En un nuevo capítulo del giro soberanista del Gobierno por la causa Malvinas, la cancillería rechazó los cuestionamientos del Reino Unido respecto al recurso de arbitraje internacional interpuesto por la Argentina bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
La postura argentina responde a las recientes declaraciones de la subsecretaria parlamentaria británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien calificó la medida judicial como un intento de “socavar” los derechos de los habitantes de las Islas.
Frente a esa acusación, el Palacio San Martín sostuvo que someter una controversia a un tribunal internacional imparcial constituye “el acto más responsable que puede realizar un Estado” comprometido con el estado de derecho y la solución pacífica de conflictos.
Este cruce diplomático se produce en el marco del conflicto generado por el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, situado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago en la Cuenca Malvinas Norte. Dicho desarrollo, impulsado por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, contempla reservas estimadas en 1.700 millones de barriles de petróleo con previsiones de producción para el año 2028.
Tras la notificación formal enviada a Londres por el canciller Pablo Quirno luego del anuncio del presidente Javier Milei, la Argentina otorgó un plazo de dos semanas para detener las actividades petroleras unilaterales antes de solicitar medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo. El objetivo de este procedimiento arbitral está acotado a paralizar la extracción unilateral de hidrocarburos, sin juzgar sobre la cuestión de fondo de la soberanía territorial.
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En respuesta al argumento de la diplomacia británica, que asegura actuar “en plena conformidad con el derecho internacional”, la Cancillería argentina remarcó que, si el Reino Unido está verdaderamente convencido de la legalidad de sus actos, “nada tiene que temer de un tribunal”.
Asimismo, el comunicado recordó que ambos países son Estados Partes de la CONVEMAR y que, al ratificarla, aceptaron con carácter obligatorio las disposiciones de solución de controversias establecidas en su Parte XV. Al no coincidir las elecciones de foro de las partes —la Argentina optó por el TIDM y el Reino Unido por la Corte Internacional de Justicia—, el tratado dispone que el caso deba ser resuelto por un tribunal arbitral de cinco miembros constituido bajo el Anexo VII de la Convención.
El respaldo de las resoluciones de la ONU y la objeción a las acciones unilaterales
En el escrito oficial, la Argentina rebatió la apelación británica al principio de libre determinación de los pueblos al señalar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nunca aplicó dicho criterio a los actuales habitantes de las islas dentro de la disputa de soberanía.
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Al mismo tiempo, el documento ratificó el compromiso constitucional argentino de respetar el modo de vida de los isleños, conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. Del mismo modo, el Gobierno citó la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU, que insta a mantener negociaciones bilaterales, y la Resolución 31/49, la cual exige a las partes abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras el proceso permanezca abierto.
La Cancillería fundamentó que la exploración y explotación de recursos no renovables sin consenso representa precisamente una modificación unilateral en el área en disputa. Finalmente, la representación diplomática argentina lamentó las insinuaciones británicas que pretenden poner en duda la confiabilidad del país como socio internacional, destacando que la credibilidad se mide por el cumplimiento de los compromisos asumidos en tratados de los que ambos Estados forman parte.