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Entre su batería de manotazos para intentar contener la corrida cambiaria, el Gobierno usó al Banco Nación. La consecuencia se vio en el balance del sistema financiero, donde todos los actores conocieron ganancias extraordinarias, excepto las entidades públicas.

Las utilidades de los bancos privados extranjeros se multiplicaron 226% en enero interanualmente, con lo que superó ampliamente a la inflación de 49%. Las entidades privadas locales incrementaron sus resultados positivos un 83%, con lo que también quedaron por arriba de la suba de precios.

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En ese contexto, los bancos públicos desplomaron sus ganancias 41%, de acuerdo a las estadísticas del Central. El autor de semejante mérito, de hundirse mientras todos mejoran, fue Javier González Fraga en el Nación, el mismo economista que exigió en 2016 que los empleados medios pierdan el acceso a irse de vacaciones y comprarse celulares, casi como un pedido de que los salarios retrocedan al nivel que tenían en el comienzo del capitalismo.

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El Gobierno le ordenó al mayor banco público vender dólares por debajo del precio de mercado para tratar de contener la devaluación y a licitar Leliq a una tasa menor para bajar el interés, detallaron fuentes internas a El Destape. Obedecer le implicó sufrir una caída histórica a la compañía estatal, ahora secundada por Lucas Llach, el economista que armó la bomba de tiempo de las Lebac en el BCRA, que ahora se transformaron en Leliq.

El vaciamiento del Banco Nación no sirvió para contener al tipo de cambio, que en un año escaló 92% a $ 38,20, de acuerdo a la cotización de la misma entidad. Por el “manoteo” constante del Ejecutivo con sus fondos, la entidad financiera más importante del país debió recibir una colocación en plazo fijo de ANSES por $ 5.000 millones en marzo.

Sumado a esto, en las últimas semanas, el fondo de los jubilados no renovó bonos en dólares que le vencieron para dejarlos depositados en la caja de ahorro del Nación y entregarle liquidez indirectamente, revelaron fuentes del organismo a este medio.

El FGS sigue vigente hace casi un año porque ningún economista se arriesga a tomar un cargo que le implique denuncias penales en lo inmediato si firma la venta de acciones, como estaba en los planes del PRO y sugirió el FMI. Por eso, administra el fondo Alejo Maxit, quien en realidad se encarga de la Secretaría General de ANSES.

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