El jueves a la noche, Javier Milei hizo una cadena nacional sobre Malvinas. Habló de soberanía, de recursos, de sanciones a empresas que operan ilegalmente en la plataforma continental argentina. Anunció el endurecimiento de penas, una base naval en Tierra del Fuego y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, junto a un régimen específico para resguardar la "infraestructura crítica" de la zona. El tono fue antibritánico, encendido, sorprendente para quien declaró públicamente su respeto a la libre determinación de los kelpers y su admiración por Margaret Thatcher, quien tras la guerra construyó en las islas la base militar más grande de la OTAN en el Atlántico Sur.
El contexto que el discurso omite
La cadena nacional no ocurrió porque el gobierno haya detectado una urgencia en Malvinas. Ocurrió porque Trump hizo calculadas declaraciones sobre Malvinas justo cuando la causa había vuelto al centro de la escena nacional (y mundial, en el mundial de Trump) junto a una producción popular de enorme potencia política que encontró rápida expresión en reclamos de soberanía de distinta índole. Esa enorme producción popular movió preocupaciones y expectativas por sus modos de captura. El súbito nacionalismo presidencial no es una política, sino una preocupación sobre tal potencia.
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Hace tres meses la empresa israelí Navitas publicó fotos de obras físicas en tierra en Puerto Argentino: un muelle en construcción, una base logística, alojamiento para trabajadores. No era un proyecto en papel, sino una obra en curso. Avanzó, en palabras del propio CEO de Navitas, porque “no hubo ninguna interferencia" del gobierno argentino. El mismo gobierno que ayer descubrió que existen empresas que operan ilegalmente en la plataforma continental argentina. La empresa que opera el 65% del yacimiento Sea Lion (Navitas Petroleum) cotiza en la Bolsa de Tel Aviv y tiene entre sus accionistas fondos de pensión israelíes. Milei visitó Israel en múltiples ocasiones y se reunió con Netanyahu. En ninguna de esas instancias se planteó el problema de una empresa israelí operando ilegalmente en la plataforma continental argentina. El CEO de Navitas declaró en una presentación ante inversores que el presidente argentino respalda la autodeterminación de los isleños, cuestión que los favorece. Nadie lo desmintió.
Las leyes que ya existen y Milei no aplica
Las herramientas jurídicas que Milei anunció ayer como novedad existen desde hace entre trece y quince años. La Ley 26.659, sancionada en 2011 por el gobierno de Cristina Kirchner, prohíbe desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional y establece penas de 5 a 15 años de prisión y multas de hasta 1.500.000 barriles. La Ley 26.915, de 2013, extendió la responsabilidad penal a personas jurídicas. La Ley provincial “Gaucho Rivero” prohíbe el amarre de buques de bandera británica en puertos fueguinos desde 2012. Nada de esto fue aplicado durante los dos primeros años de gestión Milei. Lo que sí ocurrió fue la renovación, en abril de 2025, de un Memorándum de Entendimiento de ciberseguridad con el Reino Unido durante la visita de la ministra Bullrich a Londres. O la adquisición de cazas F-16 que requirieron aprobación formal del propio gobierno británico por la presencia de tecnología de ese origen. Gran Bretaña tiene poder de veto sobre el armamento argentino. Eso no fue mencionado en la cadena nacional.
La "infraestructura crítica", el Comando Sur y el Escudo de las Américas: ni defensa ni soberanía
El anuncio del Consejo de Seguridad Nacional merece una lectura cuidadosa. La formulación "infraestructura crítica de la zona" no es inocente: es exactamente el lenguaje que utiliza el Comando Sur de Estados Unidos para definir sus prioridades estratégicas en América Latina. Desde su asunción, el gobierno de Milei insertó a la Argentina en el denominado "Escudo de las Américas", el esquema de defensa hemisférica liderado por Washington que define como "infraestructura crítica" a los recursos energéticos, mineros y logísticos de la región. En ese marco se inscribe también la participación argentina en la South American Defense Conference (SOUTHDEC), el foro impulsado por el Comando Sur (se llevó a cabo en 2025 en la Ciudad de Buenos Aires) donde se definen agendas, doctrinas y prioridades militares bajo el lenguaje de la cooperación, pero que opera en los hechos como un dispositivo de alineamiento que condiciona la autonomía estratégica de los países latinoamericanos.
