La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por la noche una nueva la Ley de Discapacidad impulsada por el gobierno de Javier Milei pero con importantes cambios de último minuto negociados por la oposición. La iniciativa fija la pensión por discapacidad en el 70% del haber mínimo jubilatorio y permite cobrarla junto con un trabajo formal. También crea un sistema de auditorías cruzadas y un piso para el presupuesto del área.
El dictamen de mayoría, denominado "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad", toma en cuenta prácticamente todo el esquema de beneficios plasmados en la ley 27.793 sobre Discapacidad pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad. Hubo 237 votos positivos, 9 en contra y 4 abstenciones, y de esta manera, pasará al Senado para obtener media sanción y convertirse en ley.
Durante toda la tarde y noche, referentes de Unión por la Patria negociaron con La Libertad Avanza cambios que mejoren el proyecto del Gobierno, aunque en sus exposiciones en el recinto dijeron que esperan que el Gobierno "cumpla" con lo prometido y haga cambios en el apartado de Discapacidad del Presupuesto 2027, como acordaron.
"No voy a festejar hasta que vea que el gobierno cambie lo que prometió en el Presupuesto 2027", advirtió, por ejemplo, la diputada pampeana Varinia Marín. En esa línea, reivindicó a las familias y al colectivo de discapacidad y afirmó que "lo justo hubiese sido negociarlo con las personas involucradas presentes" y no con "un lobby en el Congreso".
Qué establece el proyecto de ley de Discapacidad
Denominado "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad", el proyecto del oficialismo toma el esquema de beneficios de la ley 27.793 sobre Discapacidad, pero le saca el carácter de emergencia a la norma. En concreto, impulsa:
- Pensión no contributiva: sustituye el artículo 9 de la Ley 13.478. La pensión por invalidez laboral o discapacidad, con Certificado Único de Discapacidad (CUD), equivaldrá al 70% del haber mínimo del SIPA y se actualizará de forma periódica.
- Compatibilidad con el empleo: se podrá cobrar la pensión con ingresos de trabajo registrado o monotributo, siempre que no superen dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
- Suspensión y rehabilitación: si se supera ese tope, la pensión se suspende de manera provisoria y no se da de baja. Al terminar el empleo o bajar los ingresos, el titular puede pedir la rehabilitación inmediata.
- Auditorías cruzadas: la Secretaría Nacional de Discapacidad controlará de forma permanente los datos de ANSES, ARCA, SINTyS, ReNaPer y otros organismos. Ante inconsistencias, se podrá suspender el beneficio de manera preventiva con notificación previa. El titular tiene derecho a defensa y puede pedir la rehabilitación provisoria mientras se revisa su caso.
- Prestadores: se ratifica el arancel unificado y actualizado del artículo 7 bis de la Ley 24.901.
- Empleo y capacitación: se mantienen las contribuciones patronales reducidas para quienes contraten de forma permanente a personas con discapacidad (artículo 87 de la Ley 24.013). El personal de las entidades del Sistema de Prestaciones Básicas deberá recibir formación obligatoria sobre derechos y trato no discriminatorio.
- Derogación: el artículo 17 deroga toda norma que se oponga al proyecto.
- Fin de la emergencia: el proyecto no prorroga la Emergencia Nacional en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre de 2026.
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Qué cambios aceptó el oficialismo y qué cuestionó en el debate
El dictamen oficialista había reunido 42 firmas con el apoyo del PRO, la UCR y otros aliados, mientras que el peronismo, Provincias Unidas y la izquierda sumaron 36 para sostener la prórroga de la emergencia. Para destrabar el debate en el recinto, La Libertad Avanza negoció con los bloques aliados, encabezados por Oscar Herrera Ahuad.
Si bien la oposición buscaba prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad que se encuentra vigente, el gobierno logró negociar cambios para destrabar el proyecto. Entre los cambios que circularon figuran que quienes cobran otra prestación, como la AUH, no queden excluidos de la pensión, aunque no podrían acumular dos beneficios iguales.
También buscaban garantizar la cobertura de prestaciones y medicamentos para los actuales titulares y fijar un cronograma de pago a prestadores: 30 días para notificar y 90 para cobrar las deudas.