Tras la finalización del encuentro del Consejo del Salario Mínimo, en el cual el sector empresarial presentó una propuesta de incremento salarial del 1,8% para septiembre y un 1,7% mensual desde octubre hasta abril, el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza el rol del organismo. El dirigente gremial afirmó que el esquema actual desvirtúa la función original de la institución y sostuvo que “este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio”.
Para el referente de los estatales, el Consejo debería funcionar como un espacio de negociación colectiva para aquellos sectores laborales que carecen de representación formal, señalando que la falta de un piso salarial digno “deja desprotegidos al 40% de los trabajadores”.
En ese sentido, apuntó que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) quedó completamente desfasado frente al costo de vida actual al asegurar que “el SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación”. Esta situación se torna crítica si se contrasta con las últimas estadísticas oficiales del INDEC, que establecen la línea de pobreza en la Argentina en $1.564.716 y la de indigencia en $708.016.
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Aguiar también criticó fuertemente el funcionamiento del diálogo tripartito entre sindicatos, cámaras empresarias y el Poder Ejecutivo. Según el líder de ATE, “el Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena” debido a que “hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno”.
En su visión, la entidad fue cooptada por los grandes empresarios con el único fin de avalar decisiones previamente pactadas con la administración pública. Asimismo, advirtió sobre el riesgo de continuidad del sistema bajo el actual contexto: “Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer”.
El gremialista se refirió a la propuesta del Poder Ejecutivo de fijar un salario mínimo garantizado de un millón de pesos para los convenios del sector privado. Según denunció, esta medida no representa una mejora real generalizada, sino que “el Gobierno acaba de inventar un salario mínimo paralelo con el objetivo de frenar la actualización de las asignaciones sociales como la AUH y otros programas” de asistencia estatal.