La Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno de Javier Milei para no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y dejó firme las cautelares que obligan al Estado nacional a pagar al personal docente y no docente. También se obliga al Poder Ejecutivo a cumplimentar el fondo de becas para alumnos. Los gremios docentes ahora esperarán recibir alrededor de 30% de aumento, sin contar el último acuerdo paritario de inicios de junio.
La resolución está firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Al trascender la posición de la Corte, autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) celebraron el fallo y agradecieron el acompañamiento que tuvo el reclamo por parte distintos actores de la sociedad. "Luchar por lo correcto siempre vale la pena", escribió el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.
El máximo tribunal emitió dos resoluciones en el marco de la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el decreto 759/25, con el que el gobierno de Milei quiso suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley. En concreto, estos artículos hacen referencia a las actualizaciones salariales al personal docente y no docente, y la recomposición de las becas estudiantiles. El argumento de la Corte para rechazar la apelación del Ministerio de Capital Humano es que sus recursos presentados no se dirigían contra una sentencia definitiva.
Cómo impactará en el salario docente
Hace pocos días, el Gobierno nacional anunció que transferirá fondos para aumentar en un 24,33% los salarios de docentes y no docentes a las más de 60 universidades nacionales: un 21,33% en junio y otro 3% en octubre. Pese a estos aumentos ya acordados, los artículos de la ley que dejó firme la Corte obliga al Gobierno a recomponer el salario docente desde diciembre de 2023.
"Si uno calcula lo que se otorgó y se acordó en esta paritaria y lo que dejó la Corte en pie, que es la cautelar con respecto a salario y becas, todavía falta alrededor de un 30% de aumento", señaló el docente y secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba), Emiliano Cagnacci.
Para el dirigente gremial, el Gobierno de Milei llegó "a la última instancia judicial" y ahora solo le queda aceptar la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada dos veces por el Congreso tras el veto presidencial. "El Gobierno ya no tiene más artimañas legales para no actualizar salario", agregó.
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