Un estudio realizado por la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Fundación Participar y Arqueos analizó el impacto de la crisis económica nacional sobre el acceso a la salud y el sistema sanitario bonaerense. Según las cifras del estudio, “el 72,3% de los encuestados considera que el Estado debe garantizar la cobertura de salud y, en el caso de los bonaerenses, identifica al Gobierno provincial como responsable de brindar esa cobertura”. En tanto, “el 12,4% se inclina por un sistema privado”. La dicotomía que plantea Axel Kicillof de "Estado presente" vs. "estado ausente" de Javier Milei, queda plasmada en este estudio.
El dato profundiza una tendencia registrada en 2025, cuando el 69% consideraba que la salud debía ser financiada y garantizada por el Estado y el 24% prefería un sistema privado. De esta manera, el relevamiento muestra que el deterioro de los ingresos, el aumento del costo de las prepagas y las dificultades para acceder a distintas prestaciones están modificando las formas de atención y trasladando una parte creciente de la demanda hacia las obras sociales y el sistema público.
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Melina Alcaraz, socióloga y coordinadora del estudio, contó que “lo que encontramos es que la crisis económica no sólo afecta el bolsillo: empieza a modificar la manera en que las personas cuidan su salud”. “Cuando se posterga una consulta, se deja de comprar un medicamento o una familia tiene que endeudarse para atenderse, estamos frente a consecuencias sanitarias concretas de la crisis”, analizó.
Además dijo que “hay una tendencia muy clara en las dos mediciones: los bonaerenses quieren que el Estado garantice el acceso a la salud”. El impacto de la situación económica también aparece en decisiones concretas vinculadas con el cuidado de la salud.
El 56,6% afirmó “haber modificado algún hábito de atención o cuidado por el aumento de los costos”. Entre esas modificaciones, el 24,1% “postergó consultas médicas”, y el 18,1% “dejó de comprar algún medicamento”. A esto se suma otro indicador especialmente sensible: el 30,2% de los encuestados manifestó “haberse endeudado por cuestiones vinculadas con la salud frente a la situación económica actual”.
“Que haya personas que dejen de comprar medicamentos por no poder pagarlos es uno de los datos más preocupantes del estudio”, afirmó Alcaraz. “No estamos hablando de resignar un consumo: interrumpir un tratamiento puede agravar una enfermedad y, en algunos casos, generar consecuencias irreparables”.
A ello se suma que 3 de cada 10 encuestados tuvieron que endeudarse por cuestiones vinculadas con la salud. “Son dos datos que muestran hasta qué punto la crisis económica está afectando el cuidado de las personas”, sostuvo la socióloga. Además, el 51,3% conoce personas que dejaron de pagar una prepaga y pasaron al sistema público o a una obra social.
Los resultados muestran que la necesidad de atención no desaparece cuando las familias pierden capacidad de pago: se desplaza hacia el sistema solidario y público. Este fenómeno también aparece en los datos administrativos de IOMA. Durante el primer trimestre de 2026, la obra social provincial registró un aumento del 10% en la demanda de servicios médicos y medicamentos. Entre 7.533 afiliados identificados que trasladaron consumos desde otras coberturas, el 70% provenía de PAMI, el 22% de prepagas y el 8% de otras obras sociales.
Entre las personas mayores que cuentan con PAMI e IOMA aparecen casos en los que recurren a la obra social provincial para acceder a estudios, medicamentos o especialistas cuando no encuentran respuesta en PAMI. “La necesidad de atención no desaparece porque una persona deje de poder pagar una prepaga o porque otra cobertura no le dé respuesta. Lo que vemos es un desplazamiento de esa demanda hacia el sistema solidario y público, y en la provincia de Buenos Aires una parte de esa presión termina llegando a IOMA y al sistema provincial de salud”, explicó la coordinadora del estudio.
La convergencia entre los datos cuantitativos, los testimonios cualitativos y la información administrativa permite observar un desplazamiento de las necesidades sanitarias hacia el sistema solidario y público.
De esta manera, y entre las conclusiones del estudio, se observa que “la crisis no elimina el costo de la salud: lo traslada. De las prepagas a las obras sociales; de PAMI a IOMA; de Nación a las provincias”. El 48,5% de los encuestados considera que “la falta de recursos nacionales afecta mucho al sistema público provincial”, mientras que más de la mitad manifiesta “desconfianza respecto de la capacidad del Gobierno nacional para mejorar el sistema público de salud”.
El estudio identifica así un efecto en cascada: la reducción de recursos nacionales se combina con una crisis económica que dificulta sostener coberturas privadas y aumenta la presión sobre las provincias, las obras sociales y el sistema público.
La situación del IOMA
En relación con IOMA, la obra social más grande de la provincia de Buenos Aires, el relevamiento identifica aspectos sobre los que los usuarios demandan mejoras, principalmente los tiempos para conseguir turnos, el acceso a medicamentos, la disponibilidad de especialistas y las desigualdades territoriales en el acceso a las prestaciones.
Estas demandas conviven, sin embargo, con otro fenómeno que aparece con fuerza en esta segunda medición: una creciente valoración de IOMA como garantía de acceso a la salud, particularmente frente al encarecimiento de las alternativas privadas y en prestaciones de alta complejidad o elevado costo.
“IOMA empieza a ser valorado como un reaseguro. Frente al encarecimiento de las prepagas y las dificultades que atraviesan otras coberturas, contar con una obra social que garantice el acceso a la salud adquiere un valor cada vez mayor para sus usuarios”, afirmó Alcaraz.
Así, la demanda de mejoras en IOMA no aparece asociada a una menor presencia del Estado, sino a la expectativa de fortalecer una cobertura que los usuarios consideran necesaria. “Cuando Nación se retira, el paciente no desaparece. Sigue necesitando una consulta, un medicamento o un tratamiento. Y esa necesidad termina siendo absorbida por las provincias, las obras sociales o por el bolsillo de las propias familias”, concluyó.
Los resultados muestran un sistema de salud provincial que enfrenta una demanda creciente en un contexto de crisis económica y retracción de recursos nacionales. Frente a ese escenario, IOMA y el sistema público bonaerense adquieren un papel cada vez más relevante como red de protección social.