En una jornada marcada por la incertidumbre y el reclamo de estabilidad laboral, los trabajadores e investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) se concentran este miércoles en la sede del Polo Científico Tecnológico. La medida de fuerza surge como una respuesta urgente ante la inminente pérdida de ingresos y continuidad de unos 400 investigadores posdoctorales, cuyos contratos y becas se encuentran en un limbo administrativo que el Gobierno nacional parece no tener intención de resolver.
La protesta, que se inicia a las 10 de la mañana en el barrio de Palermo, coincide con una reunión clave del Directorio del organismo, considerada por las bases como una de las últimas oportunidades para destrabar un conflicto que amenaza con desmantelar líneas de investigación fundamentales. El núcleo del reclamo es concreto: se exige la prórroga inmediata de las becas hasta que se publiquen los resultados de la Convocatoria CICYT 2025. Se trata de profesionales que dedicaron aproximadamente ocho años de formación intensiva al sistema científico estatal y que ahora quedan a la deriva por falta de voluntad política.
Un ajuste que ignora el valor del conocimiento
Para evitar la interrupción de estos trabajos, el sector científico estima que se requiere una partida presupuestaria de entre 2.000 y 3.000 millones de pesos, una cifra que, en términos macroeconómicos, resulta marginal. Sin embargo, la decisión final recae sobre la Jefatura de Gabinete que comanda Diego Santilli, quien recibió cartas abiertas de los afectados sin que hasta el momento se vislumbre una solución. Desde el entorno del gobierno de Javier Milei, la postura es de una dureza absoluta.
Fuentes cercanas a la administración libertaria indicaron a NA que "no hay fondos disponibles" y, en un análisis cargado de cinismo político, sostienen que el reclamo de los científicos "no mueve el amperímetro" de la opinión pública, a diferencia de lo que ocurrió con las protestas en el Hospital Garrahan. Esta lógica gubernamental sugiere que el ajuste se profundizará allí donde el costo político se perciba como menor, postura que ignora el daño a largo plazo que significa la fuga de cerebros y el vaciamiento del sistema tecnológico.
El conflicto no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un escenario de degradación generalizada de la ciencia en Argentina. El sector padece remuneraciones que perdieron drásticamente su poder adquisitivo, falta de presupuesto para el funcionamiento básico de los laboratorios y graves deficiencias en la cobertura de salud de los trabajadores. En este escenario, cinco de los ocho integrantes del Directorio del CONICET firmaron una declaración respaldando el pedido de los investigadores, el Poder Ejecutivo mantiene el cerrojo presupuestario.
Este clima de tensión ya derivó en episodios de violencia: semanas previas, las tomas temporales de edificios y los cortes de calle fueron recibidos con despliegues de fuerzas de seguridad que generaron momentos de extrema fricción en la vía pública. Mientras el respaldo a los científicos crece desde universidades, centros internacionales y bloques opositores como Unión por la Patria y el FIT-U, la gestión de Milei parece decidida a resistir la protesta social a fuerza de indiferencia y ajuste, poniendo en jaque el futuro del desarrollo nacional.
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