Mentir la democracia

24 de agosto, 2020 | 10.03

Hay algo que siempre me llamó la atención: ¿Por qué si los gobiernos encabezados por el peronismo tienen muchas políticas para ser observadas, las críticas se concentran en dimensiones no políticas (“son soberbios”) o directamente falaces (“están llevando adelante una política comunista”)? No digo que todas las críticas realizadas puedan ser catalogadas con estos dos criterios, pero lo que se observa es que el énfasis está puesto en las que antes se mencionaron. La presidencia de Alberto Fernández, que atraviesa su noveno mes de mandato, ha conocido esta realidad inmediatamente; la oposición decidió no otorgarle ningún plazo razonable para evaluar sus políticas. Esto no es nuevo, se puede construir una genealogía que nos lleva al presente. Perón fue acusado simultáneamente de nazi, fascista y comunista. Le endilgaron romper el orden jerárquico de la tradición sublevando a las clases populares, alentar una política económica excesivamente estatista, pero en 1955, año del golpe que lo derrocó, la oposición radical lo acusaba de entreguista por haber firmado un contrato con la empresa petrolera norteamericana Standard Oil. Volvimos a presenciar una práctica semejante contra los gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández: desde “se viene el zurdaje” hasta un péndulo que se movía a “son señores feudales”. Una revista puso en una foto del ex presidente los rasgos de Hitler, mientras que siempre, hasta el día de hoy, nos llevan directamente al chavismo. Y desde luego supuestos atributos personales fueron puestos como acciones de gobierno: “son soberbios”.  Las acciones de gobierno podían ser calificadas de un tipo y su contrario al mismo tiempo sin que eso afectara la coherencia del discurso, crítico, emitido; o en todo caso tienden a prescindir de esa premisa que todo argumento político debería tener. Probablemente omitan la coherencia interna del discurso porque los receptores de él no la precisan. El peronismo es calificado por el antiperonismo, mucho antes de entrar en acción. Un recordado texto de Nicolás Casullo de 2007 lo advertía: “El fantasma del Populismo” genera muchos más recaudos que un difuso y desconocido comunismo, que nunca pisó seriamente estas tierras. El antiperonismo es una identidad política arraigada en nuestra sociedad, con tradición y reproducción y es un muchas ocasiones la principal vara para juzgar a un gobierno peronista. Eso quiere decir que la carga de prejuicios y sentencias sobre este, serán parte principal de la visión. Para el antiperonismo el principio de no contradicción de Parménides (una cosa puede ser o no ser, pero no puede ser y no ser al mismo tiempo) parece desplazado a la hora de emitir una crítica hacia el objeto de su obsesión. 

“¿Cuánto demora esto en estallar?” Un Ernesto Sanz del que no teníamos noticias desde hace algunos años, emergió esta semana con semejante declaración; parece que no quedan rastros del radicalismo propenso a colaborar con un gobierno en medio de una pandemia y con un presidente al que Mario Negri llamó en el mes marzo “nuestro comandante”. La frase del ex senador, fue pronunciada días después que la ex ministra macrista Patricia Bullrich afirmara que “hoy nosotros podemos volver a ser gobierno”, luego de la marcha del sábado último en el obelisco. El hecho de que sean dos referentes principales de los partidos que forman la coalición Juntos por el Cambio, ¿debería generarnos alguna inquietud? También sobre la misma marcha se busca diluir algunos de sus contenidos; que hubiese símbolos de muerte (dos representaciones de una horca) cánticos violentos contra la vicepresidenta, carteles con extraños mensajes, declaraciones de algunos manifestantes a la prensa con argumentos que incluían conspiraciones de todo tipo y una oposición a la reforma judicial sin poder argumentar cuáles eran las críticas a los contenidos de la reforma, no deja de abrir algunas preocupaciones. Sobre esto mismo: hace unos días el periodista Ivan Schargrodsky le preguntó a Luis Brandoni en cual punto estaba la garantía de impunidad que dicen, acarrea la reforma del Poder Judicial: “no soy abogado para contestar eso”, pero entonces ¿cómo sabe que lleva a la impunidad? insistió el periodista: “¡porque es evidente!”. No es necesaria ninguna justificación y en buena medida nos hemos acostumbrado a esa línea argumental, pariente de las afirmaciones ya mencionadas que indican que el peronismo es un movimiento de raíces fascistas. ¡Es evidente! 

Los ejemplos son interminables. Como el diputado Fernando Iglesias que califica al gobierno reiteradamente como una mafia; el sistema político ha sido extremadamente tolerante con él y con todos aquellos que llaman dictadura al gobierno o eufemismos como infectadura. Curiosamente todas estas afirmaciones no son pronunciadas en espacios político institucionales, sino en los medios de comunicación; es cierto que buena parte del diálogo político se trasladó hacia allí, pero no deja de indicarnos que prefieren construir política en la televisión o en las redes, que en el Congreso o en los lugares donde ejercen el poder ejecutivo. Desde luego, las pautas de convivencia democrática que plantean las instituciones, se esfuman en los medios de comunicación y las redes, zona de confort donde se comparte con periodistas y algún público, lenguaje y sentencias: allí se pueden reproducir frases alejadas de la realidad sin que sean interpelados.

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Si casi cualquier política del gobierno, la reforma del Poder Judicial, las políticas de cuidados frente al COVID-19, la regulación de precios, o lo que sea, va a ser calificada inmediatamente como avance del gobierno sobre las libertades, no puede no plantearse una pregunta: ¿Hay que temer por la democracia? Este lenguaje acusatorio sobre una gestión, ya no tiene vacilaciones para afirmar que se trata de un gobierno autoritario, encubridor, corrupto, entre otras acusaciones, ¿está orientado a desgastar al gobierno o la palabra política ya se ha devaluado a tal nivel que no puede derivarse ningún significado? Me atrevería a decir que asistimos al mayor nivel de intolerancia sobre un gobierno, desde que recuperamos la democracia en 1983. El contexto en que se encuentra la región, parece obligar a tener en cuenta ese incremento intolerante.