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Bajo esa misma categoría de "infraestructura crítica" se enmarcó la presión estadounidense para rehabilitar el radar LeoLabs de Tolhuin, suspendido en 2023, precisamente porque su capacidad de rastrear misiles balísticos e hipersónicos lo convertía en un componente encubierto del sistema de alerta temprana de defensa de Estados Unidos, no un dispositivo de soberanía argentina. El jefe del Comando Sur incluyó su reactivación en su agenda de visita a Casa Rosada en julio de 2025. Un Consejo de Seguridad Nacional que adopte la agenda de "infraestructura crítica" del Comando Sur no es un instrumento de soberanía: es la institucionalización de la subordinación estratégica. La protección de los recursos del Atlántico Sur, bajo ese paraguas conceptual, significaría ponerlos bajo custodia estadounidense, no bajo soberanía argentina.
El aliado Trump y todo un entramado de intereses
Washington lleva décadas reconociendo la administración de facto británica sobre las islas sin cuestionarla. No hay ni “neutralidad”, hay sostener la correlación de fuerzas existente. Eso no cambió con una declaración de prensa que inclusive fue desmentida varias veces. Hacer depender la política exterior sobre Malvinas de los cálculos de Trump es subordinar la soberanía a la agenda de una potencia externa. El kirchnerismo construyó un andamiaje normativo y un contrapeso regional que era independiente de cualquier potencia -o, en todo caso, dependiente de una perspectiva latinoamericanista de la que hoy carecemos. El gobierno de Macri primero, y el actual luego, desmontaron ese andamiaje. Lo que quedó en pie es lo que vimos ayer: un gobierno que durante dos años “no supo” qué era Sea Lion, que visitó Israel sin mencionar Malvinas, que firmó memorándums de seguridad con Gran Bretaña y que entre otras cosas celebró un bombardeo norteamericano al principal país petrolero sudamericano.
El discurso de ayer omitió por qué el statu quo colonial en Malvinas es tan difícil de romper. La respuesta no está solo en la voluntad del gobierno británico; está en la estructura de intereses que la propia guerra de 1982 creó. Antes del conflicto no existía en las islas ningún complejo militar-industrial significativo. La guerra lo produjo de la mano del descubrimiento de activos estratégicos durante la década anterior. Y el menemismo, el macrismo y el actual gobierno han instrumentado el Estado nacional, de espaldas a la sociedad, para encontrar modos de convalidarlo. Y hoy Malvinas, además de haber comenzado su fase de producción petrolera, es un conjunto de empresas de defensa, contratistas, proveedores, investigación científica, y ahora una industria hidrocarburífera en construcción. Cualquier negociación de soberanía perjudica directamente a actores concretos con un fenomenal poder de lobby. No es solo que el gobierno británico no quiera negociar, es que hay propios y extraños que se organizan para que eso no ocurra.
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Mientras Gran Bretaña construye con un nuevo puerto en Puerto Argentino -listo en 2027, como hub logístico antártico- el gobierno de Milei tiene paralizado el Polo Logístico Antártico de Ushuaia. Tierra del Fuego no es un detalle logístico: es la bisagra geopolítica del Atlántico Sur. “Controlar” Ushuaia es controlar el acceso a Malvinas y a la Antártida. En septiembre de 2025, el DNU 697/2025 autorizó ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos en Ushuaia, Mar del Plata y Puerto Belgrano sin aval del Congreso. En enero de 2026, el gobierno intervino el Puerto de Ushuaia quitándole el control a la provincia.
Las declaraciones de Trump sobre Malvinas son ante todo un mecanismo de presión sobre el Reino Unido dentro de las tensiones intra-OTAN, y en particular del conflicto entre Washington y Londres en torno al acompañamiento militar en la política de máxima presión contra Irán. No son una política, son una palanca táctica. Cuando esa palanca deje de ser útil para los intereses de Trump -que incluyen el acceso a minerales estratégicos argentinos, rutas antárticas y bases logísticas en el extremo sur- el "apoyo" se desvanecerá sin aviso. La sociedad argentina que recolocó a Malvinas en el centro del debate nos está enunciando varias cosas, entre ellas que la entrega de soberanía tan manifiesta difícilmente encuentre fundamentos políticos.