Las fuerzas de seguridad de Marruecos desplegaron un fuerte operativo en las inmediaciones de Fnideq (Castillejos), cerca de la frontera con Ceuta, para frenar un cruce masivo convocado por redes sociales. La policía antidisturbios usó gases lacrimógenos para dispersar a los grupos, logrando interceptar a más de un centenar de migrantes y detener a 61 personas acusadas de promover las tentativas de cruce. Paralelamente, las autoridades del país africano expulsaron a los equipos de prensa de la Agencia EFE y de RTVE que cubrían los hechos.
La intervención de las autoridades marroquíes se produjo sin que mediara ningún tipo de justificación formal o documento oficial que respaldara la medida. Según informaron los propios medios afectados, un representante del Ministerio del Interior de Marruecos se aproximó a los reporteros en Castillejos y les exigió que abandonaran inmediatamente el municipio, limitándose a declarar de forma escueta ante las preguntas de los profesionales que únicamente estaba "cumpliendo instrucciones".
Además, se ejerció una fuerte presión sobre los periodistas en sus lugares de alojamiento, amenazándolos con retirarles sus acreditaciones y equipos profesionales para forzar su rápida salida de los hoteles de la región. El Consejo de Redacción de EFE denunció estas presiones y la falta de transparencia en la orden, lo que impidió de manera directa que los trabajadores de la información continuaran con su labor en el terreno.
La reacción institucional y la exigencia de garantías democráticas
Ante la gravedad de los hechos, el Consejo de Redacción de la Agencia EFE emitió un enérgico comunicado en el que condenó categóricamente la expulsión y reclamó que se permita a sus profesionales trabajar sin trabas.
En su pronunciamiento oficial, el organismo subrayó que "la advertencia de retirar acreditaciones y equipos profesionales para forzar su salida de los hoteles, sin que mediara justificación formal alguna, constituye un atropello directo al libre ejercicio de nuestra profesión y al derecho ciudadano a una información veraz".
Asimismo, insistieron en que este suceso demuestra la "urgente necesidad" de proteger el periodismo de calidad frente a las dinámicas de desinformación y las corrientes que difunden tensión en el espacio digital.
Por su parte, los máximos responsables de ambas corporaciones de comunicación alzaron la voz para exigir respeto mutuo y libertad de prensa. Miguel Ángel Oliver, presidente de la Agencia EFE, instó a Marruecos a respetar un periodismo "responsable y riguroso" y recordó que una delegación de esa agencia lleva “prestando su servicio desde hace sesenta años" en territorio marroquí.
En esta misma línea de protesta se situó el presidente de RTVE, José Pablo López, quien demandó de forma expresa "plenas garantías y el máximo respeto" para sus enviados especiales. El directivo calificó la medida represiva de manera contundente: "La expulsión de nuestros profesionales de la localidad de Castillejos supone un obstáculo de enorme gravedad a la libertad de prensa y al derecho a la información".
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La reacción del gobierno español
En el plano estrictamente diplomático, el Gobierno de España tomó cartas en el asunto para intentar revertir o solucionar la situación de desamparo de los periodistas. Voceros del Ejecutivo español confirmaron que defienden firmemente la libertad de prensa "en todo momento y en todas las partes del mundo".
En tanto, aseguraron que la Embajada de España en Rabat activó los protocolos de asistencia y se mantiene en comunicación constante tanto con los reporteros afectados como con las autoridades marroquíes para encontrar una salida a este conflicto en el menor tiempo posible.