La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) criticó la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de abandonar el reclamo judicial contra Nación sobre el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). "Los recursos no le pertenecen a Salta, le pertenecen a cada uno de los maestros de la Argentina", afirmó la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, en diálogo con medios locales.
A mediados de agosto se conoció que el Gobierno de Gustavo Sáenz alcanzó un acuerdo con Nación que implicó desistir de tres demandas judiciales, entre ellas la presentada ante la Corte Suprema para reclamar la restitución del FONID. Para la dirigente, la decisión implica dejar de reclamar recursos que tienen un impacto directo sobre los ingresos de los trabajadores de la educación.
El entendimiento, formalizado mediante el Decreto 493/26, estableció que Salta reconociera obligaciones por $267.782 millones con el Estado nacional. Como parte de la negociación, la Provincia resignó sus reclamos judiciales y afrontará con recursos propios el incentivo destinado a los docentes salteños.
La demanda por el FONID había sido presentada en abril de 2024, luego de que el Gobierno de Javier Milei interrumpiera las transferencias correspondientes al incentivo y a los fondos de conectividad. Desde entonces, Salta decidió sostener el pago con recursos provinciales.
El FONID fue creado en 1998 y prorrogado durante 26 años. Su objetivo era complementar los salarios docentes mediante recursos nacionales, en el marco de las obligaciones de financiamiento educativo establecidas por la normativa nacional.
Un fondo que Nación dejó de enviar
El incentivo alcanza a unos 30 mil docentes salteños y representa para las arcas provinciales un costo cercano a los $1.100 millones mensuales. Sin embargo, el monto permanece congelado en $28.700 por cargo, el mismo valor que tenía cuando era financiado por Nación.
La Asociación Docente Provincial (ADP) estimó que, actualizado, debería ubicarse actualmente entre $100.000 y $150.000 y reclamó que sea incorporado al salario básico. Alesso cuestionó precisamente este esquema y remarcó que el dinero no debería ser considerado un recurso provincial. “No es plata que se le devolvería a la provincia, se le devolvería a los docentes”, sostuvo.
La dirigente sindical extendió sus cuestionamientos a la política educativa de la administración de Javier Milei y señaló que Nación también dejó de enviar recursos destinados a infraestructura escolar, programas educativos, formación docente, becas y complemento nutricional.
“Estamos teniendo un desfinanciamiento de la educación que no tiene antecedentes”, afirmó Alesso, quien consideró que se trata del proceso de ajuste más profundo de los últimos veinte años. En este escenario, el acuerdo entre Salta y Nación deja a la Provincia sosteniendo con fondos propios un incentivo que el Estado nacional dejó de financiar, mientras resigna la vía judicial que había utilizado para reclamar la restitución de esos recursos.
El reclamo por el FONID no fue el único que quedó fuera del acuerdo. Las otras dos demandas de las que la Provincia desistió corresponden a expedientes iniciados en 2019 y están vinculadas con decretos nacionales que modificaron los esquemas de Ganancias e IVA.