El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, fue denunciado ante la Justicia federal por presuntas irregularidades en el manejo de fondos nacionales destinados a la construcción del Gasoducto Troncal Lavalle Catamarca. La presentación cuestiona un acuerdo alcanzado entre la Provincia y la empresa MEGA, que había sido contratada para ejecutar la obra y que, tras incumplimientos, terminó con el contrato rescindido.
Según la denuncia, el Gobierno provincial habría aceptado reducir sustancialmente el monto que la constructora debía afrontar. La presentación sostiene que una multa originalmente fijada en $1.963 millones, que actualizada por inflación superaría los $6.800 millones, terminó siendo parte de un acuerdo por el cual MEGA aceptó pagarle a Catamarca apenas $301 millones. Los denunciantes pidieron investigar posibles delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública.
La obra había sido adjudicada en agosto de 2022 a MEGA para la construcción del Gasoducto Troncal Lavalle Catamarca. El proyecto tenía un presupuesto original de $4.560 millones y se financiaba con fondos nacionales transferidos específicamente para ese objetivo.
En julio de 2023, la Provincia desembolsó a la empresa un anticipo financiero de $454 millones, respaldado por una póliza de caución. Sin embargo, la ejecución del proyecto quedó envuelta en incumplimientos. Ese mismo año, el Gobierno catamarqueño aplicó a MEGA una multa de $1.963 millones y, en abril de 2024, decidió rescindir el contrato.
La empresa llevó la controversia a la Justicia y el conflicto permaneció abierto hasta que este año el Gobierno de Jalil avanzó con un acuerdo conciliatorio. De acuerdo con la denuncia, MEGA desistió de las acciones judiciales y aceptó pagarle a la Provincia $301 millones. A cambio, Catamarca renunció a los reclamos contra la constructora, incluida la multa, y asumió el compromiso de liberar las garantías vinculadas al contrato.
Ese acuerdo es el eje de la presentación judicial. Los denunciantes cuestionan tanto el monto final como el procedimiento utilizado para determinarlo. Según el escrito, el expediente administrativo no contiene una evaluación económica que permita establecer cuál era la conveniencia para el Estado provincial de aceptar el arreglo.
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La denuncia sostiene además que el monto de $301 millones habría circulado entre distintos organismos de la administración sin que quedara debidamente explicado cómo se llegó a esa cifra. Para los denunciantes, esa ausencia de una evaluación económica resulta particularmente relevante porque el acuerdo implicó desistir de reclamos millonarios contra la empresa.
El escrito realiza también una actualización de los valores involucrados. Según la presentación, los $454 millones entregados como anticipo en 2023 equivaldrían a unos $3.079 millones en agosto de 2026. Del mismo modo, la multa de $1.963 millones aplicada a MEGA en 2023 alcanzaría, bajo ese criterio de actualización, alrededor de $6.821 millones.
De esta manera, la denuncia contrapone esos valores con los $301 millones que la empresa aceptó pagar en el acuerdo conciliatorio. La diferencia es uno de los principales elementos utilizados por los denunciantes para pedir que se investigue si el Estado provincial sufrió un perjuicio económico.
El financiamiento del gasoducto
Otro de los puntos centrales de la presentación es el origen de los recursos utilizados para financiar el gasoducto. El convenio establecía que se trataba de fondos nacionales transferidos específicamente para la ejecución de la obra y contemplaba mecanismos de rendición. También establecía, según la denuncia, que los recursos que no fueran aplicados debían ser reintegrados.
A partir de ese punto, los denunciantes sostienen que la Provincia no podía disponer de esos fondos como si se tratara de recursos provinciales de libre disponibilidad una vez que el proyecto quedó frustrado. Esa cuestión fue utilizada como fundamento para recurrir a la Justicia federal.
La presentación también cuestiona el rol de los organismos de control que intervinieron en el expediente. Según el escrito, la Fiscalía de Estado consideró que la evaluación de la conveniencia económica del acuerdo excedía sus competencias, mientras que la Asesoría General de Gobierno habría sostenido que tampoco le correspondía realizar ese análisis. Para los denunciantes, el resultado fue que no quedó incorporada al expediente una evaluación económica integral sobre el impacto del acuerdo para las arcas públicas.
La denuncia alcanza, además de Jalil, a Nicolás Rosales Matienzo, fiscal de Estado; Alberto Kozicki, exministro de Agua, Energía y Medio Ambiente; Marcos Rodolfo José Denett, exfiscal de Estado; y Alberto Adolfo Natella, ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia.
El caso ya había generado presentaciones en la provincia. La denuncia señala que el 9 de septiembre cuatro diputados provinciales acudieron a la Fiscalía General de Catamarca por la situación vinculada con la misma obra. La nueva presentación busca que el fuero federal analice específicamente el posible perjuicio sobre fondos nacionales.
Entre las medidas solicitadas figuran la preservación de los expedientes administrativos, la reconstrucción del movimiento de los fondos nacionales transferidos para la obra, una pericia contable y la determinación del valor actualizado del anticipo y de la multa aplicada a MEGA.