Brasil entra en la etapa decisiva de las elecciones de 2026 con una competencia que enfrenta dos modelos de país. Las candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro dan marco a esa situación, con la campaña formal iniciada el 16 de agosto, la pelea por el Palacio del Planalto se articula con una disputa por el Congreso, el Supremo Tribunal Federal (STF), el modelo económico y la posición geopolítica de Brasil frente a EE.UU. y China, en lo que definimos como “enfrentamiento del G2”. Por estos días, la dimensión geopolítica de la elección está atravesada por la creciente preocupación en las filas del lulismo, y que comienza a instalarse entre los electores, vinculada a la posibilidad de una interferencia extranjera en los comicios.
El resultado definirá quién gobierna, pero también qué bloque de poder tendrá capacidad para conducir el Estado y qué margen de autonomía conservará la principal potencia sudamericana.
El primer límite para el gobierno de Lula Da Silva aparece en el Congreso Nacional. La Cámara de Diputados y el Senado mantienen una composición donde las fuerzas de centro y derecha tienen un peso decisivo. La derrota de la nominación de Jorge Messias al Supremo Tribunal Federal (STF) por parte del oficialismo, expuso esa relación de fuerzas. El Senado rechazó su candidatura a finales de abril. Fue la primera vez desde 1894 que la Cámara alta rechazó una nominación presidencial al máximo órgano judicial del país.
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La disputa institucional se trasladó a otros temas, que permiten diferenciar con claridad proyectos políticos en pugna. La reducción de la jornada laboral, la regulación de las plataformas digitales, la seguridad pública, la interrupción voluntaria del embarazo y las políticas ambientales comenzaron a funcionar como campos de confrontación entre proyectos políticos. Para el gobierno, estas discusiones forman parte de una agenda de derechos sociales y fortalecimiento estatal. Para el bolsonarismo, hoy en rol opositor, constituyen espacios para cuestionar al Ejecutivo y ampliar su base electoral.
El STF ocupa un lugar central en esta disputa. En agosto retomó una agenda que incluye minería en tierras indígenas, capital extranjero en plataformas digitales, licenciamiento ambiental y cuestiones electorales. El STF también es uno de los principales blancos del bolsonarismo. La discusión sobre las urnas electrónicas, la inteligencia artificial y la desinformación coloca al Supremo Tribunal Federal y al Tribunal Superior Electoral (TSE) en el centro de la campaña.
En este escenario, Flávio Bolsonaro luego de una feroz interna consolidó su candidatura presidencial. El Partido Liberal oficializó su postulación el 25 de julio. El acto contó con la presencia del presidente argentino Javier Milei, quien respaldó públicamente al candidato. El apoyo incorpora una dimensión regional a la elección brasileña. Una convergencia entre el bolsonarismo (en posición gobierno) y el actual gobierno argentino modificaría la correlación de fuerzas políticas en América del Sur y dentro del Mercosur, consolidando un giro neofacista y neoliberal en la región.
Las encuestas muestran una competencia cada vez más estrecha. El 14 de agosto, Quaest registró 38% para Da Silva y 31% para Bolsonaro en primera vuelta. En un eventual balotaje, la diferencia fue de 43% a 40% a favor de Da Silva. Tres días después, BTG/Nexus ubicó a Da Silva en 41% y a Bolsonaro en 36% en primera vuelta. Para el balotaje, la medición registró 47% a 44%, también a favor de Da Silva. Los números no son uniformes, pero muestran que el bolsonarismo conserva capacidad para disputar la Presidencia.
La campaña también se desarrolla sobre un terreno tecnológico y comunicacional. La regulación de las redes sociales, el uso de inteligencia artificial y la circulación de desinformación forman parte de la disputa electoral. A esto se suma la cuestión de la seguridad. El combate al crimen organizado, al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho es utilizado por la derecha para reclamar políticas más duras. Mientras, el gobierno de Lula intenta combinar persecución financiera, coordinación federal y prevención del crimen organizado.
