Al fiscal federal Carlos Stornelli le queda poco margen de maniobra para seguir estirando su rebeldía. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, lo sabe y atento a eso exigió este lunes al Procurador General interino, Eduardo Casal, que apure la remoción o desafuero del titular de la Fiscalía Federal N°4 para que pierda su inmunidad y no tenga más remedio que declarar en el D’Alessiogate, donde tiene 8 imputaciones.

La situación de Stornelli, que ya esquivó seis llamados a indagatoria, se complicó tras el resultado electoral y el rechazo de la Cámara Federal de Casación Penal del recurso extraordinario que presentó el fiscal para intentar llegar a la Corte Suprema de Justicia para tratar su caso.

“Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, además del hecho de que fue rechazado por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal el recurso extraordinario intentado por la defensa de Carlos Stornelli contra la resolución dictada por dicha Cámara vinculada con la rebeldía oportunamente decretada en esta instancia, líbrese oficio al Sr. Procurador General de la Nación Interino, Dr. Eduardo Casal, a efectos de solicitarle -una vez más- que urja el procedimiento de remoción y/o desafuero del fiscal Carlos Stornelli, en los términos del art. 1º de la ley 25.320, a los efectos de lograr su comparecencia en el proceso de referencia, de conformidad con lo ordenado oportunamente por la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata”, escribió Ramos Padilla.

Así, el magistrado de Dolores exige al jefe de los fiscales que no demore más el tratamiento del caso del fiscal de la causa de las fotocopias. Necesita su desafuero para poder indagarlo.

Más rebelde que nunca

Como informó El Destape, desde la resolución de la Cámara de Casación del lunes pasado, Stornelli está más rebelde que nunca. Y por eso, la Procuración debió acelerar un proceso que viene demorando hace meses.

El expediente que más preocupa al fiscal y que podría derivar en su jury llegó al Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal (MPF), es decir, al órgano que analiza las investigaciones internas, a fines de la semana pasada. Se trata de la pesquisa donde se evalúa la conducta de Stornelli en el marco del D’Alessiogate. Hay integrantes del consejo que creen que el caso podría derivar en un juicio político en forma directa, sin pasar por un sumario. Algo que sintonizaría con la premura que está exigiendo Ramos Padilla.

Esta pesquisa interna estuvo en el Ministerio Público Fiscal durante meses, a manos de Juan Manuel Casanovas, quien está a cargo de la secretaría Disciplinaria y Técnica y es la mano derecha de Casal. Era vox populi que Casal estaba demorando esta investigación, que debía pasar al Consejo Evaluador para poder avanzar. Lo cierto es que tras el contundente resultado de las elecciones y las resoluciones de la Cámara de Casación, Casanovas se desprendió del expediente, que por fin llegó al órgano integrado por cinco fiscales generales.

Según publicó El Destape este fin de semana, las noticias que llegan desde el consejo no arrojan un buen panorama para el fiscal rebelde. Hay miembros que se inclinan por llevarlo directamente a un jury, sin abrir un sumario. Creen que no corresponde revisar las imputaciones que hace un juez. De hecho, Stornelli no fue procesado básicamente porque esquivó los diversos llamados a indagatoria que tuvo.

“No somos una cámara revisora de los fallos de un juez relativas a la imputación de delitos. Evaluamos si hay mal desempeño funcional y, si es grave, aconsejamos un juicio administrativo”, habían explicado desde el Consejo Evaluador a este medio.

Además, mientras el expediente estuvo en manos de Casanovas se produjo prueba, que es lo que debiera hacer un sumariante. Por ejemplo, el secretario de Casal llamó a declarar a los trabajadores de la fiscalía de Stornelli. Hizo lo mismo con otros testigos. Además, la pesquisa también cuenta con la información proveniente del juzgado de Dolores. Que es abundante.

Aún no está definido cómo avanzarán los fiscales generales. Por ejemplo, en el caso de la rebeldía consideraron apropiado que se abriera un sumario y se sustanciara prueba. El pasado 23 de mayo, Casal dio curso a esa decisión. Eligió un instructor y le otorgó un extenso plazo de 60 días hábiles para elevar un informe. El sumariante todavía no resolvió. Tiene plazo hasta el 9 de septiembre.

El pedido de este lunes de Ramos Padilla tiene un claro objetivo: que no se produzcan más demoras.

El juez de Dolores le adjudica a Stornelli participación en ocho hechos: el caso de Gonzalo Brusa Dovat (PDVSA); el intento de realizar cámaras ocultas a los abogados José Manuel Ubeira y Javier Landaburu; el espionaje al ex de su pareja, Jorge Christian Castanon; el haber alentado el espionaje ilegal contra Victoria Munin; el caso de la delegación iraní en Uruguay; la intimidación a Pablo Barreiro; y el caso de Pedro Etchebest.

Un dato no debe pasar desapercibido y por eso la referencia a Casal por parte de Ramos Padilla: ninguna de las resoluciones (ni del Consejo Evaluador in del sumariante) es vinculante por lo que será el Procurador General interino quien tendrá la última palabra respecto a la suerte de Stornelli.

Si el jefe de los fiscales decide abrirle un juicio político, comenzará otro proceso ya que se deberá conformar un Tribunal de Enjuiciamiento.

El planteo del magistrado de Dolores de pedir la remoción o el desafuero apunta directamente al jury, ya que es la vía para que el fiscal pierda su inmnunidad y no tenga más excusas para evadir su citación indagatoria.