. Sigue en el cargo pese a que Nicolás Lantos reveló en El Destape que trabaja en la formación de dirigentes, diplomáticos, intelectuales, empresarios y otros perfiles del programa Chevening del Foreign Office, la cancillería británica.
El Destape hizo un pedido de acceso a la información pública en base a la ley 27.275. Una de las excusas que usan para bloquear la información es un decreto de Milei, el 780/2024. Allí modificó la reglamentación del acceso a la información pública y estableció que “las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público”.
Esta decisión de Milei es un problema evidente para la transparencia: impide conocer cómo se toman las decisiones públicas. Pero, además, no aplica a este caso, ya que según Milei son propuestas y notas de desaliento, no “deliberaciones” ni “papeles de trabajo” ni un “exámen preliminar”.
La excusa central para no entregar la información es que “la divulgación integral de documentos cuyo contenido se relaciona con cuestiones diplomáticas que se encuentran en curso de negociación en materia de soberanía y política exterior podría exteriorizar estrategias, posiciones, instrucciones, evaluaciones y líneas de negociación cuya publicidad anticipada resultaría susceptible de debilitar la posición negociadora de la REPÚBLICA ARGENTINA, condicionar el desenvolvimiento de las gestiones diplomáticas en curso y ocasionar un perjuicio concreto a los intereses nacionales cuya tutela corresponde a este Ministerio”.
¿Por qué pondría en riesgo la negociación la difusión de propuestas a Inglaterra? Menos aún las notas de intimación a empresas y estados. ¿Qué negociación hay ahí? Más bien la negativa a entregarlas sugiere que no existen.
Di Chiaro, la Secretaria de Malvinas que trabaja para la cancillería inglesa, afirma en su respuesta a El Destape que “la divulgación de dicha información presenta un riesgo concreto de afectar el desenvolvimiento y el resultado de las negociaciones diplomáticas actualmente vigentes y, consecuentemente, la conducción de la política exterior de la REPÚBLICA ARGENTINA y la defensa de los intereses vinculados con su soberanía”. “En consecuencia- concluye-, el acceso deberá circunscribirse a aquella información que revista carácter público y cuya divulgación no comprometa los intereses señalados”. La única respuesta fue el link a la Cadena Nacional y a los comunicados oficiales.