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En un comunicado, donde se dan a conocer los datos de la encuesta y los lineamientos del proyecto, se indica que actualmente alrededor de un tercio de los habitantes de la Ciudad "se ve en la necesidad de alquilar".
Entre las principales conclusiones arribadas se destaca que el 60% de los inquilinos alquila mediante una inmobiliaria y la mayoría de los problemas que se le presentan son las comisiones a pagar, el monto del alquiler y la garantía exigida.
Respecto de la percepción sobre el principal responsable de la problemática de los inquilinos, el Estado aparece en primer lugar con el 40,5%, seguido de las inmobiliarias con el 38,3%.
Se estableció que el 70% de los inquilinos desconoce la Ley de Alquileres vigente, y se calculó que el 60% de los inquilinos destina entre el 30% y el 40% del sueldo en el gasto del alquiler, en tanto que más del 45% destina entre 30,7% y el 50% de su sueldo al pago del alquiler. Más del 70% de los inquilinos considera que no puede acceder a una vivienda propia.
Consultados sobre cómo se podría mejorar su situación, en primer lugar los inquilinos respondieron "creando una oficina pública que regule los contratos", seguido por "regulando a las inmobiliarias" y en tercer lugar "cambiando la Ley de Alquileres".
Entre los principales lineamientos del proyecto de ley que se elaboró como consecuencia de los resultados de la encuesta se incluye la propuesta de que "el contrato se extienda de dos a tres años, que exista una garantía estatal, control a las inmobiliarias y creación de una oficina pública de negociación y representación de inquilinos".