Pese al receso legislativo, la oposición en el Congreso continúa planificando cómo bajar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei que reforma la ley de Inteligencia. El peronismo en el Senado presentó un proyecto para derogar el texto redactado por el Presidente, que busca empoderar a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y desregula su accionar.
Tal como se había adelantado en El Destape, el senador del bloque Justicialista Jorge Capitanich presentó un proyecto de ley para derogar el DNU. "Esta reforma extiende las actividades encubiertas en clara contradicción con la narrativa oficial de 'libertad', pues reafirma el control estatal sobre las garantias individuales", señaló el texto al que pudo acceder este medio.
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"Este decreto consolida un sistema de vigilancia estatal sobre los argentinos y argentinas, vulnerando el principio republicano y los mecanismos de control democrático mediante la concentración de poder y la habilitación de abusos de autoridad. Representa un ataque a la estructura institucional de nuestro país, a las competencias del Congreso y, especialmente, a los derechos de cada uno de los ciudadanos en materia de privacidad y resguardo de su información", concluyó.
A partir de publicación del DNU, la Bicameral de Trámite Legislativo tiene diez para tratarlo. A partir de ahí, cualquiera de las dos cámaras puede tratar el decreto.
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Voces del peronismo en la Cámara alta afirmaron que dialogan "con la idea de sumar votos para derogarlo". De todos modos, advierten un escenario complicado. "Los gobernadores que apoyan cualquier locura", se quejó la fuente.
La aprobación del presupuesto 2026 mostró, por un lado, que los bloques de LLA están más nutridos, y, por otro, la labor de la Casa Rosada sosteniendo a los bloques satélites y aliados (como el PRO y la Unión Cívica Radical), pero también trabajando a los gobernadores que manejan a sus legisladores.
En Diputados también se reportaron conversaciones opositoras para voltear el DNU si entra al recinto. Por la vía administrativa, el bloque de Unión por la Patria exigió que se convoque a extraordinarias para bajar el DNU que empodera y limita el control de la SIDE, mientras que Provincias Unidas pidió que la vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, llamen a conformar las comisiones Bicamerales de Trámite Legislativo y la de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia.
Ni la bicameral de Trámite Legislativo ni la de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia están conformadas. Esta última sigue activa, aunque sin los miembros que dejaron sus bancas por el recambio legislativo. Voces que transitan los pasillos del Senado desconocieron si hubo contactos entre este cuerpo parlamentario y la Casa Rosada por el DNU.
Por fuera de la vía del Poder Legislativo, se presentaron dos amparos ante la justicia. El primero fue impulsado por los diputados nacionales Esteban Paulón (Provincias Unidas), Maximiliano Ferraro y Mónica Frade (Coalición Cívica) en el que plantean la inconstitucionalidad del DNU. Según puntualizaron, el decreto "no invoca ninguna situación de urgencia real y además legisla sobre materia penal, algo expresamente vedado por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución”.
El segundo, presentado por los ex diputados Leopoldo Moreau, Ricardo Alfonsín, Federico Storani, Luis "Changui" Cáceres, Eduardo Santín, Manuel Garrido y Ricardo Terrile, pide declarar la inconstitucionalidad del texto, la suspensión de parte de su articulado y advierten que a través de un per saltum podrían solicitar a la Corte Suprema de Justicia que intervenga.
