Desde el gobierno nacional de Javier Milei anunciaron que trasladarán las escuadrillas de vigilancia marítima y la escuela de aviación de la Base Aeronaval Punta Indio hacia la Base Comandante Espora, en Bahía Blanca. La decisión pone en jaque al distrito bonaerense ya que la Base Aeronaval es la principal fuente de empleo. De avanzar la medida, unos 185 trabajadores civiles y 300 militares serían trasladados del distrito.
Este viernes a las 14 horas, el intendente David "Corcho" Angueira convocó a los "trabajadores" de la Base, "sindicatos", "clubes", "instituciones educativas", "organizaciones sociales", "comerciantes", "productores" y a la comunidad a realizar, de manera conjunta, "las agestiones" ante las autoridades nacionales para "defender la principal fuente de trabajo" del distrito.
La decisión del Gobierno libertario de reducir las actividades de la Base Aeronaval y mudar las escuadrillas de vigilancia marítima y la escuela de aviación a la base Comandante Espora de Bahía Blanca, se dio luego de una reunión entre el intendente, el contraalmirante Enrique Olivero y el jefe de la Base local, Mariano Rivolta, quienes le comunicaron la decisión.
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"Es un golpe muy fuerte para nuestra comunidad en los social y económico", informaron desde el municipio. En tanto, el gobierno bonaerense manifestó su "repudio" a lo sucedido y detalló que acompañará al intendente y a la comunidad "en su reclamo ante las autoridades nacionales competentes".
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Asimismo, el Gobierno bonaerense le reclama al ministro de Defensa, Carlos Presti, que "responda positivamente a los pedidos de audiencia que le fueron enviados desde el municipio".
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De esta manera, el jefe comunal formará una Mesa de Defensa de la Base Aeronaval Punta Indio, y participarán personal civil y militar de la Base, representantes de los bloques del Concejo Deliberante local, autoridades municipales, sindicatos, instituciones y organizaciones de la región.
La Base Aeronaval Punta Indio es la principal fuente de empleo en el municipio. La drástica reducción de sus actividades planteada por el Gobierno nacional afecta a 185 trabajadores civiles y 300 militares que, según se informó, van a ser trasladados, lo cual significa un golpe de magnitud para la economía y la historia de la comunidad local que perdería así una institución que forma parte de su identidad.