El giro del Gobierno de Claudio Poggi hacia la promoción de la minería metalífera encendió nuevas advertencias en San Luis. El Programa Institucional Transdisciplinario Socioambiental (PITSA) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) expresó su preocupación por el avance de esta actividad y advirtió que supone una "amenaza directa al agua" de la provincia.
El planteo fue realizado por integrantes del programa, creado en 2021 para integrar distintas áreas de conocimiento vinculadas con las problemáticas ambientales y sociales de la región. Su coordinador general, el doctor Antonio Mangione, señaló que la agenda provincial atraviesa un “viraje explícito” hacia la promoción de la minería metalífera, una orientación que ya generó cuestionamientos de organizaciones y asambleas socioambientales.
Uno de los principales puntos señalados por el PITSA es la situación hídrica de San Luis. Por sus características climáticas y geográficas, la provincia enfrenta una particular sensibilidad frente a cualquier actividad que pueda afectar sus fuentes de agua.
En ese contexto, el programa universitario advirtió que la expansión de la minería metalífera genera interrogantes sobre la protección de las cuencas y el manejo sustentable del recurso.
Poggi sostuvo que la actividad minera podría avanzar siempre que no contamine el agua. Sin embargo, desde el PITSA plantearon reparos frente a ese criterio y señalaron que las garantías ambientales pueden quedar tensionadas cuando se producen modificaciones regulatorias que flexibilizan los mecanismos de control.
La preocupación no se limita a San Luis. Desde el programa universitario observaron con atención el escenario regional y nacional, donde identifican procesos de desregulación que podrían modificar las herramientas disponibles para proteger bienes naturales.
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Advertencias sobre la flexibilización ambiental
El PITSA también vinculó el debate provincial con las modificaciones impulsadas a nivel nacional. En particular, mencionó el DNU 70/2023 y otros proyectos legislativos que, según su interpretación, avanzan sobre distintas regulaciones vinculadas con el territorio, los recursos naturales y la propiedad de la tierra.
Para el programa, este escenario puede incrementar la vulnerabilidad de las poblaciones y generar mayores riesgos para quienes viven en territorios donde se desarrollan actividades extractivas.
La discusión adquiere una dimensión particular en San Luis, donde el Gobierno provincial comenzó a mostrar una mayor apertura hacia proyectos de minería metalífera. La posibilidad de desarrollar esa actividad plantea así un debate que excede la cuestión económica y alcanza directamente la protección ambiental y la disponibilidad de agua.
Mangione cuestionó además la forma en que las políticas ambientales son abordadas desde los gobiernos. Según sostuvo, los aspectos vinculados con el ambiente suelen aparecer en los discursos oficiales como objetivos generales, pero sin modelos de gestión concretos capaces de prevenir los impactos.
Desde el PITSA señalaron que, en el mejor de los casos, las políticas terminan concentrándose en acciones posteriores al daño, en lugar de priorizar mecanismos preventivos.