El presidente Donald Trump, sancionó a la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, y al alto abogado del organismo Abdoulaye Seye por su presunto "abuso de autoridad" y atribución de facultades por sobre los intereses de Estados Unidos. Además los acusó de investigar, detener, privar de libertad o procesar a responsables "cuyos gobiernos no han consentido la jurisdicción de la CPI". El anuncio fue hecho a través de un comunicado oficial, firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio.
La administración Trump mantiene desde su vuelta la Casa Blanca una cruzada política contra la CPI. El año pasado les impuso algunas sanciones a varios funcionarios de la Corte, entre ellos fiscales y jueces, como represalia a las órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, acusado de crímenes de guerra contra los palestinos en la Franja de Gaza. La decisión de este martes es, entonces, una continuación de esa primera oleada.
En el texto oficial, el secretario Rubio, afirmó que las sanciones de Washington eran impuestas a Akane y a Seye por su "directa y amplia participación en los esfuerzos de la CPI por investigar, detener, privar de libertad o procesar a responsables cuyos gobiernos no han consentido la jurisdicción de la CPI".
Además, Rubio describió a la CPI como un "tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado", que además "abusó maliciosamente de su autoridad y se excedió en su mandato". En paralelo, también llegó a decir que la CPI intentó "en repetidas ocasiones arrogarse autoridad sobre nacionales de Estados Unidos y de otros países" que "no consintieron su jurisdicción ni su adhesión al Estatuto de Roma".
Las acusaciones de la Casa Blanca contra la CPI partieron desde la emisión de la orden de captura internacional que el organismo emitió en noviembre de 2024 contra el premier israelí Netanyahu, en relación con la guerra en Gaza. Por ese motivo, Washington acusó a la CPI de "apuntar contra Israel" por sus "acciones politizadas".
La reacción de la CPI a las sanciones de Trump
En respuesta a la decisión de Estados Unidos, la CPI respondió con un comunicado propio, en el que denunciaron a las "nuevas sanciones" de la Casa Blanca y afirmaron que "minan el Estado de derecho". "Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, es el propio orden jurídico internacional el que queda en riesgo", agregaron.
En julio pasado, el Departamento de Estado anunció que iniciaría una campaña para derribar al tribunal y "desactivar de forma sistemática" su "capacidad de operar". Además, advirtieron que podrían revocar las Visas para sus funcionarios y prohibirles viajes a su personal.