El conflicto salarial entre el Gobierno de Leandro Zdero y los trabajadores judiciales de Chaco volvió a escalar y sumó un nuevo frente de tensión: el Superior Tribunal de Justicia dispuso descuentos de haberes para quienes adhirieron al paro del 18 de septiembre, mientras los gremios convocaron a una nueva huelga de 48 horas para rechazar el proyecto de Ley 2141/26, enviado por el Ejecutivo a la Legislatura. La iniciativa modifica el régimen de remuneraciones establecido por la Ley de Porcentualidad 468-A y es cuestionada por los sindicatos.
La decisión de aplicar descuentos profundizó una disputa que tiene como eje la política salarial del Poder Judicial chaqueño y el alcance del régimen de remuneraciones. En este contexto, la Intergremial Judicial del Chaco convocó a un nuevo paro para el jueves 24 y viernes 25 de septiembre, acompañado por movilizaciones en distintas circunscripciones de la provincia.
La primera jornada será el jueves 24 desde las 10.30, con retiro de los lugares de trabajo y movilización. La concentración central está prevista en las Torres Civiles de Resistencia, mientras que en el interior los trabajadores se manifestarán frente a las dependencias judiciales locales. El viernes 25, en tanto, los sindicatos realizarán un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo en todo el ámbito del Poder Judicial chaqueño.
Además del rechazo al proyecto enviado por el Ejecutivo, los sindicatos solicitaron que se investigue y resuelva el planteo de inconstitucionalidad e inconvencionalidad que formularon contra el accionar del Tribunal Ad-Hoc y otros funcionarios vinculados con la elaboración de la normativa. Entre sus reclamos también figura el artículo 9 de la Ley 3424-A, cuya reglamentación y aplicación inmediata exigen los trabajadores. Ese artículo contempla el cálculo y la incorporación gradual de la diferencia salarial entre el cargo testigo de juez de Cámara del Chaco y la media nacional.
De esta manera, la disputa dejó de concentrarse únicamente en la recomposición salarial y pasó a involucrar también las reglas con las que se define la estructura de remuneraciones del Poder Judicial. El rechazo sindical al proyecto oficial y la decisión de descontar los días de paro agregaron nuevos puntos de conflicto a una negociación que ya venía marcada por el reclamo de actualización de los salarios.
Un diputado denunció que Zdero busca aumentarle el sueldo a los jueces para obtener blindaje judicial
El diputado provincial y exministro de Economía, Santiago Pérez Pons, advirtió que la iniciativa podría servir para obtener protección judicial frente a denuncias contra funcionarios y dirigentes oficialistas.
Pérez Pons cuestionó que el Ejecutivo proponga una recomposición para magistrados mientras, según denunció, mantiene restricciones salariales para otros trabajadores estatales. También sostuvo que la iniciativa produciría un “desenganche” de los empleados judiciales y de organismos con remuneraciones equiparadas, con riesgo de nuevos litigios contra la provincia.
En este marco, se refirió a la investigación por malversación de fondos de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. El escándalo político y judicial golpea al intendente de la UCR Bruno Cipolini, aliado del gobernador Zdero. La investigación se centra en operaciones financieras millonarias realizadas con recursos de la ciudad.
La Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 de Sáenz Peña decidió archivar la denuncia que Pérez Pons había presentado contra Cipolini. Los fiscales consideraron que los hechos denunciados no son un delito, por lo que resolvieron cerrar las actuaciones. “Entonces uno después se pregunta: ¿por qué mandan esta ley?”, expresó el diputado al referirse a la decisión fiscal. De acuerdo a lo detallado por Perfil, también acusó a distintos actores de obstaculizar el avance del expediente, cuestionó vínculos entre funcionarios judiciales y el intendente y reiteró que buscará revertir el archivo.
En tanto, relacionó su sospecha con una contratación por $34.000 millones para modernizar la ATP. Según su exposición, una consultora había recibido previamente $1.800 millones por un informe y el procedimiento posterior favorecería al mismo grupo. A su vez, afirmó que las denuncias opositoras habían frenado la adjudicación y lanzó: “Entonces necesitan saber que, si adjudican, después alguien los va a proteger”.