Trabajo y Producción 2020

El próximo Gobierno deberá apelar a la convergencia de las fuerzas del Capital y del Trabajo en un proyecto de desarrollo sustentable y sostenible.

08 de septiembre, 2019 | 00.05

La contienda electoral no está aún definida, aunque necio sería desconocer las señales crecientes que dan por cierto un determinado resultado. Pero lo que la realidad Argentina indica, cualquiera fuese el devenir de los comicios, es que el Gobierno que se inicie en diciembre deberá apelar a la convergencia de las fuerzas del Capital y del Trabajo en un proyecto de desarrollo sustentable y sostenible. Desde esa perspectiva es que se plantean, para el debate, las siguientes reflexiones.

¡Insólito momento al aire!

 

Estado de situación

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Es innecesario hacer un extenso inventario de las consecuencias que las políticas implementadas en los últimos años han deparado en el mundo del trabajo, todos los indicadores tomados de diferentes fuentes informan sobre lo devastadoras que han sido y demuestran cómo se pueden deconstruir rápidamente los avances que cuestan muchos años concretar.

Basta con señalar que se han destruido más de 250.000 puestos de trabajo formales, que una gran proporción corresponde al sector industrial, que similar –pero más intenso- es el efecto generado en la pequeña y mediana empresa que por decenas de miles han desaparecido o reducido a un mínimo su actividad.

Como contrapartida han aparecido las más diversas estrategias de supervivencia, todas ellas por fuera del campo del empleo protegido por la normativa laboral, se trate de trabajo no registrado, de la informalidad –total o parcial- exhibida como emprendedurismo, de prestaciones de servicios supuestamente autónomas u otras que ni siquiera alcanzan esos mínimos umbrales.

¿De qué manera se ha llegado a una situación semejante? ¿Cuál ha sido la razón para que en tres años se haya duplicado el desempleo y todavía más la subocupación? ¿Qué pudo ocasionar la caída abrupta del salario real o de los ingresos básicos?

La respuesta es una sola, una palabra la resume con elocuencia, el Neoliberalismo. Sus teorías presentadas como economicistas en realidad constituyen una filosofía política que se asienta sobre un axioma, las riquezas no tienen otra forma de distribución que no sea aquella que deciden los que las posean y se adueñan de sus frutos con el trabajo ajeno.

La equidad no es un concepto propio, mucho menos un anhelo, del Neoliberalismo. La democracia tampoco forma parte de su ideario, se sirve de esa institucionalidad cuando le es funcional pero siempre está pronta a abandonarla o condicionarla al máximo en pos de los objetivos de lucro que son su único fin.

 

 

Lo urgente y necesario 

 

El nivel de empobrecimiento en un contexto recesivo y con elevadas tasas de inflación, exige establecer un orden de prioridades para revertir el caótico estado social y propender a la reconfiguración de las bases para el crecimiento productivo.

Un primer e ineludible compromiso es con quienes afrontan las mayores expresiones de vulnerabilidad, que debe traducirse en medidas asistenciales para la población que no cuenta con ingresos regulares, a la par de atender a la clase pasiva y a las personas que trabajan percibiendo remuneraciones de subsistencia.

Planes sociales, programas de formación profesional, aumentos significativos de los haberes previsionales y del salario mínimo vital (SMVyM), sin duda deberían ser prioritarios.

Las PyMes también tendrían que constituir el centro de atención del Estado, máxime cuando representan la mayor potencialidad para la creación de empleo y poseen capacidad para una rápida reactivación ligada al incremento del consumo interno. El redireccionamiento del crédito con mecanismos de financiación apropiados, la reducción de tarifas atadas a metas de producción y una política impositiva específica que aliente la productividad, bien podría ser un inicio adecuado.

Esfuerzos de esa índole exigen que sean acompañados por una clara definición en orden al tipo de trabajo o empleo que se pretende diseñar, dando lugar a un debate imprescindible acerca del sistema de relaciones laborales al que se aspira.

 

Acuerdos impostergables

 

El Diálogo Social se muestra como un herramienta imprescindible e idónea para lograr una Concertación útil para comenzar la reconstrucción de los lazos quebrantados. Diálogo que debe ser serio, consecuente y animado por el principio de Justicia Social que importa imponer los mayores esfuerzos a los que presentan mejores condiciones para brindarle sustento.

