El Congreso activó la investigación por la fuga de dólares y apunta contra funcionarios M: pedidos al BCRA y la UIF

La comisión bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa exige detalles sobre la fuga de U$S 86 mil millones que facilitó el gobierno de Mauricio Macri. El acuerdo con el FMI y los funcionarios que están en la mira.

26 de mayo, 2020 | 17.57

El Congreso activó este martes la investigación sobre la fuga de U$S 86 mil millones dólares que facilitó el Gobierno de Mauricio Macri. La comisión bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa aprobó que se solicite al Banco Central, a la UIF y al Ministerio de Economía precisiones respecto al proceso por el cual se sacó semejante suma de dinero del sistema financiero. Tal como adelantó El Destape, la pesquisa apunta a los fugadores y a distintos funcionarios que intervinieron en la política económica y monetaria durante la gestión de Cambiemos. Si los resultados de la investigación dejan entrever posibles delitos, los legisladores acudirán a la Justicia.

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Con 12 votos a favor y 6 en contra, el oficialismo logró impulsar el pedido de informes al BCRA y otras autoridades competentes para investigar el proceso de endeudamiento externo que se llevó adelante entre 2015 y 2019 y su vinculación con la descomunal fuga de divisas. El disparador de esta iniciativa fue el informe del Banco Central (BCRA) “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, donde se expusieron los movimientos de fuga de capitales.

Tras horas de debate, los diputados y senadores de la comisión resolvieron enviar tres notas: una al BCRA, otra a la Unidad de Información Financiera (UIF) y la restante al Ministerio de Hacienda. Concretamente, se unificarán los pedidos de informe que habían presentado el senador Oscar Parrilli y la senadora María de los Ángeles Sacnun. ¿Qué información se requiere? Conocer al detalle quiénes fueron “los tomadores de deuda” y quiénes “se beneficiaron con la fuga de capitales” durante el gobierno anterior. 

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Tal como se desprende del requerimiento que presentó Parrilli, se pretende analizar las responsabilidades de los funcionarios actuantes sobre “las medidas o disposiciones adoptadas” desde el Estado que facilitaron esa fuga así como la de “instituciones bancarias o financieras”. También se pone foco en los operadores del “mercado cambiario y de valores”. La mira está puesta en quienes “hayan tenido la intención de obtener un beneficio económico para sí o para perjudicar a un tercero”

Durante la reunión de comisión, que se realizó de forma virtual, el diputado Rodolfo Tailhade hizo una enumeración de funcionarios que pudieron haber tenido responsabilidad en todo este proceso. Mencionó a Luis Caputo, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger, Luis María Blaquier , Marcelo Blanco, Pablo Pereyra Iraola, Demian Reidel, Agustín Collazo, Ariel Sigal y Gustavo Cañonero, entre otros. “Hay que revisar con detalles su desempeño funcional”, indicó el diputado durante el encuentro.

¿Por qué se decidió enviar una nota también a la unidad anti-lavado? Porque los legisladores quieren saber si existieron Reportes de Operaciones Sospechosas en el marco de todo esto proceso. 

Entre otros puntos, también se quiere conocer el contenido del memorándum de entendimiento entre la Argentina y el FMI por el préstamo más grande en la historia del organismo, que no pasó por el Congreso. "El gobierno de Mauricio Macri no solo tomó deuda sin pasar por el Poder Legislativo, sino que la respuesta del Palacio de Hacienda fue que no era necesario ningún dictamen jurídico", resaltó Sacnun.

Apoyaron la propuesta de los senadores Parrilli y Sacnun, el presidente de la comisión, José Mayans, y sus compañeros en la cámara Alta, Adolfo Rodríguez Saá, Maurice Closs, Matías Rodríguez y Alberto Weretilnek. También respaldaron la iniciativa los diputados Itai Hagman (secretario de la comisión), José Luis Gioja, Carlos Heller, Rodolfo Tailhade y Fernanda Vallejos. Como era de esperar, la propuesta fue rechazada por los representantes de Juntos por el Cambio. 

El abanderado del rechazo fue el diputado Luciano Laspina. Lo acompañaron en el reclamo, su compañero de bloque Ricardo Buryaile y los senadores Alfredo de Angeli y Esteban Bullrich, entre otros. Reclamaban que se extendiera el plazo de análisis de la deuda al 2011, para incorporar los años del kirchnerismo.

Ante el planteo opositor, Mayans, criticó: “Hay algunos que pretenden entorpecer la investigación que estamos haciendo” y denunció que el objetivo de la oposición era “romper las reuniones” para evitar que se sepa qué pasó en los últimos cuatro años. “Hay una diferencia abismal”, sostuvo Mayans, entre las políticas públicas neoliberales y las de los gobiernos peronistas como el de Alberto Fernández. “Nuestras políticas siempre tendieron al desendeudamiento de la República Argentina”, reseñó.

En pleno cruce entre oficialistas y opositores, Parrilli mencionó que el blanqueo de capitales que se realizó durante el gobierno de Macri “también ayuda a ver quiénes fugaron divisas de manera ilegal, entre ellos, el hermano del presidente de la Nación”. “No hacemos un juicio de valor, eso ya lo hizo el pueblo argentino, sino que investigamos qué ocurrió con esta fenomenal deuda que nos dejó la gestión que se desempeñó entre 2015 y 2019 y si en realidad esa plata que ingresó al país no fue para obras ni para pagar sueldos sino para fugar capitales”, añadió.

Requerimiento

En el requerimiento que presentó Parrilli este martes, se considera “imprescindible conocer las medidas bancarias y/o cambiarias dispuestas” durante el macrismo “a efectos de establecer las responsabilidades de los funcionarios actuantes por las políticas adoptadas y la total liberación o apartamiento de cualquier restricción, no solo para la formación sino para la fuga”.  

En la misma sintonía, se piden “los nombres y datos identificatorios de los fondos y sus integrantes y de las entidades financieras actuantes a efectos de analizar posibles vínculos con los funcionarios que han tomado las medidas económicas y posibles maniobras delictivas o de asociación ilícita para producir la fuga de capitales”. También se apunta a las empresas que fugaron.

Entre otras cosas, en el escrito se resalta que es “necesario conocer la composición del total del monto denunciado por el informe (del BCRA) de U$S 86,2 mil millones como déficit tal cual lo menciona el anexo en su cuadro a ‘flujos cambiarios 2016-2019’ denominado ‘formación de activos externos del sector privado no financiero’, es decir las compras netas de billetes en moneda extranjera para tenencia y para transferencia a cuentas propias en el exterior”.

Una fecha clave para los senadores que impulsaron este martes el requerimiento presentado por Parrilli es el 25 de abril de 2018. Ese día hubo un desarme de posiciones en acciones y bonos y el BCRA conducido entonces por Federico Sturzengger llegó a vender más de U$S 1.200 millones para intentar contener el dólar (entre marzo y abril de aquel año, el Central se deshizo de más de U$S 4.500 millones). En la comisión de seguimiento de deuda entienden que ese 25 de abril hubo un punto de quiebre. Por eso también “se requerirán los datos, nombres y razones sociales de las personas que intervinieron en la operación de cambios y/o formación de activos externos por la suma de aproximadamente U$S1.200 Millones” en aquella fecha y “respecto de los días en que se efectuaron las mayores transferencias de activos externos al exterior; como también los movimientos posteriores del informe, es decir, post octubre 2019 hasta la fecha actual”.

Los senadores solicitaron que la información les sea brindada en un plazo de 15 días.
 

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