En lo que va de la campaña, la percepción de la posibilidad de presiones externas, es innegable. Una encuesta del instituto Quaest publicada el 17 de agosto mostró que 45% de los votantes brasileños considera posible una interferencia extranjera en las elecciones. Mientras el 48% descarta esa posibilidad y el 7% restante no respondió o permanece indeciso. El dato adquiere mayor relevancia por la división política: 64% de los simpatizantes de Flávio Bolsonaro considera factible una interferencia, mientras 60% de los seguidores de Lula la descarta.
Una percepción que se liga a la realidad de la coyuntura brasileña. El Gigante del Sur enfrenta presiones de Estados Unidos sobre áreas económicas y tecnológicas estratégicas. En junio, Washington utilizó la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para cuestionar políticas brasileñas vinculadas con comercio digital, pagos electrónicos, propiedad intelectual, etanol y deforestación. En julio, avanzó con un arancel adicional del 25% sobre determinados productos brasileños. El 22 de ese mes, el mandatario afirmó: “No vamos a quedarnos llorando por un producto que no les vendimos a ellos, vamos a buscar otros compradores”, durante el anuncio de un plan de créditos para los sectores afectados por la sobretasa, y agregó “nosotros no nos vamos a levantar de la mesa de negociación. Ellos son los que no quieren negociar”, reafirmando una postura soberana frente al reaccionario imperialismo norteamericano.
Para la conformación de un país soberano en la nueva fase financiera-digital del capitalismo, Brasil necesita los cables submarinos para sostener la mayor parte de su tráfico internacional de datos. También busca ampliar sus capacidades en centros de datos e inteligencia artificial. El sistema de pagos instantáneos Pix constituye otro componente de esta infraestructura estratégica atacada por Estados Unidos. El 2 de abril pasado, Lula da Silva afirmó durante un acto en la ciudad de Salvador (capital del estado de Bahía) que "El Pix es de Brasil y nadie va a obligarnos a cambiarlo por el servicio que está prestando a la sociedad brasileña" y subrayó el carácter soberano del sistema, desarrollado y operado por el Banco Central de Brasil. Datos, pagos, telecomunicaciones y plataformas forman parte de una nueva disputa por el control de la economía digital y el lulismo lo sabe.
La tensión también aparece en el sector agroalimentario. Brasil se consolidó como una potencia exportadora de soja, carnes, azúcar y café. Esa expansión aumenta su competencia con Estados Unidos. Pero el país mantiene una fuerte dependencia externa de fertilizantes. La contradicción es evidente, con un país que amplía su capacidad para disputar mercados internacionales mientras conserva dependencias en insumos fundamentales para sostener su propia producción.
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Para la economía brasilera, China ocupa otro lugar central. Es uno de los principales destinos de las exportaciones brasileñas y un actor relevante para las cadenas de alimentos, minerales e insumos. EE.UU. mantiene, por su parte, un peso decisivo en tecnología, finanzas y comercio. Brasil intenta preservar capacidad de negociación frente a ambos polos, pendularmente y con su propio peso específico.
La elección de octubre definirá, por lo tanto, más que la continuidad de Lula o el regreso del bolsonarismo. También definirá la correlación de fuerzas dentro del Estado. Cerca del 85% de los diputados en ejercicio busca la reelección: 434 de los 513 integrantes de la Cámara. Una victoria presidencial no garantiza por sí misma capacidad de gobierno.
La disputa por el lugar de Brasil en las cadenas globales de valor y su rol regional para América Latina y el Caribe se encuentra en un momento decisivo al dirimir en las urnas la administración del Estado los próximos cinco años. Lula busca sostener un proyecto basado en la intervención estatal, la industria, las políticas sociales y la autonomía nacional. El bolsonarismo propone reducir el papel del Estado y recuperar el control del Ejecutivo desde una agenda subordinada a los intereses explicitos del trumpismo sionista.
El resultado tendrá consecuencias más allá de los límites de Brasil. Definirá la orientación de la mayor economía latinoamericana y sus impactos en la región. La elección será también una disputa por el grado de autonomía que Brasil, y toda la región, podrá conservar frente a las presiones imperialistas y el rol que desempeñará en el derechizado mapa político regional.