La invitación al diálogo debe ser amplia, procurando interlocutores legitimados y legitimantes a  la hora de arribar a acuerdos, contando con la ineludible presencia del Estado que no sólo lo coordine sino que ofrezca garantías de cumplimiento implementando mecanismos de contralor con participación de los actores sociales.

Con tal propósito y como coadyuvante, complementando o suplementando las líneas directrices que resulten de esa concertación, es preciso propiciar la reactivación de la negociación colectiva.

El modelo convencional colectivo concentrado que responde al sistema de organización gremial vigente en nuestro país, es particularmente apto para cumplir el objetivo antes aludido. Sin desmedro de su combinación con la descentralización que exija el reconocimiento de las peculiaridades que ofrezcan realidades específicas, en tanto resulten de lo acordado en el ámbito mayor, cuenten con la tutela de los estándares mínimos que allí se convengan y no prescindan del encuadramiento en esa representación sindical.

 

 

Regulaciones normativas

 

Las reformas laborales que se han venido auspiciando –y en algunos casos se concretaron- no guardan congruencia ninguna con los declamados propósitos modernizadores ni con el augurado crecimiento del empleo, sólo se correspondieron con el afán de maximización de las ganancias empresariales a costa de la precarización de las condiciones de trabajo, la reducción del salario y la flexibilización de hecho por el aumento de la desocupación.

Las etapas de crisis no se combaten ni neutralizan disminuyendo los niveles de protección normativas, por el contrario imponen reforzarlos para mitigar los mayores desequilibrios que se presentan entre las fuerzas del Capital y del Trabajo.

La tarea legislativa debe dirigirse a restaurar las tutelas necesarias para eliminar las iniquidades provocadas por las políticas neoliberales; al análisis de las nuevas formas de organización del trabajo y al impacto de los cambios tecnológicos para impulsar adecuaciones normativas donde fueran necesarias; como a la recreación de las tradicionales metodologías distributivas restringidas a las variables del salario directo, promoviendo mecanismos de participación en las ganancias y de ampliación de los contenidos de la negociación colectiva con impacto en la calidad de vida de trabajadoras y trabajadores.    

El Derecho del Trabajo se distingue por nutrirse de regulaciones originadas en la autonomía colectiva, que cobran su verdadero sentido en tanto signifiquen una efectiva consagración del principio de progresividad. Así como la ley asegura mínimos inderogables e indisponibles, la negociación colectiva permite –en los límites que definan la capacidad empresaria y la potencia sindical- avanzar en nuevos o mejores derechos, en adaptabilidades normativas a las exigencias de la producción y a la concreción de las metas perseguidas por los emprendimientos productivos.

El desarrollo y despegue de la Economía debe atender a los requerimientos empresarios de una mayor productividad, competitividad y razonable rentabilidad ligada a los riesgos de inversión de capital. El Estado debe asumir la responsabilidad de dotar de los instrumentos necesarios, sin menoscabo de los derechos laborales.

Ese objetivo también puede ser en parte satisfecho por acuerdos colectivos, cuyas posibilidades se acrecientan en la medida que haya disposición por compartir, en igual medida, esfuerzos y participación en los resultados que se pretendan alcanzar, con una presencia sindical e interlocución permanente que permita acceder a controles ciertos del grado de cumplimiento de lo acordado.

Es tiempo de permear prácticas democráticas en el ámbito de la empresa, asegurando al sector laboral participación en las ganancias con control de la producción y colaboración en la dirección. Que lejos de ser un desvarío utópico no es más -ni menos- que operativizar mandatos constitucionales consagrados desde 1957 en el Artículo 14 Bis de la Constitución Nacional.  

Es en función de tales premisas y con la decisión de estimular la democratización de las relaciones laborales, que será posible avizorar la recuperación de la cultura de la negociación en Argentina; como al enriquecimiento de los contenidos de las convenciones colectivas, respondiendo a las necesidades e intereses de empresarios y trabajadores, pero en procura de mayor inclusión e igualdad y de un mejor reparto de la riqueza que el trabajo genera.      

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