El director de la Policía Minera de Catamarca, Luciano Federico Morcos, quedó en el centro de la polémica luego de que se conociera que aún figura como integrante de una consultora privada del sector, vinculada familiarmente con la ministra de Minería que lo designó en el cargo. Por el momento, la administración del gobernador Raúl Jalil no ofreció una explicación pública sobre esta posible incompatibilidad.
De acuerdo con información detallada por la Agencia Noticias Argentinas, el perfil profesional de Morcos indica más de once años de trabajo “hasta la actualidad” en la firma R&R Mediciones. Al mismo tiempo, el portal oficial del gobierno catamarqueño lo presenta como el responsable del organismo estatal encargado de fiscalizar higiene, seguridad y cumplimiento normativo en los proyectos mineros que operan en la provincia.
La investigación que realizó el medio Inforama, difundida el 2 de agosto, detalló que la compañía pertenece al ingeniero Carlos Regalado, hermano de la ministra de Minería provincial, Olga Teresita Regalado. La empresa se presenta como una consultora catamarqueña dedicada a brindar asesoramiento en seguridad, ambiente, calidad y otros estándares aplicables a la actividad extractiva.
Morcos, licenciado en Higiene y Seguridad, fue designado por Regalado tras la asunción de la ministra en enero de 2026. Previamente, se desempeñó como sumariante en el Poder Judicial, pero no se le conocen antecedentes públicos previos como fiscalizador minero estatal. La superposición entre su rol actual de control y su presunto vínculo con una consultora del rubro enciende alertas sobre la independencia del organismo.
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El Código de Procedimientos Mineros de Catamarca, Ley N°5.682, incorpora a la Policía Minera entre las funciones centrales de la autoridad de aplicación y le asigna al área ambiental la supervisión continua de los emprendimientos. No se trata de un cargo simbólico: es el organismo que debe resguardar el interés público frente a los intereses económicos de las operadoras y sus proveedores.
En este contexto, voces de la oposición y de organizaciones sociales reclaman que la administración de Jalil aclare si Morcos se desvinculó formalmente de R&R Mediciones antes de asumir la dirección, en qué fecha lo hizo y si presentó una declaración jurada de intereses donde consten sus antecedentes laborales y vínculos comerciales.
Incompatibilidades, protocolo de seguridad y rol del Estado
Los registros en una red profesional no alcanzan para probar que Morcos continúe cobrando honorarios, prestando servicios o participando de las decisiones internas de R&R Mediciones. También es posible que el perfil no haya sido actualizado. Por el momento, no hay información pública que demuestre que la firma haya recibido beneficios concretos por decisiones de la Dirección de Policía Minera.
Sin embargo, especialistas en transparencia y gestión pública advierten que la falta de evidencia penal no elimina el problema institucional. El titular de la Policía Minera es quien encabeza el área encargada de inspeccionar las condiciones laborales y ambientales de las compañías que podrían contratar servicios en el mismo campo en el que opera la consultora ligada a su antiguo empleador y al hermano de su superior política.
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